Ley ómnibus: la Casa Rosada acepta acotar los superpoderes y define los puntos “no negociables”
Javier Milei aún no informó a los suyos hasta dónde aceptará ceder, pero cerca de él reconocen que habrá varios cambios; dicen que el capítulo fiscal y las jubilaciones son intocables
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“Están más flexibles en general. Sobre todo con la idea de priorizar”. Un gobernador de Juntos por el Cambio con buena llegada a la Casa Rosada hizo ese diagnóstico la noche del jueves, tras sondear a algunos funcionarios. El Gobierno, que para arrancar el tratamiento de la ley ómnibus se había mostrado inflexible con el discurso “a todo o nada”, esta semana, producto del careo con los bloques en Diputados, comenzó a retroceder en algunos frentes.
Javier Milei todavía no trazó con claridad la línea roja que fije hasta dónde está dispuesto a ceder. “Eso es lo que se está discutiendo internamente ahora”, reconoció un colaborador oficial muy al tanto de los debates internos. A esta altura, sin embargo, en Balcarce 50 ya dan por sentado que el Congreso no le otorgará al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias por dos años prorrogables por todo el mandato, sino la mitad, o incluso menos. También aceptan que habrá cambios -en la narrativa oficial solo reconocen “correcciones de redacción” y “enmiendas”- en el capítulo pesquero y en el de biocombustibles.
La reforma electoral que incluye el mega proyecto, en cambio, genera disidencias internas dentro del Gobierno. Hay funcionarios que impulsan la idea de aplazar la discusión de ese capítulo para las sesiones ordinarias, pero otros colaboradores del Presidente insisten con la idea de sostener el capítulo político, aún cuando no estén los votos. “No se saca. Que lo voten a favor o en contra”, sentenció en las últimas horas un colaborador con acceso a la intimidad presidencial.
Conforme avanza la discusión, comienza a quedar sobre relieve que los capítulos intocables para el Gobierno son los que otorgan herramientas al ministro de Economía, Luis Caputo, para digitar la botonera del gasto. “No se negocia el déficit fiscal”, dijo el jueves el portavoz, Manuel Adorni. Por eso, en el oficialismo vislumbran un frente conflictivo con artículos como el de las jubilaciones. Los bloques aliados quieren fijar una cláusula que asegure que las prestaciones le van a ganar a la inflación, pero el Poder Ejecutivo quiere evitar la indexación, para actualizar la fórmula de manera discrecional.
En la cúpula de La Libertad Avanza, algunos colaboradores de Milei creen que la clave pasará por aprobar el corazón económico y fiscal del proyecto y aplazar el debate de las otras materias para más adelante. Consideran que el Presidente ya hizo una declaración de principios con el proyecto, pero que llegó la hora de priorizar los elementos urgentes que necesita Caputo para avanzar con la estabilización económica. Otros, en cambio, siguen apegados a la idea de sostener el combo completo de reformas con la intención de implementar un “cambio cultural”.
El Presidente comenzó a poner plazos: quiere que el proyecto baje al recinto de Diputados el 25 de enero. Y confía en que va a tener los votos para aprobarlo. “Estamos optimistas y creo que están los números para que todo transcurra acorde a lo esperado. Nosotros creemos que va a salir todo. Puede que tenga secuencia, pero va a salir todo”, dijo Milei en diálogo con radio La Red.
La especulación que hacen todos en la Casa Rosada es que, a la hora de la verdad, la oposición más amigable no va a querer votar en contra junto al kirchnerismo.
Sin instrucciones
Según pudo reconstruir LA NACION, Milei todavía no le instruyó al presidente de Diputados, Martín Menem, y al bloque de La Libertad Avanza cuáles son las modificaciones a habilitar y cuáles son los artículos no negociables.
Pero en el oficialismo reconocen que no tendrán los votos para otorgarle facultades delegadas al Poder Ejecutivo por cuatro años. La versión más generosa que circula en Diputados es que los bloques aliados están dispuestos a otorgar un plazo “estándar”, de un año prorrogable por otro más. “Si nos dan superpoderes por un año prorrogable, entonces esto nos salió bien”, ironizó un referente libertario.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, durante su disertación en Diputados palpó de primera mano la falta de apoyo que tiene la reforma electoral. “Si no están los votos, eso no va a trabar el tratamiento de la ley”, reconoció abiertamente. En privado, el ministro -que debió defender ese capítulo aunque no fue su autor intelectual- pasó el mensaje a los bloques aliados: “Que nos traigan una propuesta superadora y la analizamos”.
Algunos colaboradores oficiales entienden que esa “propuesta superadora” podría ser, directamente, desglosar la reforma electoral de la ley ómnibus y tratarla más adelante, aunque este mismo año. Otros apuntan a que algunos aspectos de la reforma política son más urticantes que otros. La supresión de las PASO, por ejemplo, genera mayor consenso que el sistema anglosajón de votación por circunscripción uninominal que está en el proyecto, o el cambio de la representación que tendrán las provincias en Diputados de acuerdo a su densidad poblacional, lo que le otorga mucho mayor peso a Buenos Aires. “Eso no genera consenso ni entre los nuestros. Dicen que Diputados se puede convertir en la Cámara del conurbano”, apuntó un colaborador oficial.
En cuanto a lo económico, el Gobierno ya aceptó cambios en el capítulo pesquero y el de los biocombustibles. Ahora se abrirá una nueva batalla por las retenciones, que genera resistencia en buena parte de los gobernadores. Los bloques aliados apuntan, sobre todo, a proteger a las economías regionales.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, admitió, por su parte, que el Gobierno eliminará el artículo que prohibía reuniones de más de tres personas. Dijo que el texto, que fue materia de controversia, dio lugar a una “mala interpretación”.
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