Los 48 dueños de las tarjetas de débito que cobraba “Chocolate” Rigau temen ir presos y piden seguir en libertad
El defensor oficial presentó una masiva eximición de prisión en caso de que la fisca Lacki pida sus detenciones; el juez Atencio aún no resolvió
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Ante le temor de quedar presos, los 48 dueños de las tarjetas de débito que cobraba el puntero del PJ Julio “Chocolate” Rigau pidieron permanecer en libertad mientras dure el proceso en caso de que la fiscalía decida pedir sus detenciones.
El escrito fue presentado por el defensor oficial y plantea que ante la eventualidad de que le imputen a los dueños de las tarjetas “la posible comisión de un delito por el cual procedería su detención, es que vengo por el presente a solicitar que se les conceda la eximición de prisión, para ser proveída en su oportunidad”. Así lo consigna el texto presentado el lunes.
Y expresamente señala que el pedido no pretende que el juez de la causa decida ahora si concede o no ese beneficio, sino que lo solicita “para el caso de que el Sr. Agente Fiscal eventualmente requiera la detención”. La fiscal Betina Lacki es quien está investigando esta causa y hasta esta noche el juez Federico Atencio no resolvió.
Los que pidieron que se les conceda este beneficio para no quedar presos son: Álvaro Agra, Amanda Albino, Mabel Alvear, Graciela Anivarro, Diego Berón, Raúl Boragina, Mónica Caberta, Brenda Caro, Marisol Correa, Ernesto Crivaro, Cecilia Ovidio, José Da Ponte, Perla De Micheli, Lourdes Degollada, Cristina Degollada, Rosana Delgado, Flavia Di Rosa, Arturo Falcon Ramírez, Raúl Folone, Mónica Kaberta, Diego Koster, Lucas Lucero, Lilia Malmaceda, Sheila Maroni, Daniel Mederos, Juan Martín Méndez, Rubén Mendivil, Ramiro Pascual, Matías Pecile, Silvia Pérez, Agata Plana, Enzo Plana, Patricio Prieto, Cecilia Raimondo, Carlos Ravetllat, Cristian Rigau, Gerardo Rigau, Aldana Rodríguez Antonio Rodríguez, María Eugenia Rodríguez, Ricardo Sánchez, Ramón Silva, Ramón Sosa y Ezequiel Tocci.
La fiscal Lacki abrió el viernes de la semana pasada el celular de Rigau, quien se encuentra detenido bajo la sospecha de ser uno de los eslabones del financiamiento de la política. Quedó preso por tener 48 tarjetas de débito que no eran suyas y 1.200.000 pesos, mientras sacaba dinero de un cajero automático con todas ellas.
Rigau es empleado de la Cámara de Diputados de la provincia y un puntero del peronismo. Las tarjetas eran de personas que figuran como empleados de la Legislatura bonaerense, pero se sospecha que no desempeñan tareas, sino que prestan su identidad a cambio de dinero y beneficios sociales, mientras otras personas cobran su sueldo.
Una persona declaró en la causa que lo habían contactado para contratarlo pero nunca lo hicieron y sin embargo figuraba con una cuenta sueldo de la que Rigau sacaba plata.
El contenido del celular de Rigau puede echar luz sobre para quién trabajaba, quién era su jefe político, a quien le daba el dinero que sacaba de las cuentas. Hay grupos de WhatsApp que están siendo analizados. Por fotos y testimonios, Rigau fue ligado al concejal Facundo Albini, del Frente Renovador de Sergio Massa, hijo de Claudio Albini, quien durante años se desempeñó en la Dirección de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense.
Los peritos hicieron dos copias del contenido del teléfono Samsung: una queda como resguardo y en otra se está trabajando con la información de modo de sistematizarla.
La fiscal Lacki está siendo particularmente cuidadosa en analizar toda aquella información que está relacionada con la causa para usarla como evidencia, de otros datos que hacen a la vida personal de Rigau. Una vez concluido el análisis se ordenará un peritaje con la búsqueda de palabras claves para analizar el contenido de los mensajes del celular y las fotografías y videos que contiene.
Rigau quedó preso hace dos semanas y su defensa pidió una excarcelación extraordinaria porque dijo que debe atender a su esposa que está enferma y no tiene quien se ocupe de ella. Busca quedar en su casa con una pulsera electrónica para evitar su fuga, pero ese pedido fue rechazado por la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata.
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