Llaryora, Pullaro y Frigerio se unieron para reclamarle a Javier Milei por una deuda de fondos para jubilaciones

CÓRDOBA.- Tres gobernadores decidieron unir fuerzas en su reclamo a la Nación por los fondos adeudados y los giros frenados para las cajas de jubilaciones no transferidas. Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) se reunieron este jueves ante lo que denunciaron como un incumplimiento de la Anses que, según dijeron, alcanza a otra decena de sistemas previsionales. Afirmaron que la gestión de Javier Milei no les transfirió ni un peso.

Córdoba y Entre Ríos ya tienen demandas presentadas ante la Corte Suprema de Justicia. “Este tema tiene un impacto fundamental en cada una de las provincias. Por eso tenemos que empezar a darle definiciones concretas. En Córdoba hemos tomado decisiones, ninguna ha sido fácil. Nos están enviando cero pesos, esto no pasó nunca. Los tres gobernadores estamos cumpliendo con las obligaciones y queremos que se discuta este problema de Estado compartido por todos”, afirmó Llaryora. Frigerio planteó que la asistencia nacional está fijada por ley que, “con mucha precisión, lo demanda”.

A fines de marzo, el Gobierno central emitió un decreto eliminando esas partidas, pero después Guillermo Francos -actual jefe de Gabinete, antes ministro del Interior- aclaró que no era así, que había auditorías en marcha. A los mandatarios de Juntos por el Cambio (JxC) incluso les prometió en abril que se dejaría sin efecto ese decreto y se retomarían los pagos, mientras que para el stock de deuda habría un bono. Nada de todo eso pasó.

“Se reasignaron nombres, pero los montos están”, sostuvo Francos, quien sostuvo que iba a aclarar la situación para que “no se haga una bola de nieve con un tema que no es real, las partidas dinerarias que estaban en el presupuesto de 2023, que es el que se prorrogó este año y cuyas partidas se actualizaron ahora, están, o sea, con diferencias de nominación, pero los montos están previstos”.

Estas cajas provinciales pagan las jubilaciones de los empleados públicos provinciales y se financian primariamente con los aportes de los trabajadores, a quienes se les realiza el descuento correspondiente. Esa recaudación no cubre el total, por lo que en época del macrismo se acordó que Nación pondría el mismo monto que le costaría el sistema si estuviera en sus manos y, en el presupuesto 2023 se estableció que esos giros se actualizarían por la fórmula de movilidad.

Ese dinero que no está enviando Anses lo cubren los tesoros provinciales. En ese contexto los gobernadores han instrumentado medidas de emergencia como aumentos de los aportes de los empleados activos. Las partidas para las cajas no transferidas están previstas por presupuesto nacional para Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.

El secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso, calculó que su provincia es acreedora por unos $800.000 millones, de los que $172.000 millones corresponden a este año. Córdoba reclama una deuda, a valores actualizados, de $431.000 millones y Entre Ríos presentó en la Corte una demanda por $158.000 millones.

Un reclamo de los aliados

Los legisladores nacionales que responden a estos tres gobernadores apoyaron la ley Bases y el paquete fiscal enviados por el Ejecutivo y la expectativa de los mandatarios -en el caso de los dos de JxC, también por lo hablado con Francos- es recuperar el dinero que Anses por ley les debe girar.

En el documento que firmaron este jueves en Santa Fe expresaron su voluntad “de constituir instancias de diálogo para conseguir los objetivos planteados en el marco de los postulados de un federalismo de concertación, y buscar así alternativas de soluciones a la cuestión planteada de modo urgente a fin de evitar perjuicios mayores”.

El texto añade que se busca abordar “en forma conjunta y consensuada con el Estado Nacional la problemática del financiamiento de los déficits de los sistemas previsionales, de modo de que se garantice la sostenibilidad de los referidos sistemas, los derechos de las personas jubiladas y pensionadas, y un trato igualitario y equitativo con el resto de las provincias que transfirieron sus sistemas previsionales al ámbito federal”.

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