En medio de los incidentes, el kirchnerismo buscó frenar la sesión pero el debate sigue y se votaría después de las 22

Después de más de seis horas de debate, el oficialismo logró sortear un primer intento del kirchnerismo para pausar la sesión y dilatar la discusión. Frente a una escalada de tensión en las afueras del Palacio Legislativo entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, el bloque de Unión por la Patria (UxP) pidió aprobar una moción de orden para avanzar con un cuarto intermedio de 30 minutos, pero fue rechazado.

La solicitud la originó la mendocina Anabel Fernández Sagasti (UxP), quien pidió constituir una comisión del Senado para hablar con los responsables del operativo de seguridad afuera del Congreso donde, según indicó, “hay cinco diputados nacionales hospitalizados”. En ese momento presidía la sesión el libertario Bartolomé Abdala, quien habilitó el pedido. Esto desencadenó una extensa discusión respecto de la pertinencia reglamentaria de la demanda.

“Esa moción de orden no existe”, dictaminó Victoria Villarruel cuando volvió a sentarse en la presidencia de la Cámara y trató de reconducir la sesión. El senador kirchnerista Eduardo “Wado” De Pedro, no obstante, la cruzó inmediantamente desde su banca y utilizó como argumento a su favor la luz verde que Abdala ya le había otorgado para avanzar. “Si usted quiere retirarse puede hacerlo libremente, pero la sesión va a continuar como corresponde, nadie se los impide”, señaló Villarruel.

“Yo expresé una moción de orden que fue aceptada. Usted reivindica un régimen distinto, pero esto es un régimen republicano”, contraatacó De Pedro, a quien la vicepresidenta le advirtió: “No me obligue a ingresar en su histria personal”. Los padres del senador bonaerense fueron detenidos y desaparecidos por la última dictadura cívico-militar.

Según precisó este medio, para ese momento en los alrededores del Congreso se vivían momentos de extrema tensión. La Policía había arrojado gases lacrimógenos y había, al menos, un detenido. Los manifestantes reaccionaron tirando piedrazos contra los agentes de seguridad y derribaron una parte del vallado previsto como contención de seguridad.

Esta mañana, el Gobierno logró el quorum para iniciar el debate de la Ley Bases y el paquete fiscal. Fue alrededor de las 10.15 cuando con el aporte de Pro, la UCR y el peronismo no kirchnerista logró sortear el primer desafío y dar comienzo a una sesión que se prevé compleja. El segundo hito se lo confirmó a LA NACION el senador Maximiliano Abad (UCR-Buenos Aires): dijo que acompañará las leyes, con lo que en el Senado se instaló un escenario de empate, que podría resolverse en favor del oficialismo.

Para afianzar los consensos, la Casa Rosada concedió nuevos cambios en la Ley Bases. En el artículo 3, donde se detalla el alcance de la desregulación administrativa, se incorporó la prohibición de disolver organismos vinculados a la cultura. Además, se excluyó del paquete de privatizaciones a Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina (RTA) y el Correo Argentino. Se eliminó, también, la reconfiguración de la moratoria previsional.

Lo comunicó el puntano Bartolomé Abdala (LLA), miembro informante del proyecto de Ley Bases. Durante su exposición, listó los cambios, defendió la iniciativa, repasó los principales puntos de la misma y fundamentó el pedido de apoyo a los legisladores. “Somos optimistas de que esta ley va a ser aprobada”, sentenció. Además, listó la cantidad de leyes que se aprobaron en cada uno de los Gobiernos después del retorno a la democracia y cuestionó la falta de cooperación de este Congreso con la administración de Javier Milei. “La vieja política no entiende que el más perjudicado es el pueblo argentino”, subrayó.

La decisión de Abad deja el marcador 36 a 36 y, en este escenario, será crucial en la sesión el rol de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien tendrá la última palabra en la votación. Sin embargo, podría tener que dejar su rol para asumir la primera magistratura cuando Milei se suba al avión para viajar a la cumbre del G7. No obstante, según pudo saber LA NACION de fuentes de la Casa Rosada, es posible que el Presidente postergue su ausencia del país para después de la votación en general de las iniciativas impulsadas. Con 47 oradores anotados, se esperan más de ocho horas de debate y la votación podría comenzar alrededor de las 20.30.

