Llega a la Corte la investigación por corrupción más sensible de la historia de Entre Ríos

La historia es de película. Comienza con un policía de guardia dentro de un banco y llega hasta a la Corte Suprema de Justicia, con un desfalco a las arcas públicas de Entre Ríos por más de $5000 millones, convirtiéndose en el más grande caso de corrupción en la historia de esa provincia. Pero muchos trabajan para que quede impune.

Una mañana de septiembre de 2018, el policía César García custodiaba la sucursal del Banco de Entre Ríos de la avenida Ramírez, entre Colón y Paz. Algo le llamó la atención. Tres personas se ubicaron frente a tres cajeros automáticos y comenzaron a meter una tarjeta de débito tras otra, retirando fajos de billetes que guardaban en un solo bolso. Así, durante casi 20 minutos. La primera vez, la escena le resultó curiosa. La segunda, comenzó a intrigarlo. Pero cuando comprobó que era una práctica recurrente –siempre las mismas tres personas, con muchas tarjetas, extrayendo fortunas que colocaban en un bolso, para luego marcharse juntas en un auto–, alertó a sus superiores.

Lo que nunca imaginó García es el terremoto institucional que provocó, solo comparable a lo que el caso de los cuadernos de las coimas causó en Buenos Aires. Porque se abrió una investigación en Paraná, se sucedieron los arrestos y los allanamientos, se acumularon testimonios de más de 150 víctimas, hasta que la trama resultó evidente: existía una asociación ilícita que incluía a funcionarios que durante al menos diez años se abocaron a quedarse con dinero del Estado para enriquecerse y financiar la política, tanto del oficialismo como de la oposición.

La primera pieza de esa trama fue una de las personas que retiraba dinero de los cajeros. Se llama Flavia Beckman y el expediente lleva su apellido, aunque todos la conocen en Entre Ríos como la “causa Contratos”. ¿Por qué? Porque tanto ella como su marido –empleados ambos del Senado de la Nación, a las órdenes del entonces senador Pedro Guastavino–, y otros acusados buscaban personas vulnerables, prometiéndoles que el Estado entrerriano los ayudaría con dinero. Pero solo les entregaban el 5% de lo que recaudaban y se quedaban con las tarjetas de débito.

“Nosotros te damos esta ayuda social. Vos firmá acá nomás y después te avisamos para que pases a cobrar”, era la frase de Beckman que más repitieron las víctimas ante los fiscales, que relataron cómo actuaba. Los hacía ingresar a una oficinita y les daba tres minutos para que firmaran o cobraran. “Estoy muy apurada”, les remarcaba. Les imponía firmar sobre una hoja en blanco, que después sería el contrato, o el dorso de los cheques, que jamás permitía que dieran vuelta para que no vieran el verdadero monto a cobrar.

Con ese robo hormiga, con miles y miles de cheques cobrados, Beckman y otros engordaron su patrimonio. Con ribetes ridículos. Por ejemplo, también hicieron firmar a sus empleados domésticos y de un supermercado que tenían para pagarles con contratos de la Legislatura entrerriana, aunque solo les daban el 10% o menos de lo que figuraba en los cheques.

Más relevante, el grueso de la recaudación ilegal no terminó en los bolsillos de Beckman. Subió por el espinel político, pasando por Juan Pablo Aguilera, cuñado del entonces gobernador Sergio Uribarri, actual embajador argentino en Israel, y sospechado de ser uno de los jefes operativos de la supuesta asociación ilícita destinada al peculado reiterado, según reconstruyeron los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro. Pronto quedó claro que la trama abarcaba a figuras de Juntos por el Cambio y, principalmente, a los líderes peronistas de la Cámara de Diputados y el Senado provinciales.

Las pruebas muestran, por ejemplo, que Alejandro Almada sería otro de los que subía el dinero hacia la cúspide política. Socio y cuñado de Aguilera, Almada arrastra otro traspié judicial. Se encuentra imputado por presunto fraude a la administración pública en una causa que abarca a Urribarri, a Aguilera –todavía hoy secretario político del bloque de senadores provinciales del PJ- y al exdiputado Pedro Báez –y exministro de Comunicación y Cultura de Urribarri–, entre otros, por presuntas irregularidades en la contratación publicitaria del Estado entrerriano.

Reacciona el poder

A medida que la “causa Contratos” avanzaba sobre la política, comenzaron las turbulencias. Tanto en la esfera pública –con ataques y versiones contra los investigadores desde la prensa afín al poder– como en la judicial. Los abogados recusaron a los fiscales Aramberry y Yedro, acusaron por presunto mal desempeño al procurador general y a la procuradora adjunta de la provincia, y se movieron para quitarle el expediente a la jueza de Garantías Marina Barbagelata.

Los resultados obtenidos por las defensas son dispares. La acusación contra el procurador Jorge García no prosperó, mientras que la adjunta –y fiscal anticorrupción de la provincia– Cecilia Goyeneche optó por excusarse, aunque los ataques siguen hasta hoy para enviarle un mensaje a Aramberry, Yedro y al resto de los fiscales que deben investigar.

En ese contexto, la Corte Suprema ahora deberá intervenir. ¿Por qué? Porque los fiscales Aramberry y Yedro completaron el primer tramo de la investigación y pidieron que Beckman, Aguilera, Almada y otros 29 acusados afrontan un juicio oral, mientras ellos continúan con el segundo tramo de la pesquisa, centrado en los presuntos máximos responsables. Ya aparecen imputados los exvicegobernadores Guastavino, José Cáceres y Eduardo Laurito –hoy presidente de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)– y el también exvicegobernador y actual intendente de Paraná, Adán Bahl, entre otros.

Sobre el primer tramo, los fiscales presentaron su escrito de elevación a juicio el 31 de mayo. Apenas dos semanas después –y a pedido de algunas de las defensas–, irrumpió en escena el juez federal de Paraná Daniel Alonso. Le pidió a su colega provincial que le entregara la causa. Adujo que las pruebas indicarían que el dinero recaudado serviría para financiar la política y, en particular, las campañas electorales y que, por tanto, seria competencia federal.

Alonso tomó esa decisión aún cuando quedó comprobado que el dinero de los contratos siempre provino del presupuesto provincial asignado a la Legislatura. Para ese momento, además, no había investigación abierta alguna en el fuero federal sobre ilícitos electorales que le permitiera atraer el expediente provincial. Al contrario, ya contaba con la oposición explícita del fiscal con competencia electoral que concluyó que la causa debe seguir en manos de Barbagelata.

Ahora, como la jueza provincial rechazó el pedido de Alonso, se trabó un conflicto de competencia y será la Corte la que dirima qué magistrado continuará con la pesquisa. Para las defensas, que llegue al máximo tribunal del país ya es una victoria. Porque con la remisión del expediente a Buenos Aires consiguieron su primer objetivo: ralentizar, “dormir”, durante semanas, meses o años la investigación más molesta para todo el poder político de la provincia. No es poco.

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