“Lo van a pagar los tenientes, sargentos y cabos”. Un exjefe militar alertó sobre el riesgo del combate al terrorismo

Una propuesta innecesaria, que responde a “lógicas y criterios ya perimidos” y entraña potenciales riesgos planteó en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados el teniente general retirado Juan Martín Paleo, al exponer con fuertes críticas su visión sobre el proyecto del gobierno de Javier Milei que busca sumar a los militares en la lucha contra el terrorismo. Advirtió, incluso, que la norma llevará a varias interpretaciones y podría derivar en el desfile de militares por los tribunales, como ocurre aún hoy con la actuación de las Fuerzas Armadas en los años 70.

“El único que se protege con esta iniciativa es la autoridad política que impartió la orden de emplear a las Fuerzas Armadas en esto. Y abre una puerta para que nuestros oficiales, suboficiales y soldados, especialmente los más jóvenes, deban desfilar nuevamente por los tribunales explicando a un juez o a un fiscal por qué actuaron de manera no proporcional… Si en la década del 70 hubo un decreto presidencial que hablaba de aniquilar a las fuerzas enemigas y hoy vivimos las consecuencias de eso, imaginemos con un marco tan laxo, que lleva a tantas interpretaciones. Lo van a pagar los tenientes, sargentos y los cabos, a la larga”, dijo Paleo.

Así, las secuelas de la represión militar volvieron a salir a la luz, como cuando el propio ministro Petri presentó el proyecto en la Comisión de Defensa y llamó enérgicamente a “sacarse las anteojeras de los 70, que impiden ver la realidad”.

La Comisión de Defensa, que preside el diputado nacional Ricardo López Murphy (Encuentro Federal), viene invitando a voces especializadas para complementar el análisis del proyecto enviado por el ministro de Defensa, Luis Petri. Junto con Paleo, expuso el abogado constitucionalista Félix Lonigro quien sostuvo que la Constitución ya le confiere al Presidente de la Nación la atribución de disponer de las Fuerzas Armadas, sin necesidad de declarar previamente el estado de sitio, como ordena, en cambio, la ley de seguridad interior vigente. El especialista marcó algunos errores de técnica legislativa en el proyecto, aunque lo consideró válido.

Hace tres semanas la comisión que preside López Murphy recibió al exministro de Defensa Horacio Jaunarena, quien advirtió sobre la urgente necesidad de fortalecer el control en las fronteras, frente al avance del narcotráfico, y en octubre será invitado el también exministro Agustín Rossi.

“Refuerzo de la seguridad”

Con 44 años de servicio en el Ejército y coordinador de las fuerzas militares que actuaron en la reunión del G-20 en Buenos Aires, en 2018, Paleo desnudó algunos puntos flojos de la iniciativa de Petri. “Con esta norma vamos a utilizar a las Fuerzas Armadas como un refuerzo de los efectivos policiales o de seguridad, en caso de que sean sobrepasados”, explicó el exjefe militar. Y alertó sobre algunos efectos negativos que podría tener su aplicación.

“La Argentina tiene una visión de la agresión basada en un criterio geográfico: la dirección de donde proviene el ataque. Hasta el concepto de frontera cambió. Mi visión es contrapuesta. Más que por razones geográficas hay que definirla por la intensidad de la agresión”, declaró Paleo, en referencia al decreto reglamentario de la ley de defensa promulgado por el kirchnerismo y que impide actuar a los militares frente a atentados perpetrados por organizaciones armadas que no responden a un Estado extranjero. Propuso, además, aprovechar el debate para encarar una reforma integral de las leyes de defensa y de seguridad interior, aprobadas casi por unanimidad en los años posteriores al retorno de la democracia.

Paleo se preguntó, así, cómo debería actuar el Estado frente a amenazas como las del grupo mercenario Wagner, Hezbollah o Hamas. “El criterio de la legislación vigente está basado en un principio del consenso democrático. Las Fuerzas Armadas debían dejar de ser un factor de poder político y por eso se impusieron restricciones al uso del instrumento militar. Pero esa lógica hoy no existe”, explicó Paleo.

Señaló, en ese sentido, que la Argentina tiene la oportunidad de “ir a fondo” y contemplar los nuevos escenarios, que incluyen los ámbitos cibernéticos, espacial y de la información”, entre otras nuevas realidades. Y sentenció: “El país que no pueda garantizar el dominio del espacio, por lo menos las comunicaciones y la conectividad, no va a poder desarrollar operaciones militares coherentes”.

También cuestionó el proceso extremadamente burocrático que contempla el proyecto para determinar si un ataque proviene de una organización terrorista. “El factor de éxito de una operación contra el terrorismo es la anticipación y el proyecto de ley propone el empleo de las fuerzas militares como una reacción y con elementos inadecuados. “El texto habla de evaluar la intervención militar en caso de producirse un hecho y establece una serie de hipótesis y acciones. Para ese momento, el hecho ya se produjo. ¿Qué anticipación podemos tener y cómo se atenuarán los efectos? A esa altura, los terroristas estarán tomando sol en un balneario”.

Planteó, en tanto, que la amenaza del terrorismo requiere de “un sistema de inteligencia sofisticado, tecnología avanzada, una estrategia militar innovadora y un alto grado de coordinación entre poderes del Estado”.

El exjefe militar citó informes de organismos internacionales que analizaron la cantidad de efectivos policiales existentes en América Latina, una zona de riesgo en materia de seguridad. En ese sentido, el promedio recomendado es de 264 agentes por cada 100.000 habitantes. “Paraguay, Ecuador y Chile tienen unos 274 efectivos; México, 316; Colombhia, 315, y la Argentina, 614 agentes por cada 100.000 habitantes. Utilizar a las Fuerzas Armadas como si no alcanzaran los efectivos policiales, es un mal empleo del instrumento militar”, planteó.

Precisiones de la Constitución

En tanto, el constitucionalista Lonigro dijo que la Constitución nacional no fija limitaciones para la actuación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior. Las restricciones fueron incluidas en las leyes de defensa, sancionada en 1988, y de seguridad interior, de 1991. Esta norma admite la participación de los militares en operaciones de seguridad interior, en tareas de apoyo logístico, e, inclusive, en acciones de combate, pero exige la previa declaración del estado de sitio, condición que el doctor Lonigro entiende que es inconstitucional, dado que así no lo expresa el texto constitucional.

Explicó que la ley suprema confiere al Presidente el carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, lo que lo habilita a “disponer” de ellas y encomendarle las misiones que considere.

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