Ley ómnibus | Ganadores y perdedores de una reforma a la que aún le restan batallas en el Congreso

La aprobación de la ley ómnibus en general mostró solo la superficie del tire y afloje que palpita a través de sus artículos y que se intensificará a partir de esta tarde. En la Cámara de Diputados se disputará la norma punto por punto. Si bien son algunos los que generan mayor debate, como el impuesto PAIS, las facultades delegadas y las empresas públicas a privatizarse, el consenso para otras partes de la ley tampoco está totalmente garantizado. Se requeriría un poroteo por cada uno de los (aparentemente) 336 artículos para determinar qué rubros y actores serán afectados, y quiénes serán ganadores y quiénes, perdedores. No se descartan sorpresas.

En el río turbulento de la discusión parlamentaria, quedaron en segundo plano los cambios a otros rubros como los seguros, la minería, las empresas con grandes inversiones pendientes, las petroleras y las concesionarias de obra pública, entre otros. Un análisis minucioso de los últimos borradores de la ley ómnibus -los que incluyen los últimos cambios discutidos por el Gobierno con los bloques opositores más aliados- da cuenta de los lobbys que podrían resultar triunfadores o no a partir de este martes.

En el camino “zafaron” otros, y con su exclusión de la ley ómnibus quedaron ya plasmados algunos ganadores, aunque sigue latente la posibilidad de que se agreguen artículos que quedaron en el camino. Los gobernadores del sur tuvieron éxito en la eliminación del capítulo de desregulación de la industria pesquera y de zonas frías; Tabacalera Sarandí logró evitar que avancen las modificaciones al impuesto interno a los cigarrillos que la hubiese dejado en pie de igualdad tributaria con los grandes jugadores internacionales y los exportadores del agro (un puñado de empresas) consiguieron que, junto con los mandatarios de provincias productivas se diera marcha atrás con la suba de retenciones a la soja y sus subproductos. Algunos beneficiados, como el régimen de promoción de Tierra del Fuego, nunca estuvieron incluidos, llamativamente.

Qué está en juego

Las compañías aseguradoras son grandes ganadoras. Los cambios incluidos en el dictamen de mayoría (artículos que irían del 65 al 68 les permite libremente abrir y cerrar sucursales en el país y comenzar a operar en todas las ramas del seguro sin autorización previa en tanto cumplan con los requisitos de la reglamentación. Conforme al art. 68, las comisiones pueden ser libremente establecidas por las empresas. Actualmente, la autoridad regulatoria define mínimos y máximos, que serían eliminados.

Hay intensas modificaciones a la ley federal de hidrocarburos (cerca de 50 artículos de la ley se dedican a esto) que beneficiarían a las petroleras, liberalizando el sector. Se eliminan restricciones a la exportación, se flexibilizan los permisos necesarios para el otorgamiento de concesiones por parte del Estado nacional, se incluye la posibilidad de dar “autorizaciones”, de menor jerarquía que las licitaciones y otro tipo de permisos y se habilita la gestión de almacenamiento. Hay fomentos al midstream, es decir lo que hace también al procesamiento y transporte de los hidrocarburos. A su vez, se prohíbe la fijación de precios por parte del Gobierno para todos los segmentos de la industria y se habilita la opción de reducir las regalías del 12% actual al 5%, cuando lo consideren las autoridades.

Dentro del toma y daca en el listado de empresas a ser privatizadas se esconden también intereses. El Gobierno decidió dividir los anexos en las que están incluidas para evitar quedarse sin ninguna y otras ya fueron descartadas. De acuerdo con varias fuentes parlamentarias, son casos como el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), radios de universidades nacionales y la Casa de Moneda, por ejemplo. La discusión principal pasará por YPF.

Uno de los capítulos de mayor impacto y menos discutidos públicamente es el de la fundación del “RIGI”, un régimen de incentivo para grandes inversiones”, que se encuentra dentro del anexo III de la ley. Allí se definen tentadoras reducciones impositivas en Ganancias a IVA para las empresas de capital extranjero o local que definan un proyecto de US$200 millones o más y se adhieran al RIGI. Incluso, hay un artículo que avanza sobre las facultades de los gobiernos provinciales y municipales para imponer sus propios tributos para que no interfieran con el espíritu de esta política pública, con la que el Gobierno espera sumar dólares y actividad económica sacrificando recursos para el fisco. No impone limitaciones a las exportaciones y es laxa en cuanto a los dividendos a las casas matrices. Hay múltiples sectores que se encuentran en vilo frente a la aprobación de este régimen, especialmente el minero.

Entre los puntos de mayor discusión esta semana estarán las facultades del Ejecutivo con respecto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), lo que fue cuestionado por algunos sectores, que sin embargo se enfocaron en que el Gobierno garantice que, de transferirse al Tesoro, se compensen los pasivos de las provincias con el organismo. Aunque desde La Libertad Avanza aseguraron que no tienen en mente vender los papeles en manos del FGS (cerca de un 17% del fondo), hay varias empresas interesadas en que el Gobierno tenga la posibilidad de desarmar esas posiciones eventualmente. El FGS tiene acciones de los privados Techint, Pampa Energía, Transportadora Gas del Sur, los bancos Macro, Galicia, Hipotecario, Francés y Patagonia, Mirgor, Central Puerto e Irsa, entre otras. Hubo reuniones entre funcionarios y directores de estas empresas por este tema.

La ley inaugura modificaciones sustanciales al régimen de obra pública, sobre el que se han constituido decenas de empresas dedicadas a la provisión al Estado. El espíritu de los artículos es el de derivar la financiación y responsabilidad al sector privado y dispone la renegociación o rescisión de contratos en ejecución. Se contempla regresar a las concesiones, un tipo contractual que transfiere el riesgo a cambio del pago de un canon que puede o no tener que ver con el resultado de la explotación, como ocurre con los peajes. La ley contempla frenar “por razones de emergencia la renegociación o en su caso rescisión de los contratos de cualquier tipo que generen obligaciones a cargo del Estado, celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023 por cualquier órgano o ente descentralizado de la Administración Pública Nacional”.

A esta redacción se agregaron limitaciones, como respetar los derechos adquiridos de los contratistas, limitar los contratos sujetos a revisión a los que generen erogaciones significativas (sin monto específico) y que exista un dictamen previo de la Procuración del Tesoro y de la Sindicatura General de la Nación antes de la rescisión, a su vez que excluyeron los que tengan como objeto suministro, compra venta y consultorías (un tipo de contrato de especial importancia para el oficialismo, porque hay cientos en revisión por falta de contraprestación clara). Al comienzo de esta gestión, se encontraban cerca de 2185 obras en ejecución con distinto grado de avance, según la página oficial de mapa de inversiones del Estado.

Uno de los capítulos que prácticamente no se modificó es el referido a la cultura. La ley impone límites en gastos en personal y transferencias a múltiples organismos como el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), el Instituto Nacional de Música, el Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.

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