López acusó a Cristina de digitar pagos de obras para favorecer a sus socios

Hacía pocos meses que había fallecido el expresidente Néstor Kirchner y el esquema de recaudación ilegal construido alrededor de la obra pública estaba desmadrado.

En 2011, hubo una importante reunión en la quinta de Olivos. La entonces presidenta, Cristina Kirchner; su ministro de Planificación Federal, Julio De Vido , y el secretario de Obras Públicas, José López , se encontraron.

Hace unos días, el propio López relató de qué se trató ese encuentro y reveló que el listado de empresas viales que debían recibir pagos era entregado todos los meses al ministro y que era él quien se lo pasaba a la entonces mandataria. Finalmente, ella definía cuánto y quiénes iban a cobrar.

La última declaración indagatoria del exsecretario preso -en la que amplió sus anteriores comparecencias en la causa- fue la que entregó los datos finales de aquel esquema que existía alrededor de las obras públicas que licitaba y pagaba Vialidad Nacional.

Fue esta vez cuando relató que en 2011, Cristina Kirchner le pidió a De Vido que confeccionara un listado mensual con todos los pagos de obra pública que dependían del Ministerio de Planificación. Le pidió, además, que esté discriminado por empresas.

Por pedido del ministro, López tenía que hacer lo propio con los proyectos de Vialidad. Con la información de los certificados de obra que le entregaban los directivos del organismo y con el monto disponible para pagar ese mes, que fijaban Roberto Baratta y De Vido, se elaboraba la nómina. Mes a mes, el ahora arrepentido lo entregaba a la Presidenta y al ministro, a cada uno por su lado y en papel. Luego, la entonces mandataria fijaba los montos que debían cobrar Austral (de Lázaro Báez), CPC (de Cristóbal López), Electroingeniería (de Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta) y JCR (de Juan Carlos Relats). Lo que sobraba se repartía en forma proporcional con el resto de las empresas.

Es la primera vez que López hace referencia directa al papel que tenía la expresidenta en el reparto de los pagos, justamente, a tres grupos económicos - Austral, CPC y JCR- que tenían directa relación con los emprendimientos hoteleros de la familia Kirchner, lo cual habilitó a otras causas por presunto lavado.

Hubo una afirmación más, como para no dejar dudas. López dijo que todos los pagos se debían ajustar a lo que cobraban esas cuatro empresas y que solo una vez satisfecha esa demanda, se repartía lo que sobraba entre el resto de las firmas.

Así las cosas, el esquema crujía. El financista Ernesto Clarens, encargado de cobrarles el retorno a los constructores, era el que recibía las quejas de los inquietos constructores que no estaban con sus certificados al día. López y los suyos anotaban la deuda para el mes próximo.

En su nueva indagatoria, López, actualmente detenido en un lugar secreto, repitió en varias oportunidades que no tenía poder de decisión sobre el monto de los pagos. Y entonces utilizó la figura de dos corsets. Por un lado, el pago de las cuatro empresas que, según sus dichos, definía la expresidenta, y el cupo mensual, determinado por De Vido y Baratta.

El recorrido del dinero

Verborrágico, el hombre que quedó en la retina de los argentinos por revolear ocho millones de dólares en una madrugada de convento, también contó cómo era la ruta final de los billetes de los sobornos, que variaba según el destinatario final. Si el que recibía era Baratta, Clarens se lo entregaba al número dos de López, Germán Nivello y este se lo daba al colaborador de De Vido. Pero todo cambiaba si el destinatario final era De Vido. En ese caso, la plata le llegaba al exsecretario de Obras Públicas a la oficina del ministerio. Justamente, en la oficina de al lado trabajaba su jefe. López contó que él personalmente iba a la oficina del vecino, llevaba "el físico" y lo dejaba en el baño. Un detalle: el dinero iba escondido en carpetas que contenían sobres con montos que oscilaban entre 100.000 y 300.000 dólares.

Fue, entonces, cuando dio algunos detalles más. Le comentó al juez que siempre que iba a la oficina de De Vido, el ministro estaba presente. Lo hacía pasar y López, prolijo y diligente, dejaba aquellas carpetas en sobre el lavabo o sobre la tapa del bidet, bien a la vista. Luego seguía una reunión para hacer el reporte del tesoro que ya descansaba en el baño.

Según las pruebas que ya están en el expediente y que fueron leídas a López, JCR, la empresa del inquilino de Cristina Kirchner en un hotel, pagó, entre los meses de febrero de 2011 y diciembre de 2013, alrededor de 85,4 millones de pesos.

Aquella estructura de Vialidad ya era conocida por el juez Claudio Bonadio. De hecho, aquellos funcionarios que eran los que drenaban la información desde el organismo a las oficinas de Clarens están detenidos. Nelson Periotti, Sergio Passacantando, German Nivello y Sandro Férgola ya prestaron declaración indagatoria y quedaron presos.

Uno de los primeros testimonios que empezaron a revelar la organización fue Carlos Wagner, el histórico presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. López volvió a repetir que el dueño de Esuco fue uno de los organizadores del esquema que funcionaba en lo que denominaban "la camarita", por Cámara Argentina de Empresas Viales. Dijo, además, que Clarens llegó a convertirse en el financista del sistema de retornos de la mano del empresario de la construcción.

Hubo unos párrafos para la recaudación de campaña. López contó que en los años de elecciones, De Vido o Baratta le indicaban cuánto dinero tenían que juntar y para qué fecha. El funcionario le pasaba, a su vez, el requerimiento a Clarens y él, en función del listado de la Camarita y del ranking de cobro, se encargaba de llamar a cada empresa para que hiciera el pago correspondiente.

Ya pasaron más de 80 empresarios indagados, además de varios funcionarios, entre ellos López. Ahora, Bonadio deberá resolver si los procesa o no. La mayoría de los empresarios creen que sí, que correrán la suerte de sus colegas, aquellos que estaban anotados originalmente en los cuadernos .

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