Ley ómnibus: Francos y los gobernadores dialoguistas decidieron postergar la discusión sobre el impuesto PAIS junto al paquete fiscal

En los prolegómenos del debate sobre el articulado del proyecto de ley ómnibus en la Cámara de Diputados, en paralelo el ministro del Interior, Guillermo Francos, mantuvo conversaciones vía zoom con los gobernadores dialoguistas y los jefes de bloques respectivos para intentar destrabar los puntos más conflictivos del proyecto. Según pudo saber LA NACION, la discusión de uno de los artículos más conflictivos, la coparticipación del impuesto PAIS -un reclamo de un grupo de mandatarios provinciales comandado por el cordobés Martín Llaryora- será postergada junto con el resto del paquete fiscal, que ya había sido eliminado del proyecto.

Durante el encuentro con Francos se repasaron los distintos artículos en los que todavía no está cerrado el acuerdo. Todo indica que habrá negociaciones hasta el último minuto, y no se descarta que surjan sorpresas a la hora de discutir el articulado. Por caso, la bancada de Hacemos Coalición Federal, comandada por Miguel Pichetto, reclamará a instancias de la Coalición Cívica que se discuta en el recinto el problema sobre la movilidad jubilatoria, el cual había sido eliminado del texto por orden del Gobierno.

“Lo vamos a proponer, estamos buscando el número”, confiaron desde la Coalición Cívica.

La Cámara de Diputados vive una sesión de vértigo. Todo puede suceder a lo largo de las largas horas de debate. La sesión pasado el medio día y no se descarta que se prolongue por un par de días. Así de compleja es el proyecto y de trabajosas las negociaciones.

Éstas arrancaron bien temprano en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Con la presencia del ministro del Interior, Guillermo Francos, desfilaron por el despacho del primer piso del Palacio Legislativo los jefes de bloque de UCR, Pro y Hacemos Coalición Federal (HCF) -este último en sintonía con Innovación- para ordenar la sesión y fijar un cronograma de trabajo. Tras un encuentro de no más de una hora, los consensos a los que llegaron fueron pocos y, salvo el referido a la coparticipación del impuesto PAIS, los puntos claves del proyecto siguen trabados. Tal vez no sean rechazados de plano, pero no se descartan que sufran modificaciones.

Entre los puntos más sensibles figuran la declaración de emergencia en determinadas áreas de la administración pública, con su consecuente delegación de facultades legislativas en el Presidente Javier Milei; el paquete de privatizaciones de empresas públicas; la toma de deuda sin los límites que fija el Congreso; y el pedido de los gobernadores para aliviar sus cajas provinciales, ya sea a través de la coparticipación de una parte de la recaudación del impuesto PAIS o a través del aseguro del flujo de pago de aquellas cajas jubilatorias que armonizaron sus estándares con la Nación. Según pudo saber LA NACION, ninguno de estos puntos se destrabó en las conversaciones previas a la maratónica sesión, en la que podría esta noche haber un cuarto intermedio hasta mañana.

“Veremos durante el día. A lo mejor alguna idea se le cae al Gobierno”, analizó un diputado que responde directamente a uno de los gobernadores que más pujó para exigirle al Ejecutivo una garantía en relación con un posterior pacto fiscal. “Siguen negociando”, sumó otro legislador, quien mostró pocas expectativas de que se pueda allanar el camino antes de la revisión artículo por artículo del megaproyecto. Ante la falta de respuestas a los pedidos de los gobernadores, por estas horas los mandatarios de Juntos por el Cambio están reunidos con los jefes de bloque dialoguistas para definir una estrategia común.

Miguel Ángel Pichetto, líder de HCF, fue el primero en salir del despacho de Menem, poco después de las 11. Se dirigía a la reunión con los integrantes de su bancada, convocada para esa misma hora en las oficinas ubicadas sobre la Avenida Rivadavia, justo enfrente del Congreso. “Nos juntamos para ordenar la sesión”, deslizó el legislador. No obstante, en la heterogeneidad de su bloque todavía hay algunos puntos que no terminan de cerrar. Si bien una porción de sus integrantes podría acompañar la delegación de facultades, tanto los seis diputados de la Coalición Cívica como los cuatro cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora se niegan de plano a otorgarle esta prerrogativa a Milei. Estas diez voluntades se suman a los ya 109 que rechazaron el proyecto en general la semana pasada. Muy cerca de los 129 necesarios para bloquear cualquier propuesta del Ejecutivo.

