Lorenzetti dialogó con la Presidenta sobre los cambios

Los cambios introducidos ayer en los dictámenes de comisión de la reforma judicial quedaron definidos a partir de un diálogo directo entre el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y la presidenta Cristina Kirchner.

El juez se habría reunido con la mandataria el domingo último, aunque otra versión indicaba que el jueves 18 habrían mantenido una conversación telefónica. Lorenzetti no quiso confirmar esos contactos . En la conversación, Lorenzetti consiguió una concesión: que será el máximo tribunal, y no el Consejo de la Magistratura como estipulaba el proyecto original, el que conservará la administración de todo el Poder Judicial.

Pero la novedad vino con una sorpresa. En contra de lo que esperaban muchos camaristas y jueces federales inferiores, y tal como ellos se lo habían planteado a Lorenzetti, la Corte no pidió que el nuevo proyecto de Consejo de la Magistratura les garantice mayor estabilidad en sus cargos.

Los magistrados están preocupados porque la iniciativa, que no fue modificada en este punto, establece que basta la mayoría absoluta de los consejeros de la Magistratura -que el kirchnerismo alcanzará por sí mismo, sin aliados- para iniciar la remoción de cualquier juez.

"Lo único que podíamos explicarle al Gobierno es la necesidad de que la Corte conserve la administración y superintendencia, la tarea de hacer contratos, realizar inversiones, disponer la política salarial. Porque son temas organizativos del Poder Judicial, y el Consejo, que tiene una estructura parlamentaria, nunca las supo ejecutar", dicen cerca de Lorenzetti.

"En cambio, no se puede pedir que el Ejecutivo y el Congreso cambien las mayorías de designación y remoción de los jueces. Ésas son opciones políticas, propias de los poderes políticos, hay que esperar que se sancione la ley. Cuando nos toque intervenir en un caso concreto, entonces sí diremos si esas reformas son constitucionales o inválidas", dijeron ayer en la Corte.

En la Corte, sin embargo, niegan que Lorenzetti haya negociado con la mandataria y también afirman que no hizo ninguna ofrenda a cambio de la concesión de que la Corte conserve la administración de la Justicia. ¿Qué podría ofrecer la Corte como moneda de cambio? Algunos sostenían que, para salvar las funciones de la Corte, Lorenzetti podría haberse comprometido a legitimar con un futuro fallo la reforma judicial. "No, ése no es el estilo de Lorenzetti", aseguran en el máximo tribunal. De todos modos, el desenlace de esta historia tuvo condimentos muy extraños, que despertaron las suspicacias de jueces y de diputados de la oposición, hasta tal punto que Elisa Carrió habló de un "pacto" .

En efecto, el 15 de abril, 25 presidentes de Cámaras Federales se reunieron con Lorenzetti en la Corte y le entregaron una nota en la que abogaban por tres puntos:

1) Decían que el proyecto debía reconocer a la Corte como única cabeza del Poder Judicial y mantener sus facultades de superintendencia y administración.

2) Los camaristas, en esa misiva, también le expresaban a Lorenzetti su "preocupación" por la amenaza que la nueva ley proyecta sobre ellos, porque establece que una simple mayoría absoluta de consejeros podrá decidir sobre el destino y la estabilidad laboral de cualquier juez.

3) El tercer punto de la nota se refería, como el primero, a un aspecto organizativo: el nombramiento de los empleados.

En Tribunales muchos camaristas creían que Lorenzetti había entregado a Julián Domínguez, presidente de la Cámara baja, y a la Presidenta, la nota con esos tres puntos. Pero no fue así: el juez supremo entregó otra nota, fechada el 18 de abril, es decir, tres días después de la primera, que tiene algunas diferencias con la primera nota:

1) La nota está firmada sólo por Gustavo Hornos, un camarista de Casación que preside la Junta de Presidentes de Cámaras Federales y no por todos los camaristas.

2) La nota, que también está desarrollada en tres páginas, señala el "reconocimiento de la Corte como autoridad máxima del Poder Judicial", menciona la "preocupación" de los jueces por la posibilidad de que el proyecto de Consejo transfiera "las facultades técnico-administrativas de la Corte al Consejo" y también alude a los problemas que plantea la designación de empleados por el sistema que propuso la Presidenta.

3) En cambio, la nota no dice nada sobre la preocupación de los jueces por la amenaza de que el nuevo Consejo los pueda remover.

En la Corte reconocieron la existencia de dos notas. Pero trataron de justificar que la Corte sí puede hablar con el Gobierno para defender sus propias atribuciones, pero no puede hacerlo para defender la independencia de los jueces inferiores. "El tema del nombramiento y la remoción de jueces será cuestionado en la Justicia, y nosotros terminaremos interviniendo. Ahora no podemos adelantar opinión", se defendían en la Corte.

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