Ley ómnibus: la oposición dialoguista celebró la marcha atrás del Gobierno, pero todavía cuestiona capítulos claves
La sesión sería convocada para el martes próximo, aunque todavía no hay fecha formal; privatizaciones y facultades delegadas, los temas más complicados que aún generan resistencia
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LA NACION
La oposición celebró la decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, de retirar el paquete fiscal del megaproyecto de ley que envió el presidente Javier Milei al Congreso. No obstante, el texto aún mantiene ciertos capítulos que prometen un fuerte debate en el recinto –principalmente el que propone privatizar 35 empresas públicas- y nada garantiza que sean aprobados tal como pretende el Poder Ejecutivo.
Desde los bloques de oposición dialoguista, diputados de la UCR, Pro y Hacemos Coalición Federal consideraron un paso positivo la decisión del Gobierno de dar marcha atrás con la suba en las retenciones y la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria, la cual iba a redundar en una licuación inicial de los haberes. “El oficialismo se encaminaba hacia una derrota asegurada en la sesión”, coincidieron.
“Es una decisión acertada del ministro Caputo separar el tema que requiere una instancia más de discusión. Todos coincidimos con la necesidad de equilibrio fiscal, pero los medios para alcanzarlos tienen que ser equitativos y razonables”, publicó en las redes sociales el jefe del bloque de la UCR Rodrigo De Loredo.
Según pudo saber LA NACION, la decisión de Caputo se tomó luego de una ronda de consultas que inició desde primera hora de este viernes el ministro del Interior, Guillermo Francos, mantuvo con distintos gobernadores de Juntos por el Cambio. Las respuestas fueron coincidentes: la iniciativa se apoyaría en general, aunque el capítulo fiscal corría serios riesgos de ser rechazado. Ante este ultimátum, el Gobierno decidió dar marcha atrás y, en principio, buscaría acordar las nuevas medidas tributarias con los mandatarios provinciales.
“Es una decisión acertada que, más que descomprimir, patea para adelante la discusión tributaria”, interpretó uno de los mandatarios consultado por este diario.
Desde la Coalición Cívica, el jefe de la bancada Juan Manuel López instó a que el ministro de Economía considere revisar, en el nuevo paquete fiscal, las distintas exenciones tributarias, como el régimen de promoción de Tierra del Fuego. “Espero que el próximo paquete fiscal que se acuerde en el Congreso incluya el régimen de Tierra del Fuego que encarece la vida a millones consumidores de celulares y notebooks. ¡Por menos brecha digital! Cuenten con la Coalición Cívica para desarmar esos privilegios”, acicateó.
Sesión intensa
De mantenerse en pie la sesión del martes próximo en la Cámara de Diputados –aun no fue convocada formalmente-, todo indica que el debate será intenso, aunque no con el nivel de tensión que se preanunciaba en los últimos días ante la falta de consenso entre el oficialismo y la oposición en torno al paquete fiscal contenido en la Ley de Bases enviado por Milei.
Entre los temas que permanecen dentro del megaproyecto de ley y que anticipan una fuerte discusión en el recinto se destaca el de las privatizaciones. El dictamen del oficialismo propone declarar sujetas a privatización 35 empresas públicas, entre ellas Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, Correo, Administración General de Puertos, los medios públicos, entre otros. Accedió a eliminar a YPF del listado. Respecto de Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.
Sin embargo, la UCR propone que la declaración de “sujeta a privatización” de cada una de las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria estatal sea autorizada por el Congreso. Hacemos Coalición Federal insiste en que el Banco Nación y ARSAT continúen en manos del Estado.
Otro capítulo que generará controversia es el de las facultades delegadas. Los diputados de Unión por la Patria y de la izquierda machacarán con que el Gobierno pretende arrogarse atribuciones excesivas para gobernar sin control del Congreso. En el dictamen del oficialismo se propone declarar la emergencia en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa por el plazo de un año, prorrogable por el Congreso por otro año más. Redujo sus pretensiones originales a petición de los bloques dialoguistas que, aun así, pretenden acotarlas todavía más.
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