El Gobierno propone declarar seis emergencias: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. Los cordobeses no quieren ceder en la cesión de las primeras dos dado que consideran que es a través de las que el Presidente podría desatender el reclamo de ordenar las cuentas con las provincias.

Una situación similar se da en el radicalismo, donde buscan recortar las bases de la delegación, estipuladas en el artículo cuarto de la ley ómnibus. Allí se establece que el Presidente podría privatizar total o parcialmente empresas, sociedades establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad sea del estado nacional. Además, tendría la posibilidad de transformar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos y fondos fiduciarios públicos, estas últimas cajas negras de la administración. Los reparos de la UCR se enfocan en sostener el fideicomiso que financia el subsidio a las Zonas Frías, que el Gobierno pretende eliminar.

La delegación de facultades no solo es importante para el oficialismo por una cuestión operativa y funcional, sino también porque es el primer capítulo que se discutirá en el recinto y sobre el que se cimentará la discusión posterior. Si la sesión comienza con un fracaso del Ejecutivo y se le empasta el debate de entrada le será más difícil retomar el curso de la negoción para el resto del articulado. “Lo crucial va a ser el arranque”, repite un experimentado legislador.

“Tenemos algunos puntos discutidos. La cuestión jubilatoria va a quedar en manos del Poder Ejecutivo y del Presidente. Es un tema importante porque los jubilados la están pasando muy mal y el cambio de la fórmula jubilatoria no será parte de la ley “Bases”, sostuvo Oscar Zago, jefe del bloque de La Libertad Avanza en declaraciones a Radio Rivadavia esta mañana. El diputado afirmó, además, que el punto que está en discusión es en relación con “las facultades delegadas” y aseguró que están “dialogando con los diputados para lograr un mínimo” de acuerdo sobre esa cuestión.

Tras la reunión con el presidente del cuerpo, tanto Pichetto como Cristian Ritondo (Pro) y Rodrigo de Loredo (UCR), se reunieron con su bloque para cohesionar posturas. Los radicales Facundo Manes y Pablo Juliano, quienes se muestran más intransigentes ante las iniciativas del Gobierno, votaron en contra del proyecto en general y se diferenciaron de sus 32 pares correligionarios. No se descarta que se les sumen otros diputados, como los dos jujeños vinculados con Gerardo Morales -Natalia Sarapura y Jorge Rizzotti-, o Fernando Carbajal (Formosa) y Pedro Galimberti (Entre Ríos), quienes se negaron a firmar el dictamen de comisión.

Lo mismo hicieron a partir de las 12.30 los legisladores de LLA, algunos de ellos pocos optimistas con cómo se puede dar el curso de la sesión. “Por ahora no hay acuerdo”, señaló un legislador oficialista a LA NACION previo a ingresar al despacho de Menem.

En la cuerda floja

El capítulo de privatizaciones, así como el artículo que reforma el mecanismo para tomar deuda pública tampoco están garantizados. de empresas públicas será una pelea voto a voto. Sobre la venta de las compañía del Estado, tanto la UCR como Hacemos Coalición Federal insisten en que se incluya en el articulado un mecanismo de control parlamentario exhaustivo previo a cada privatización.

Respecto del proceso de endeudamiento, el dictamen propone derogar el artículo 1° de la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, aprobada durante el gobierno de Alberto Fernández, el cual establece que el Presupuesto debe fijar un porcentaje máximo para la emisión de deuda en moneda extranjera y bajo legislación extranjera respeto del monto total de emisiones en ese ejercicio. Además, dispone que toda toma de deuda externa que supere dicho porcentaje requerirá de una ley especial del Congreso.

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