Ley ómnibus | Los seis puntos que traban la aprobación del proyecto clave para Javier Milei

Ya es el debate parlamentario más largo en 40 años de democracia y el final todavía aparece incierto en el horizonte. El tratamiento de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos -conocida como “ley ómnibus”- empezó el miércoles pasado, se aprobó en general el viernes después de 30 horas netas de discursos y entrará mañana en el terreno pantanoso de la discusión artículo por artículo, que podría consumir hasta tres días más.

Desde su presentación, en diciembre, el texto perdió más de 300 artículos, lo que implica la mitad de su tamaño. Pero la configuración definitiva es aún un misterio, ya que siguen trabadas las negociaciones que enfrentan a la Casa Rosada con los bloques de la oposición dialoguista (y en especial a los gobernadores). El punto central de la discordia tiene que ver con el reparto de fondos: al quitar del proyecto el capítulo fiscal, el Gobierno advirtió que promoverá un ajuste mayor en fondos destinados a las provincias para compensar las subas de impuestos descartadas. Empezó entonces una batalla abierta que repercute en el Congreso. Los gobernadores tienen capacidad de hacer naufragar la ley; Milei puede, en represalia, afinar la motosierra sobre la caja de las provincias. En esa pulseada se juega el destino del proyecto.

Los siguientes son los cinco puntos principales cuya redacción todavía se discute al filo de la reanudación de la sesión parlamentaria.

Impuesto PAIS

El impuesto PAIS tiene una vigencia acotada y el Gobierno espera que la ley convalide su validez hasta fin de año. Los gobernadores se unieron en el reclamo de que la recaudación se coparticipe con las provincias. Desde su creación en 2019 los ingresos por ese tributo van en un 70% al PAMI y la Anses; el 30% restante se destina al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que administran los movimientos sociales. El pedido de los gobernadores es que ese 30% se reparta entre las provincias. Una de las últimas propuestas fue que se coparticipe el 21% y el 9% se gire directamente al Renabap.

Pero Milei se niega tajantemente, porque insiste en que es un impuesto temporal ligado a la existencia del cepo cambiario y que si lo coparticipa se hará casi imposible eliminarlo. El ministro del Interior, Guillermo Francos, ya advirtió que si la oposición incluye el artículo en la ley el Presidente está dispuesto a vetarlo.

Privatizaciones

El proyecto original de ley disponía que el Presidente tuviera la facultad de avanzar con la privatización de 41 empresas públicas. En las primeras semanas de negociación se retiró de la lista a YPF y se limitó la cantidad de acciones sujetas a venta del Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctrica Argentina (la generadora de energía eléctrica que gestiona Embalse, Atucha II y Atucha II). Antes de llegar al recinto continuó la poda: se quitaron empresas importantes para algunos de los gobernadores aliados, como el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), la Casa de la Moneda, Radio Universidad de Córdoba, la Fabrica Argentina de Aviones (también con base en Córdoba), Radio Universidad del Litoral (Santa Fe), la aeroespacial Veng, Dioxitek (producción de dióxido de uranio), Fabricaciones Militares y la minera con sede en Catamarca Yacimientos de Agua de Dionisio.

Entre las 27 empresas que quedan en el texto en discusión figuran AYSA, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Intercargo, Ferrocarriles Argentinos, la agencia de noticias Télam y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

La discusión del articulado no está saldada. El bloque de la UCR reclama que se vote cada empresa por separado. En Hacemos reclaman que los procesos de privatización sean revisados por una comisión bicameral del Congreso. Si Milei se niega, los opositores podrían reclamar que haya una ley específica para convalidar cada venta, algo que podría contar con el apoyo del peronismo.

Delegación de facultades

Los diputados limitaron las pretensiones originales de Milei de declarar la emergencia en 11 materias y tener poderes especiales por dos años, prorrogables por decreto. Se incluirán finalmente 5 emergencias (económica, financiera, tarifaria, energética y administrativa), mientras siguen discutiendo si añaden la de seguridad. El período de delegación será de un año, prorrogable con acuerdo del Congreso.

Los gobernadores recelan también de las delegaciones para manejar 30 fondos fiduciarios, entre los que se incluyen algunos creados para auxiliar obras públicas que están en marcha.

Contratos vigentes

El radicalismo y algunos de los diputados de Hacemos se resisten a otorgarle al Gobierno la facultad para prorrogar, rescindir o directamente anular contratos de concesiones, de obras públicas y de alquileres. Quieren que el Congreso tenga derecho a supervisar estas cuestiones, del mismo modo que con las privatizaciones.

Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses

Antes de empezar el debate en Diputados, el secretario parlamentario anunció la eliminación del artículo relacionado con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, que declaraba la transferencia al Tesoro de sus activos y establecía que se compensarían los pasivos de las provincias con el organismo previsional. Es decir, que los flujos hagan frente a las compensaciones anuales de las cajas jubilatorias de las provincias no transferidas al organismo. Con el correr de las semanas se reavivó la discusión sobre ese artículo. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, impulsa reponerlo con una cláusula en la que se disponga la compensación automática para las cajas de jubilaciones provinciales “armonizadas”, como la de su provincia. Santa Fe también apoya la moción. El Gobierno cuenta con esta carta para limar las asperezas que genera el impuesto PAIS.

Deuda pública

Los artículos que liberan al Poder Ejecutivo de las ataduras del Congreso para tomar deuda en moneda extranjera son resistidos por diputados que negocian por estas horas con el oficialismo. El dictamen propone derogar el artículo 1° de la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández, que establece que el Presupuesto debe fijar un porcentaje máximo para la emisión de deuda en moneda extranjera y bajo legislación extranjera respeto del monto total de emisiones en ese ejercicio. Además, dispone que toda toma de deuda externa que supere dicho porcentaje requerirá de una ley especial del Congreso. Milei que no rijan para él estos límites.

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