Ley ómnibus: los gobernadores reaccionaron por los dichos de Luis Caputo y dudan de qué quiere la Rosada

CÓRDOBA.- El ministro de Economía Luis “Toto” Caputo pateó el hormiguero de los gobernadores de todos los colores políticos. Después de su advertencia -él aclaró que no era una “amenaza”- de que si no salía alguno de los artículos económicos de la ley ómnibus “se recortarán inmediatamente” las partidas a las provincias, los mandatarios provinciales reaccionaron. Hubo cruce de llamadas entre ellos y con algunos funcionarios nacionales. A ellos se plegaron con críticas algunos diputados nacionales “dialoguistas”. Y anoche la percepción era que ley no salía.

La aprobación de la suba de las retenciones industriales y a la producción agrícola pampeana no es negociable para los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Hasta ayer, después de las negociaciones que desembocaron en el dictamen del plenario de comisiones, ese punto se iba a definir en la votación en particular de esos artículos.

El planteo de Caputo tomó por sorpresa a los gobernadores. Hay algunos que dudan de si actuó sin consultar con la Casa Rosada o si se trata de una “estrategia” consensuada. “Más allá de los números, lo que se pone en riesgo es la gobernabilidad. Es innecesario”, desliza el ministro político de un distrito grande.

El adicional por suba de retenciones representa 0,5 puntos del PBI según el cuadro que presentó el propio Caputo públicamente; más o menos la mitad lo aportan las cargas sobre el campo pampeano. De los 5,2 puntos de ajuste planteado por el Ministro, un tercio depende del Congreso.

Entre los seis puntos que los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) pidieron incluir en el dictamen de comisión y el Ejecutivo aceptó hay uno referido al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Aceptaban que pasara de Anses al Tesoro Nacional, pero “compensando las deudas de las provincias con el FGS y garantizando los flujos que permitan hacer frente a las compensaciones anuales por las cajas jubilatorias no transferidas”.

Esas cajas son 13; están las de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes. Antes de que llegara el proyecto de ley ómnibus al Congreso, algunos funcionarios nacionales consensuaban que pagarle a esas provincias la deuda que se acumuló durante el gobierno de Alberto Fernández porque Anses no cumplió con la actualización presupuestada de los giros era una vía para aplacar el ánimo de los gobernadores.

Ayer, entre los intentos de encaminar de nuevo el diálogo, desde Anses volvió la propuesta de cancelar esos pagos que implican unos US$2000 millones tomándolos de los US$32.658 del FGS, con lo que al Tesoro le quedaban US$30.658 millones. Para hacer operativa la alternativa se requiere el visto bueno de Caputo. El Fondo tiene unos US$1000 millones invertidos en bonos de la provincia de Buenos Aires, que es una de las cajas acreedoras.

Tampoco tienen en claro los gobernadores qué partidas podría recortar el Ministro. Ya había advertido que las transferencias por fuera de la coparticipación caerían al mínimo (equivalen a 0,5 puntos del Producto) y el martes desde el Banco Central se confirmó que a fin de mes caduca la autorización para que las provincias se endeuden con bancos provinciales. Agregan que la obra pública nacional está parada y que sobre la coparticipación “no puede actuar”.