Ley de Bases: los detalles, punto por punto, de la iniciativa que impulsa el Gobierno
El oficialismo remitió anoche los borradores a los bloques dialoguistas; prevé desde un blanqueo de activos hasta una derogación de la moratoria previsional sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández
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Los borradores de la nueva “ley de Bases” así como el paquete fiscal fueron remitidos ayer por el Gobierno a los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados. Más acotadas y con modificaciones sustanciales al proyecto original, el Poder Ejecutivo espera iniciar la discusión de estas iniciativas la próxima semana para llevarlas al recinto a fin de mes.
A pedido de los diputados aliados, el oficialismo separó en dos textos las reformas. La desmalezada ley ómnibus pasó de 664 a 279 artículos y contiene una desregulación económica y administrativa, cambios en el manejo de los fondos fiduciarios, ajustes en el empleo público, la incorporación del Régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI) y la eliminación de la moratoria previsional impuesta por Alberto Fernández.
En tanto, el paquete fiscal titulado “ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes” cuenta con 101 artículos e incluye, entre otras cosas, un blanqueo de capitales, la reimposición del impuesto a las ganancias, cambios sobre la tributación de los bienes personales y un régimen para que empleadores regularicen la situación de sus trabajadores. Se excluyó, en tanto, la suba de los impuestos internos al tabaco del 70 al 73% y la eliminación del impuesto mínimo a los cigarrillos.
Respecto de la reforma laboral, está previsto que en los próximos días la UCR remita al oficialismo su propuesta. Una vez consensuada, será incluida durante la discusión en comisiones de la nueva ley ómnibus. “Queremos una reforma laboral que baje la litigiosidad”, definió el jefe de bancada radical, Rodrigo de Loredo. Según pudo saber LA NACION, la iniciativa tendrá una ampliación de tres a seis meses del período de prueba, la posibilidad de indemnizar con el formato Uocra -que prevé un fondo de cese laboral-, donde cada sindicato por actividad decida si es conveniente o no. “Vamos a insistir con que esté el tema de la no obligatoriedad del aporte sindical. Si el Gobierno lo arregla con la CGT y retrocede tendrá sus razones”, deslizaron en la UCR.
Facultades delegadas
El Poder Ejecutivo resignó siete de las 11 emergencias reclamadas originalmente. En la nueva ley de Bases solo se incluyen cuatro áreas por las que se solicitan, por un año y sin posibilidad de prórroga, facultades delegadas al Congreso: administrativa, económica, financiera y energética.
Según pudo saber LA NACION, ante la reticencia de un sector de los bloques dialoguistas de acompañar la cesión de poderes especiales al presidente Javier Milei, en las diferentes reuniones en la Casa Rosada, los legisladores le pidieron al ministro del Interior, Guillermo Francos, y al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que se detallen las acciones concretas para cada una de estas delegaciones.
Por eso, el Poder Ejecutivo excluyó de sus atribuciones administrativas la posibilidad de intervenir, eliminar o modificar las competencias de las universidades nacionales, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Respecto de la posibilidad de la administración libertaria de avanzar sobre los fondos fiduciarios, se sumó, a pedido de los bloques dialoguistas, la obligación de mantener la asignación específica de la finalidad del mismo. “Deberá garantizar a los beneficiarios los mismos recursos que hubieren obtenido en caso de no haberse dispuesto la referida disolución, respetando, en su caso, las correspondientes asignaciones específicas”, se detalla.
Privatizaciones
De las más de 40 empresas estatales que se pretendían vender en el texto original de la ley ómnibus, en la nueva versión solo se listan diez como sujetas a privatización o concesión: Aerolíneas Argentinas; Enarsa; Radio y Televisión S.A.; Intercargo; Aysa, Correo Oficial; Belgrano Cargas; Sociedad Operadora Ferroviaria del Estado (Sofse); y Corredores Viales.
En tanto, Nucleoeléctrica Argentina; Banco Nación; Nación Seguros; Nación Reaseguros; Nación Seguros de Retiro; Nación Servicios; Nación Bursátil; Pellegrini S.A.; y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) solo podrán ser convertidas a sociedades mixtas. Muchas de estas empresas están hoy en el ojo público dado que son parte de la investigación que recae sobre el expresidente Alberto Fernández para determinar si direccionó la contratación de seguros del Estado para su beneficio personal.
