Ley ómnibus | Las razones que explican por qué algunas empresas se podrán privatizar y otras no
El listado final de sociedades del Estado en el proyecto de la “ley Bases” esconde rosca política, presiones de los gobernadores y necesidad de juntar mayorías en el Congreso
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LA NACIONCamila Dolabjian
A menos de 24 horas de comenzar la discusión en particular de los artículos de la ley ómnibus, hay un capitulo clave para el Gobierno con final abierto: el de las privatizaciones de empresas públicas. En un intento de cerrar una mayoría segura, el oficialismo hizo concesiones y rearmó un borrador el viernes pasado que deja adentro a 30 de las 41 sociedades y las dividió en cuatro grupos anexos separados, para evitar un rechazo completo. Hizo lugar, además, a dos reclamos formales, el de darle mayor intervención al Congreso en el control y quitar del lote de las privatizables a YPF. Además, atendió pedidos específicos de dejar afuera a algunas empresas que tocaban intereses políticos particulares de ciertos bloques o gobernadores, lo que desdibujó el criterio que se empleó para la propuesta.
Quedaron afuera del listado del Gobierno -por ahora- el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A, Radio de la Universidad del Litoral (UNL), Vehículo Espacial Nueva Generación, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Fábrica Argentina de Aviones y Fabricaciones Militares. Las últimas tres, por ejemplo, comparten un denominador común: tienen sede en Córdoba.
El bloque radical, liderado por Rodrigo de Loredo, oriundo de esa provincia, tuvo especial intervención en la negociación con el Ejecutivo y logró dejar afuera a las empresas de allí y aquellas que tienen vínculo con universidades nacionales, como la radio de la UNL (Santa Fe) y los yacimientos mineros de YMAD, que da utilidades a la Universidad Nacional de Catamarca. El ámbito de la educación superior es uno de los bastiones del radicalismo, un bloque de absoluta importancia para la aprobación de la ley ómnibus, al igual que otros diputados que responden a gobernadores más dialoguistas. Uno de los mayores interlocutores en esta materia, en la negociación legislativa, fue Alejandro Cacace, secretario parlamentario de la UCR en la cámara baja.
Las exclusiones respondieron también a otro bloque con poder de presión: los cinco legisladores que responden a Juan Schiaretti, exgobernador de Córdoba que además logró colar a personas cercanas en lugares de relevancia en la gestión, como el Banco Nación. Son cinco ediles, que integran el bloque de Hacemos Coalición Federal junto con diputados provenientes de otros espacios. Sus nombres son Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez (vicepresidente del bloque), Natalia De la Sota, Juan Brügge y Alejandra Torres.
En el listado está todavía en duda la incorporación de Innovaciones Tecnológicas Agrope
cuarias S.A. Más aún, la repartija de los nombres de las empresas en los cuatro anexos podría sufrir cambios de acuerdo a los últimos poroteos. Actualmente, quedan así:
- ANEXO I: Administración General de Puertos SA, AySA S.A. Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Yacimientos Carboníferos Rio Turbio, Construcción de Viviendas para la Armada Argentina S.E., Energía Argentina S.A., Intercargo S.A.U., Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A., Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A., Polo Tecnológico Constituyentes S.A., Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N.Nación Bursátil S.A., Nación Reaseguros S.A., Nación Seguros de Retiro S.A., Nación Servicios S.A.
- ANEXO II: Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina SA, Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
- ANEXO VIII: Administración de Infraestructuras Ferroviarias SE, Operadora Ferroviaria SE, Belgrano Cargas y Logística SA, Ferrocarriles Argentinos SE, Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E., Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM y Corredores Viales S.A.
- ANEXO IX: Télam SE, Educ.ar SE, Contenidos Públicos S.E., Radio y Televisión Argentina S.E.
Un análisis del listado denota que en la incorporación a cada uno de los grupos no hay un criterio de objeto ni de déficit de las empresas. Tampoco ocurre al ver que Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. estará dentro de las privatizaciones, pero Fabricaciones Militares no. Algo similar ocurre con la inclusión de Arsat, pero la exclusión de Vehículo Espacial Nueva Generación. Una de las comparaciones más paradigmáticas, y con una explicación más política, es haber dejado afuera al BICE, pero adentro al Banco Nación.
Fondos ocultos
La justificación que ensayaron varios legisladores y funcionarios consultados por LA NACION se refirió a la necesidad de preservar el sistema financiero público, la imposibilidad de sanear rápidamente el banco y su relevancia en el territorio. Sin embargo, quienes conocen la materia y estuvieron involucrados en la discusión apuntan a que el BICE tiene una cartera de fideicomisos que alimentan de manera permanente a las provincias.
Algunos de ellos son el Fogar, que apunta a pymes y emprendedores, el Fondep (Fondo Nacional de Desarrollo Productivo), el Fondce, el Foder, otros de obras de abastecimiento eléctrico, de conexiones eléctricas y de generación termoeléctrica, entre otros. Actualmente, el Gobierno ordenó una auditoría a las nuevas autoridades del banco, designadas el 26 de enero. El nuevo presidente es Juan Manuel Troncoso Iriarte, quien estuvo en Dow Química entre los años 2001 y 2022. Uno de los directores nombrados, que continuará en ese cargo, fue Nicolás Scioli, hermano del flamante secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli.
Si bien el Gobierno tendría interés en insistir en la privatización del BICE, y no se descarta que se lo vuelva a incluir en el listado, está vetado por los gobernadores. Algunos funcionarios, particularmente del área de Interior, le encuentran una utilidad. Una importante fuente del oficialismo destacó que el BICE es un mecanismo interesante para ofrecer zanahorias y palos a las provincias realizando aportes que pasan por debajo del radar de las transferencias directas del Estado nacional.
Guillermo Francos, ministro del Interior, dijo que “entiende que está cerrado el tema” de las privatizaciones, esta mañana en entrevista televisiva. Sin embargo, el listado final puede sufrir cambios. Luego, caerá en manos de Nicolás Posse, jefe de Gabinete y el encargado de comenzar el proceso. La Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado está bajo su orbita y a cargo de Mauricio Miguel González Botto, un hombre de su confianza quien fue designado el 19 de diciembre con una llamativa aclaración en el Boletín Oficial días después: en otra publicación, se aclaró que él no recibirá un sueldo a partir del 1 de febrero, sino que su trabajo será ad honórem a partir de esa fecha.
Por Camila Dolabjian
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