Llegó a Casación la pelea de Cristina con la Sociedad Rural
La Presidenta reclama el predio de Palermo, y avanza un juicio penal a directores de la entidad
La disputa entre la presidenta Cristina Kirchner y la Sociedad Rural Argentina (SRA) por la propiedad del predio de Palermo llegó a la Cámara Nacional de Casación Penal: dos ex ejecutivos de la entidad sostienen que fueron mal procesados, porque la SRA no sustrajo al Estado el predio que ocupa, sino que celebró una compraventa legal con el entonces presidente Carlos Menem y con permiso del Congreso.
La apelación fue presentada por Eduardo de Zavalía, ex titular de la SRA, y Juan Alberto Ravagnan, director de esa asociación -con el patrocinio del estudio Valerga Aráoz-, y en la causa también están procesados, entre otros, el ex presidente Carlos Menem y el ex ministro de Economía Domingo Cavallo.
El predio de la avenida Sarmiento siempre fue ocupado por la SRA: en 1907, la ley 5114 le concedió su uso gratuito, para que realizara allí la exposición ganadera.
Desde entonces, se dictaron sucesivas leyes, resoluciones y decretos para prorrogar el uso de esa tierra hasta que, en 1991, Menem y la Sociedad Rural celebraron una compraventa. La operación no trajo problemas hasta que estalló el conflicto del Gobierno con el campo: en ese momento, todo empezó a cambiar.
El problema se agravó en diciembre de 2012, cuando Cristina Kirchner, mediante un decreto y sin solicitarlo a la Justicia, declaró nula la operación.
Por cierto, la situación está lejos de ser tan clara como pretende el Gobierno y, encima, dos cámaras de apelaciones distintas dictaron fallos que, a primera vista, parecen contradictorios.
Por un lado, a fines de marzo, la Sala II de la Cámara Federal dispuso procesar a Menem, a Cavallo y a los aludidos ejecutivos de SRA por haber "sustraído el bien del patrimonio estatal" y haber negociado un precio "vil", ya que deberían haberse pagado unos 132 millones de pesos, según el cálculo del Poder Ejecutivo.
El fallo, firmado por los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, presupone que aquella operación fue ilegítima y armada por sus participantes en perjuicio del Estado.
Sin embargo, en el escrito de apelación, los ex directores de la Rural buscan demostrar, con documentos y fechas, que la operación se ajustó a las leyes.
Sostienen que la compraventa quedó autorizada como consecuencia de las leyes 23.697 y 22.423, que facultaron al Gobierno a desprenderse de sus bienes del dominio privado. Menem lo vendió a la Sociedad Rural, una asociación civil sin fines de lucro, para que continuara realizando allí sus exposiciones y obras edilicias.
Para la entidad ruralista, no se trató de una "sustracción" del predio -de eso se trata el delito de peculado, del que se imputa a los directivos-, sino de una operación inmobiliaria.
Disputa judicial
La Sociedad Rural tiene de su parte una carta fuerte: en enero de 2013, la Cámara Federal Civil y Comercial dictó una resolución que consideró que la compraventa había cumplido todos los requisitos legales. Por eso, incluso, esa cámara concedió una medida cautelar que evitó que la presidenta Kirchner pudiera desapoderar del predio a la SRA.
Hay otro dato: en 1991, para fijar el valor del predio de Palermo, el gobierno de Menem obtuvo tres tasaciones: del Banco Ciudad, del Banco Hipotecario y del Consorcio de Empresas Inmobiliarias, los cuales fijaron un precio que oscilaba entre 30 millones y 32 millones de dólares.
Una vez acordado el precio, Menem aprobó la venta por medio de un decreto y se celebró la escritura pública. La Rural abonó 10 millones de dólares en efectivo y pagó el saldo en cuotas -en 2002, como consecuencia de la devaluación, pidió que la Justicia recalculara cómo debía pagarse el 20% remanente- y en 1999, la Subsecretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía aprobó el informe final, en el que reconoció que la SRA había realizado todas las mejoras, entre ellas el Centro de Exposiciones.
Luego del conflicto del kirchnerismo con el campo, la Presidenta dio un giro y el 19 de diciembre de 2012, por medio del decreto 2552/12, declaró nula la venta.
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