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Ley de tierras: expectativa en el oficialismo ante la inminente decisión de la Corte, mientras busca desactivar la sesión opositora
Bajo la presión de sus aliados en Diputados, LLA cita a comisiones y acelera el debate para frenar la convocatoria de los bloques críticos; los opositores avisan que no bajarán la cita del 15
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LA NACIONDelfina Galarza
Ante la presión de sus aliados y acorralado por la inminencia de una megasesión que amenaza con voltear el DNU 70/23, una de las banderas políticas del Gobierno, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados aceleró sus movimientos para contener la avanzada opositora. Con ese objetivo, convocó a una comisión para debatir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado, y en el que se apresta a incorporar un capítulo o una disposición sobre la Ley de Tierras, como anticipó LA NACION.
Eso sí, con la mirada puesta en la Corte Suprema, que podría resolver en las próximas horas un pedido de medida cautelar que, de prosperar, restablecería los límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
Según pudo saber LA NACION, la definición podría llegar este viernes: el máximo tribunal convocó a un acuerdo para las 9. Un win-win para el oficialismo, que encontraría así la forma de atender el reclamo de sus aliados sin pagar el costo político de volver sobre sus pasos.
Los libertarios ya sufrieron una derrota legislativa en el Senado, cuando debieron eliminar del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada los artículos sobre extranjerización de tierras y la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. Por entonces, el debate quedó atravesado por una fuerte discusión sobre soberanía tras el episodio de la bandera de Malvinas agitado por la selección argentina durante el mundial de fútbol, que reavivó un profundo sentimiento nacionalista y el reclamo colectivo por las islas.
Pero la intención explícita del Gobierno era eliminar las restricciones a la venta de tierras a extranjeros, una medida inicialmente frenada por una demanda del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM). Días atrás, la Corte Suprema dejó sin efecto el fallo de inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 tras cuestionar la legitimación de la entidad para promover acciones colectivas.
El timming de su resolución complicó al Gobierno en momentos en que los libertarios pretenden darle curso al proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas y mientras intentan esquivar cualquier golpe político por los proyectos de discapacidad y morosidad que empuja la oposición y que fueron incluidos en el temario de la sesión del próximo jueves.
No obstante, el máximo tribunal dio esta semana una señal que podría dar vuelta el tablero. Por un lado, convocó a dos conjueces designados por sorteo —los camaristas Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci— para tratar un planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie vinculado con la Ley de Tierras.
La ONG ambientalista reclama que la Corte precise si su reciente fallo tiene algún efecto sobre el expediente que impulsa, al sostener que su amparo no debería correr la misma suerte que el de los excombatientes, dado que invoca una legitimación diferente.
A ello se suma que ayer el tribunal abrevió los plazos legales para pronunciarse sobre la cuestión, por lo que en menos de 24 horas estaría en condiciones de resolver el pedido de cautelar. Una decisión favorable abriría la puerta a restablecer los límites a la venta de tierras a extranjeros.
Frente a este escenario, el Gobierno quedaría exento de retomar un debate incómodo durante el tratamiento en comisiones del proyecto que refiere a la a la propiedad privada, previsto para el próximo miércoles a las 16, tras su giro a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
En concreto, se ahorraría la difícil tarea de negociar no solo con sus aliados, sino también con la oposición más dura los topes máximos a la compra de campos por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.
La propuesta libertaria contemplaba originalmente elevar ese límite del 15% al 25%, pero no prosperó en la Cámara alta. Y nada indica que hoy tenga margen para insistir con la misma fórmula. “El problema es que no puede ofrecer algo muy distinto de lo que ya ofreció en el Senado”, advierte un diputado ávido en estrategia parlamentaria.
Dentro de la oposición hay quienes dan por sentado que, a más tardar el martes, llegará un “salvataje” de la Corte. Mientras tanto, sostienen que los libertarios ensayan un “plan B”, a modo preventivo, que consiste en incorporar el debate sobre la Ley de Tierras al tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Si bien el oficialismo ya había dejado entrever que exploraba esta alternativa, la decisión terminó de tomar forma ayer, tras la presión de sus aliados del PRO, Provincias Unidas y el MID, que le exigieron una respuesta inmediata durante una reunión con representantes de LLA y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, convocada originalmente para discutir el Presupuesto.
Pese a que suelen acompañar las iniciativas del oficialismo, dentro de estos bloques no había consenso para respaldar la eliminación de los límites establecidos por la Ley de Tierras. Incluso, algunos legisladores mantenían abierta la posibilidad de aportar al quórum de la sesión opositora del 15 de octubre.
Aunque los bloques críticos todavía estaban lejos de reunir los 129 diputados necesarios para habilitar el debate, la inacción del Gobierno corría el riesgo de inclinar a los indecisos a favor de la convocatoria, en medio de la presión política por otros temas sensibles, como morosidad y discapacidad, y la marcha universitaria en reclamo de mayor financiamiento prevista para ese mismo día.
De todas formas, pese al intento oficialista de desactivar la convocatoria, representantes de UP y Provincias Unidas ratificaron a este medio que bajarán al recinto para insistir con la sesión. “No podemos, no debemos bajarnos”, sostienen.
Además, hay quienes se ilusionan con reunir los apoyos necesarios para tratar la prórroga de la emergencia en discapacidad y la problemática de la morosidad, aun cuando no alcancen los votos para rechazar el DNU 70/23. Esto último representaba, en cualquier caso, un escenario casi imposible por la resistencia de los gobernadores a dar marcha atrás con otras medidas incluidas en el megadecreto.
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