Lijo respondió a las críticas por el manejo de causas clave

En su descargo ante la Comisión de Acuerdos del Senado, el juez federal Ariel Lijo respondió de manera puntual las impugnaciones presentadas por organizaciones no gubernamentales y políticas por supuestas irregularidades en su actuación en once expedientes judiciales, entre los que se destaca la causas AMIA y Correo Argentino y su decisión de declararse incompetente y remitir a la provincia de Formosa una investigación que involucraba al gobernador de esa provincia, Gildo Insfrán.

Con relación a la causa AMIA, Lijo dice en su descargo que las imputaciones hacia su persona por este tema le generan “un gran pesar” ya que, afirma, todavía recuerda “la inmensa labor” que llevó a cabo el juzgado federal a su cargo para intervenir en lo que califica como “este cúmulo de delitos que derivaron en el encubrimiento del mayor atentado terrorista que sufrió nuestro país y la región y, hasta el día de hoy, en la impunidad para sus víctimas y para la sociedad en general”.

En ese sentido, el juez afirma que gracias a que “se trabajó arduamente” desde 2005 en la recolección de evidencia se llegó, en 2011, a la elevación a juicio oral y público de los hechos atribuidos al exjuez federal Juan José Galeano, los fiscales federales Eamon Müllen y José Carlos Barbaccia; el extitular de la SIDE) Hugo Anzorreguy, el expresidente de la DAIA Rubén Beraja y el abogado Víctor Stinfale, entre otros.

También afirma que avanzó con la denominada “pista siria” del encubrimiento y que, en virtud de ese trabajo, en colaboración el fallecido fiscal Alberto Nismán, lograron la indagatoria del expresidente Carlos Menem y de su hermano Munir.

Tras ampliar los detalles del proceso y de las diez causas conexas que se generaron, Lijo concluye que “en el caso de irregularidades de AMIA se llevó a juicio a los máximos responsables del encubrimiento del atentado terrorista sucedido en nuestro país contra la comunidad judía”.

“De las 13 personas que han sido llevadas a juicio como consecuencia de la instrucción desarrollada en el juzgado, en la actualidad ya se ha realizado el juicio oral y público que culminó con condenas por parte del Tribunal Oral y del órgano superior que revisó esa decisión. De tal modo, se ha avanzado hacia una resolución definitiva del asunto en función de la teoría del caso adoptada desde un inicio, enfocada en los máximos responsables”, concluye.

Por otra parte, Lijo también niega cualquier posibilidad de mal desempeño en la denominada causa The Old Fund, por la que se investigó la contratación por parte del Gobierno de Formosa de la consultora a cargo de Alejandro Vandenbroele, acusado como testaferro del exvicepresidente Amado Boudou en la expropiación de Ciccone.

En este caso, el juez fue acusado de favorecer al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, el declararse incompetente y remitir el expediente a la justicia federal de la provincia norteña.

Al respecto, Lijo reconoce que esa decisión se adoptó “a partir de un planteo de la defensa”, pero destaca que la medida “fue tomada con control de la Cámara de Apelaciones que por otra parte afirmó la indudable incompetencia territorial de esta sede de la ciudad de Buenos Aires y declinó la competencia a la justicia federal de la provincia”.

Otro de los expedientes en lo que se cuestionó el accionar de Lijo es en la denominada causa Correo Argentino, por el que se investiga si existieron irregularidades en el acuerdo, finalmente cancelado, al que había arribado el Gobierno de Mauricio Macri en torno a la deuda de la empresa Correo Argentino, propiedad de la familia del entonces presidente, con el Estado.

Sobre este tema, Lijo se excusa de explayarse aduciendo que la causa está aún en curso, pero sostiene que las impugnaciones a su candidatura a la Corte por esta causa “se encuentran sesgadas y sólo vinculadas con la proyección mediática del caso”.

En ese sentido, y en directa respuesta a la supuesta demora en tramitar la causa, el juez sostiene que “la complejidad y cantidad de maniobras económicas denunciadas implicó el análisis técnico por parte de expertos de diferentes disciplinas e instituciones y la producción de un gran volumen documental”. Además, recuerda que entre 2019 y 2023 “el caso estuvo bajo estudio en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en virtud de diversos planteos de las partes " y que recién retornó a su juzgado en diciembre del año pasado.