Ley ómnibus: Milei prorrogó el período de sesiones extraordinarias hasta el 15 de febrero
Además del megaproyecto, el Gobierno incluyó nuevas modificaciones al Código Penal, a la Ley de Prevención de Lavados de Activos y el permiso para que tropas extranjeras ingresen a la Argentina
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El presidente Javier Milei prorrogó el período de sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 15 de febrero con el objetivo de que la Cámara de Diputados y Senadores puedan tratar la ley ómnibus. El mandatario había convocado a sesiones extraordinarias a partir del pasado 26 de diciembre y hasta el próximo 31 de enero.
El decreto de convocatoria, publicado este viernes, convoca al Congreso, además, a aprobar en esta nueva prórroga “la entrada de tropas extranjeras” en abril para participar de un ejercicio de “Adiestramiento Combinado para la Defensa de los Recursos Pesqueros Argentinos” bajo la tutela del guardacostas USCG James perteneciente a Estados Unidos.
La convocatoria, que lleva la firma del mandatario y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, además, establece que el Congreso deberá debatir modificaciones en el Código Penal, que según afirmó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en los últimos días, estarán focalizadas en la baja de la edad de imputabilidad. También será tratada la reforma a la Ley 25.246 de Prevención y Represión del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
El otro tema incluido es el de la sustitución del capítulo 2 de la ley ómnibus, referido específicamente a las normativas de defensa nacional.
La prórroga se da en medio de las negociaciones para aprobar la denominada “Ley Bases”, un logro que el oficialismo está confiado en alcanzar. Como contó LA NACION, luego de su regreso al país tras el Foro de Davos, Milei cree haber logrado el favor político de los bloques “amigables” para obtener un triunfo legislativo. Los diputados potencialmente aliados, sin embargo, todavía quieren ver por escrito muchos de los cambios que pidieron.
“Milei está con confianza y quiere que salga lo antes posible. Creemos que ya están los votos, lo que falta es que no haya ningún cisne negro de acá al martes”, dijo a este medio un importante colaborador de la Casa Rosada.
Respecto a los plazos, en la Casa Rosada ya aceptaron pasar la discusión para la semana que viene. La apuesta es que haya dictamen de comisión el martes y sesión el jueves, para evitar el tratamiento durante la jornada del paro de la CGT el miércoles.
Negociaciones
Ante el pedido de distintos grupos opositores, el Gobierno cedió y aceptó limitar el plazo de las facultades delegadas, retirar a YPF de la lista de empresas a ser privatizadas y eliminar las retenciones a las economías regionales.
En el texto al que accedió LA NACION y que llevaron a la Cámara de Diputados el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el influyente asesor presidencial Santiago Caputo, también se indica que el Poder Ejecutivo deberá tener el aval del Congreso antes de “liquidar los activos” del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, pero no da cuenta de cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria que le reclaman los bloques dialoguistas para darle su visto bueno a la reforma.
Tampoco el gobierno parece dispuesto a cambiar del texto del proyecto el paquete fiscal, ya que insiste con la moratoria, el blanqueo, el anticipo de Bienes Personales -lo que dotará de ingresos a la gestión libertaria- y el aumento de los derechos de exportación más relevantes, a la soja (del 31% al 33%), el trigo y el maíz (del 12% al 15%), del girasol (del 7% al 15%) y la carne (del 9% al 15%). Solo quedan afuera, de acuerdo a los últimos cambios, unas 35 economías regionales.
“Se limita el plazo de vigencia de la emergencia de 4 años (2+2) a 2 años (1 año + 1 año prorrogable por el Poder Ejecutivo”, se asegura en el primer punto del paper, titulado en forma escueta como “Modificaciones a la Ley Bases”. El segundo punto, en tanto, acepta la “eliminación de la emergencia de Defensa, Social y Sanitaria”. El tercero hace foco en los derechos de exportación: “Se fija en 0% para las economías regionales”, sostiene y agrega, en forma imprecisa: “Limitar/eliminar la facultad para aumentar los derechos de exportación”.
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