Asimismo, YCRT fue parte de la fuerte discusión entre el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, y la Casa Rosada. El mandatario provincial reclamó al Gobierno la continuidad de la empresa que opera en cuencas de su provincia y que aporta alrededor de dos mil puestos de trabajo en la zona. “No vamos a negociar si hay privatizaciones y despidos”, dictaminó Vidal.
Para transparentar el proceso de privatizaciones, se definió la intervención tanto de la Auditoría General de la Nación (AGN) como de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
Empleo Público
En el marco del ajuste del gasto, el Gobierno define en la nueva ley ómnibus que los empleados de planta permanente de aquellos organismos que se suprimieron o reestructuraron quedarán “en situación de disponibilidad” por un máximo de 12 meses. Durante ese tiempo, deberán “recibir la capacitación que se les imparta” o “desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado”. Cumplido el plazo de gracia sin haber sido formalizado en un nuevo rol, el empleado quedará definitivamente desvinculado de la administración pública.
Para aquellos trabajadores que reúnan los requisitos para jubilarse, el Poder Ejecutivo pretende eliminar la posibilidad de autorizar una prórroga de un año para iniciar los trámites de retiro.
Se incorpora, además, la posibilidad de descontar del sueldo el tiempo no trabajado por asistir a manifestaciones. Sin embargo, se determina que el ejercicio del derecho a huelga “no dará causa a ningún tipo de sanción administrativa”.
Desregulación económica
La facultad del Ejecutivo de intervenir en el mercado es uno de los puntos más sensibles de la nueva “le Bases”. Se trata del artículo 70 (antes 71) que ante el cuestionamiento de la oposición dialoguista, el Gobierno buscó acotar las competencias que pretendía arrogarse. Sin embargo, el detalle de la flamante iniciativa define que puede eliminar o modificar normas que, según su criterio, generen distorsiones en los precios, escasez o monopolios artificales donde podría haber competencia.
Si bien se exceptúa al Ejecutivo de realizar cualquier modificación o derogación de las regulaciones en materia de salud, previsional y laboral, y se define que deberá “justificar los extremos”, en la UCR y Hacemos Coalición Federal consideran que todavía es “una facultad muy amplia”.
Grandes inversiones
El gobierno impulsa un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), por el que capitales nacionales y extranjeros podrán adherir a una serie de beneficios tributarios y aduaneros. El monto mínimo de inversión, definido en el texto, para ingresar en este régimen será de al menos 200 millones de dólares.
Moratoria previsional
La nueva “ley Bases” busca derogar la moratoria previsional sancionada durante el gobierno del expresidente Alberto Fernández por la que se define un plan de pago para aquellas personas que quieran acceder a las prestaciones jubilatorias y no reunan los aportes suficientes.
Se trata de uno de los diez puntos del Pacto de Mayo, donde el Gobierno definió que se discutirá “una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación”.
Blanqueo
En el paquete fiscal se incluyó el Régimen de Regularización de Activos, es decir un blanqueo de capitales. Según se detalla en el nuevo texto, podría comenzar a regir desde la aprobación de la ley hasta el 30 de abril de 2025, con la posibilidad de prorrogarlo hasta el 31 de julio de 2025. A pedido de la oposición, el Gobierno accedió a incorporar en el texto de la nueva norma que los no residentes no puedan blanquear efectivo.
Hacemos Coalición Federal solicitó que se exceptúe de este beneficio a quienes estén condenados o procesados como testaferros.
Sobre este capítulo, el titular del Palacio de Hacienda informó que se prevé una alícuota cero para montos superiores a los US$100.000, con una condición. “En tanto y en cuanto lo entres en el sistema financiero argentino y no lo retires hasta el 31 de diciembre de 2025, o lo destines a cierto tipo de inversiones a ser definidas por el Poder Ejecutivo”, precisó.
Impuesto a las ganancias
La restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias prevé un mínimo no imponible de remuneración bruta de $1,8 millones para los solteros y en $2,2 millones para los casados con hijos. La actualización de Ganancias será anual, por IPC y se excluyó el cobro retroactivo del gravámen, suprimido en septiembre pasado.
A pesar de la sugerencia de Pro de definir exenciones a este tributo, no está contemplado en el nuevo paquete fiscal los incrementos salariales por el cobro del aguinaldo; por el cómputo de horas extras u horas ordinarias por los servicios prestados en días feriados, inhábiles y durante los fines de semana; para determinados suplementos correspondientes al personal militar y para guardias obligatorias y horas extras realizadas por los profesionales, técnicos, auxiliares y personal operativo de los sistemas de salud.
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