Ley ómnibus: los gobernadores dialoguistas reclamaron la coparticipación del impuesto PAIS, pero la Casa Rosada lo postergó para “más adelante”

Pese a que en las últimas horas el oficialismo y los bloques de oposición dialoguista acercaron posiciones en torno a distintos puntos que conforman la llamada “Ley de Bases”, todavía quedan artículos que generan fricción y que amenazan con enrarecer el clima en vísperas de la sesión prevista para este miércoles la Cámara de Diputados. Uno de ellos es el destino del impuesto PAIS: los gobernadores de la oposición dialoguista, reunidos en la Consejo Federal de Inversiones (CFI), le plantearon al ministro del Interior, Guillermo Francos, que dicho tributo debería ser coparticipado, en al menos un 30%, con las provincias.

Ante el reclamo de los gobernadores, la Casa Rosada replicó esta noche con un mensaje a través de la cuenta de la Oficina del Presidente: “El impuesto PAIS y el resto del paquete fiscal, anteriormente incluido en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, se discutirá más adelante”, se informó oficialmente.

Otro tema en el que todavía no hay acuerdo es el referido a las privatizaciones de las empresas públicas: para los libertarios es un capítulo clave sobre el que no están dispuestos a negociar. Los diputados de los bloques dialoguistas, en cambio, insisten en que cada privatización debería contar con la autorización previa del Congreso.

Al finalizar el encuentro con Francos, los gobernadores presentes, que estuvieron acompañados por una nutrida delegación de legisladores de los bloques dialoguistas, dieron luz verde para que el megaproyecto enviado por el Poder Ejecutivo sea aprobado, en general, en la Cámara baja este miércoles. Aun así se acordó insistir, durante el debate en particular, en la modificación de algunos artículos del dictamen sobre los que todavía no hay acuerdo, entre ellos el referido al impuesto PAIS y el capítulo sobre privatizaciones.

Respecto de este impuesto, el dictamen del oficialismo propone, en su artículo 180, extender hasta el 22 de diciembre de este año la vigencia del tributo -que venció en diciembre pasado-, el cual rige desde los albores del gobierno de Alberto Fernández y que en la actualidad se ubica tercero en el ranking de recaudación nacional, con ingresos totales por $1,5 billones anuales. Actualmente, el 30% de lo recaudado por el impuesto PAIS se destina a financiar programas de infraestructura social en provincias y municipios; con la redacción del artículo de prórroga en el dictamen, la totalidad de la recaudación irá a las arcas de la Nación.

Este fue el tema central del encuentro que mantuvieron los gobernadores este lunes por la tarde con Francos, que apenas permaneció 20 minutos en la sede del CFI. Según las fuentes consultadas por LA NACION, el funcionario se mostró permeable al pedido y se comprometió a consultarlo con el Ministerio de Economía.

“Elévenme una propuesta de redacción y lo evaluamos”, les respondió Francos.

En la reunión participaron legisladores de los distintos bloques dialoguistas, entre ellos el jefe del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, y el de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto. También estuvieron presentes Emilio Monzó y Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal, como así también Soledad Carrizo y Pamela Verasay, de la UCR. El diputado Diego Santilli fue el único representante de Pro.

“Fue bien. Se va a avanzar. Se está trabajando”, dijo Francos al retirarse del CFI, tras media de reunión con los gobernadores.

Del encuentro participaron los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Maximiliano Pullaro (Santa Fe); el alcalde porteño Jorge Macri; y los vicegobernadores Rubén Dusso (Catamarca) y Miguel Angel Avecedo (Tucumán). Estos dos últimos son representantes de provincias gobernadas por el peronismo.

A la salida de la reunión en el CFI, el gobernador Torres se mostró optimista en torno a la sanción de la ley. “Hoy hay un gobierno paralizado que necesita herramientas. De esta reunión se pudieron destrabar un montón de cosas para poder avanzar en los consensos necesarios para que le gobierno cuente con esas herramientas”, planteó el chubutense.

