“Ley de Bases” y paquete fiscal: el Gobierno concede solo algunos cambios en la negociación con los bloques opositores dialoguistas

Con la idea de sesionar la semana próxima, el Gobierno ingresa en la recta final de las negociaciones para lograr la media sanción de la “ley de Bases” y el paquete fiscal en la Cámara de Diputados. Por eso, el Poder Ejecutivo giró el domingo a la noche a la UCR, Pro, Hacemos Coalición e Innovación Federal nuevos borradores de ambos proyectos en los que contempla algunos de los cambios propuestos por estos bloques de la oposición que está dispuesta a cooperar. La administración libertaria busca llegar al plenario de comisiones con los consensos cerrados con el objetivo de firmar los dictámenes entre mañana y pasado.

Esta fue la razón por la que la reunión prevista entre el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y los diputados aliados se postergó para hoy. El cuarteto de bloques dialoguista solicitó tiempo al oficialismo para revisar los nuevos textos y consensuar internamente una postura.

Entre otras modificaciones, el Gobierno cambió el plazo de actualización de las escalas del impuesto a las ganancias y del Monotributo; la afectación de los recursos obtenidos de la eliminación de los fondos fiduciarios; la cantidad de organismos públicos exentos de ser disueltos o intervenidos; incorporó la reforma laboral a la ley Bases con la eliminación de la obligatoriedad de las contribuciones sindicales en los convenios colectivos de trabajo; y acotó la facultad del Ejecutivo de intervenir el mercado frente a posibles distorsiones.

En tanto, no incluyó la homologación impositiva para todas las empresas tabacaleras; mayores controles en el proceso de privatización de empresas públicas; tampoco un premio al buen contribuyente; ni admitió bajar el monto de inversión del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) para que empresas más pequeñas puedan acceder a los beneficios impositivos y aduaneros.

Si bien los bloques amigos reconocen la nueva predisposición al diálogo del Gobierno y admiten mejoras en los textos, advierten que insistirán con algunos puntos conflictivos, como la actualización trimestral de las escalas de Ganancias y la estandarización tributaria para las tabacaleras. No obstante, anticiparon que votarán en general la iniciativa.

En paralelo a esta seguidilla de reuniones en la oposición, el oficialismo también tuvo su cumbre. La protagonizaron Martín Menem y Karina Milei, quienes se reunieron por más de dos horas en el despacho del presidente de la Cámara baja. “Hablan siempre”, confiaron cerca del riojano, aunque no precisaron los pormenores de la conversación. La secretaria General de la Presidencia es una figura cada vez más gravitante en la política parlamentaria y fue quien motorizó el desplazamiento de Oscar Zago como jefe del bloque libertario y encendió la interna dentro de La Libertad Avanza (LLA). Lo sucedió Gabriel Bornoroni, fiel ladero del tándem Menem-Milei.

Según pudo confirmar, Santiago Santurio estará al frente de la comisión de Legislación General, cabecera del plenario de comisiones que trabajará los proyectos del Ejecutivo y tendrá el rol de miembro informante durante la sesión. El legislador bonaerense se sumó por un rato al encuentro entre el titular de Diputados y la secretaria General de la Presidencia, donde conversaron sobre la estrategia legislativa y la inminente convocatoria del plenario.

El detalle de los puntos en conflicto:

• Fondos fiduciarios. Este fue uno de los temas que hizo naufragar la versión original de la Ley de Bases. En el nuevo texto, la oposición logró que si el Poder Ejecutivo modifica o cancela fondos fiduciarios cuya asignación sea coparticipable, el dinero vuelva a esa masa. En tanto, si corresponde a un fondo de asignación no coparticipable, el dinero vuelve al Tesoro.
• Disolución e intervención de organismos públicos. A pedido de la UCR y Hacemos Coalición Federal, el Gobierno amplió el listado de organismos excluidos de la posibilidad de ser disueltos o intervenidos por el Poder Ejecutivo a partir de las facultades delegadas en la iniciativa. La lista incluye al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); al Instituto Malbrán; la Anmat; la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae); el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau); el Instituto de la Propiedad Industrial (Inpi); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa); Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN); la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea); la Comisión Nacional de Valores (CNV); la Unidad de Información Financiera (UIF); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).
• Privatizaciones. La privatización del Banco Nación y sus seis empresas anexas, promovida por el Gobierno, genera posiciones contrapuestas entre los bloques: algunos están a favor, otros en contra. Si bien propusieron al Gobierno separar, en un artículo aparte, a esta entidad bancaria del resto de las empresas públicas a ser eventualmente privatizadas, eso no fue concedido. Asimismo, el Ejecutivo tampoco aceptó el pedido de la UCR para que en el caso de un dictamen crítico de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) sobre la privatización de una determinada empresa, el proceso se frene durante 45 días para permitir que el Congreso tome cartas en el asunto.
• Desregulación de la economía. Un sector de los dialoguistas anticipó que no aceptarían el artículo 70 - en el nuevo texto el 143- por considerarlo demasiado concesivo. Allí se faculta al Ejecutivo a disponer la derogación o modificación de leyes que, de forma manifiesta, generen distorsiones en los precios de mercado, un sobrecosto en el sector regulado, o la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente. Por eso, el oficialismo reescribió esta delegación en función de acotar las modificaciones legales solo ante monopolios artificiales y en temas de oferta pública.
• Incorporación de la reforma laboral. Fue presentada por la UCR. Entre los puntos más conflictivos, propone restringir las llamadas “cuotas sindicales” para proteger en particular a los trabajadores no afiliados. Si bien el radicalismo apuntó a eliminar completamente la obligatoriedad de estas contribuciones, la administración libertaria quiso atenuar este punto y postergar su batalla con los gremios, cuando faltan pocos días para la movilización de la CGT por el Día del Trabajador.
• Moratoria previsional. El Gobierno apunta a derogar este régimen. Sin embargo, a instancias de los opositores, el oficialismo accedió a que se incorpore un esquema alternativo que permita que aquellos individuos en condiciones de jubilarse que no cumplieron con los 30 años de aportes que exige la ley puedan recibir una prestación proporcional.
• Tabaco. El Gobierno eliminó del proyecto el capítulo para que todas las empresas del sector paguen los mismos impuestos, resistido por las empresas grandes del rubro como Tabacalera Sarandí. Si bien los dialoguistas solicitaron que este capítulo sea reincorporado, el Ejecutivo no contempló su pedido.
• Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI). Solo admite proyectos que involucren un monto de inversión igual o superior a u$s200 millones. A ellos se les ofrece un amplio menú de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios: una alícuota única del Impuesto a las Ganancias del 25%; la actualización de quebrantos por IPC en Ganancias; tratamientos tributarios preferenciales para las utilidades y dividendos; la contabilización del 100% del Impuesto a los Débitos y Créditos como pago a cuenta de Ganancias y la posibilidad de pagar el IVA a proveedores y a la AFIP con certificados de créditos fiscales. Los bloques dialoguistas pidieron, sin éxito, que las PyMES puedan participar de este régimen de incentivos (con la consiguiente baja en el monto para ingresar) o bien que los beneficios fiscales no sean tan “generosos” para las grandes empresas en condiciones de participar.

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