Ayer por la noche, se sumaron al sector del “no” los dos santacruceños, José Carambia y Natalia Gadano, quienes condicionaron su voto a la probación del paquete fiscal y la reforma previsional. Solicitaron garantías a la Casa Rosada de que la Cámara de Diputados no insistirá con la versión original de la ley, echando por tierras las reformas obtenidas en las negociaciones con los senadores en las últimas semanas. No obstante, la dupla todavía no apareció por el recinto y si bien ya dejaron en claro su reticencia a apoyar las medidas del Gobierno, su ausencia allanaría la sanción de los proyectos y sortearía la agonía de un desempate.

En los palcos centrales, José Rolandi –vicejefe de Gabinete– y María Ibarzábal –secretaria de Planeamiento Estratégico–, siguen de cerca el desarrollo de la discusión en el hemiciclo. Ambos fueron los protagonistas indiscutidos de las negociaciones con la oposición y quienes puntearon al detalle cada una de las modificaciones solicitadas por los legisladores. Si bien Rolandi llegó a la administración de la mano del exjefe de Gabinete Nicolás Posse, su continuidad en el gabinete responde a la necesidad del Gobierno de materializar las reformas impulsadas por Milei. Ibarzábal, en tanto, es un alfil de Santiago Caputo, asesor presidencial y custodio del relato libertario.

A pesar del golpe político que significó el anuncio de los senadores santacruceños, el oficialismo ratificó la convocatoria a la sesión. En gran parte ayudó el anuncio del radical Martín Lousteau (Capital) de que, a pesar de que votará en contra porque presentó un proyecto alternativo al del Gobierno, daría quorum para iniciar la sesión y a la hora de la votación. El presidente del Comité Nacional de la UCR ratificó su voluntad de participar de la sesión en una reunión que mantuvo con Villarruel en el despacho de la presidenta del Senado.

Pero la decisión del oficialismo es una apuesta muy riesgosa si se toma en cuenta que no tiene mucho margen para evitar que la oposición dialoguista le modifique al Gobierno muchos más artículos de los que pensaba ceder antes de que los santacruceños se rebelaran.

En ese sendero de incertidumbre y con severo riesgo de quedar en el camino entrarían artículos clave para el Poder Ejecutivo como la delegación de facultades legislativas, el capítulo de reforma del Estado, las privatizaciones, en particular la autorización para enajenar Aerolíneas Argentinas y el Correo y algunos artículos del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La misma suerte correrían la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, la reforma previsional y algunas disposiciones del blanqueo, que forman parte del proyecto de reforma fiscal.

“Hoy la prioridad no es la Ley Bases; hoy la prioridad son los jubilados y creemos que, primero, debemos tratar el tema de jubilados y el paquete fiscal para que, aprobado el paquete fiscal, el Gobierno no tenga ningún excusa para pagarle a los jubilados”, anunció Carambia en un video que grabó junto a su comprovinciana.

Lo que está en juego

Además de aprobar su primera ley y dar una señal de robustez al mundo, el gobierno de Javier Milei busca con la Ley Bases y el paquete fiscal instalar una segunda ronda de reformas estructurales, si se cuentan las ya incluidas en el DNU 70/23. Se trata de un compendio menor al inicialmente propuesto en la ley ómnibus, que contenía 664 artículos: el proyecto aprobado en Diputados contiene 232, que incluyen la declaración de emergencias administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, la privatización de nueve empresas: Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Radio y Televisión Argentina e Intercargo, de manera total, y AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Ferrocarriles (SOFSE) y Corredores Viales, de manera parcial. También contiene el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), con beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para inversiones superiores a US$200 millones.

Por su parte, el paquete fiscal reinstala la cuarta categoría de Ganancias para aquellos salarios superiores al $1,8 millones de pesos para los trabajadores solteros y 2,2 millones para los trabajadores casados con dos hijos; un blanqueo de capitales sin penalidades para montos inferiores a US$100.000 y con alícuotas crecientes para el resto; una fuerte baja en Bienes Personales; una moratoria laboral, aduanera y tributaria, y un aumento en las escalas del monotributo.

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