Torres afirmó que existe un “compromiso del Gobierno de que, en relación a las facultades delegadas, no comprometa la masa coparticipable federal, que no atente contra los intereses de las provincias”.

Privatizaciones, eje de disputa

Respecto de las privatizaciones, el dictamen aprobado el miércoles pasado contiene un artículo en el cual se faculta al Poder Ejecutivo “a privatizar total o parcialmente o liquidar empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado Nacional”. Se incluye un anexo en el cual enumera 36 empresas a ser sujetas a privatización (entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, ferrocarriles y medios públicos), mientras que, en otro anexo, dispone que el Banco Nación, Arsat y Nucleoelétrica Argentina “solo podrán ser privatizadas parcialmente, debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”.

Si bien la oposición dialoguista logró excluir a YPF de las empresas a ser privatizadas, no está de acuerdo con cederle al Gobierno la facultad de avanzar con el resto de las privatizaciones sin una ley previa sancionada por el Congreso.

La cuestión de las delegaciones de facultades al Poder Ejecutivo todavía sigue generando desacuerdos con un sector de la oposición pese a que el Poder Ejecutivo accedió a reducir de 11 a 7 la cantidad de delegaciones. Desde las bancadas Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, por caso, insisten en eliminar del proyecto las delegaciones en materia de seguridad, tarifas y energía.

Otro punto sobre el que los gobernadores volverán a la carga tiene que ver con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. En su dictamen el oficialismo acordó con los bloques dialoguistas que solo se transferirán al Tesoro los títulos de deuda en manos del FGS, no así los activos.

Sin embargo, algunos gobernadores -entre ellos Llaryora y Frigerio- insisten en que el traspaso se efectúe previa compensación de las deudas de las provincias con el FGS y garantizando que los flujos de dicho fondo permitan hacer frente a las compensaciones anuales por las cajas jubilatorias no transferidas de las provincias a la Anses.

Otros puntos de discordia

• Régimen federal de pesca. El Gobierno accedió a eliminar del texto original aquellos artículos que sacaban la obligatoriedad de descargar en puerto argentino y poder hacerlo en puertos extranjeros, o la eliminación de la tripulación nacional, pero se mantienen las diferencias respecto del régimen de cuotas de captura que, según el proyecto, “serán asignadas por la autoridad de aplicación a través de un sistema de licitaciones, adjudicándolas a quien aporte el mayor arancel para la captura determinada”.
• Biocombustibles. Gobernadores y legisladores de las provincias productoras advirtieron que el dictamen no refleja los cambios que había concedido el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, en esta materia. Así, según el proyecto oficial, para el caso del gasoil el corte con biodiesel se mantiene en 10% y se llevaría al 12,5% en 2026. En lo que respecta a las naftas, propone dejar el nivel de mezcla con bioetanol en 12%. Durante los primeros 2 años la autoridad de aplicación podrá disponer un incremento del porcentaje de mezcla hasta el 15%.

• Deuda. El dictamen propone derogar el artículo 1° de la Ley Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública sancionada durante el gobierno de Fernández. Allí se establecía que el Presupuesto debía fijar un porcentaje máximo para la emisión de deuda en moneda extranjera y bajo legislación extranjera respecto del monto total de emisiones en ese ejercicio. Disponía, además, que “toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho porcentaje requerirá de una ley especial del Honorable Congreso de la Nación que la autorice expresamente”.
• Seguridad. Entre los puntos más resistidos, figura aquel que propone ampliar los casos que deben ser interpretados como “legítima defensa”. La iniciativa indica que, para que exista esa causa de justificación que protege a quien repele una agresión, hay que tener en cuenta siempre la “proporcionalidad del medio empleado” para rechazar el ataque. El nuevo proyecto agrega que “la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.
• Ambiente. El dictamen modifica tres leyes regulatorias en materia de medio ambiente: la Ley de Bosques Nativos, la Ley de Glaciares y la Ley de Protección Ambiental contra la Actividad de Quema. Según las organizaciones defensoras del medio ambiente, estas modificaciones a las normativas vigentes implicarían una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados.

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