Ley Bases y paquete fiscal: el oficialismo hace números y crecen las especulaciones alrededor de los senadores que definirán la votación en el recinto
Para aprobar las iniciativas en general, el Gobierno deberá afianzar acuerdos con la oposición dialoguista, un heterogéneo compendio que incluye a patagónicos y peronistas no kirchneristas; las sutilezas regionales que pesan
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En la recta final hacia el recinto del Senado, los senadores que todavía no definieron su voto juegan al póker con el Gobierno. Con solo siete legisladores propios y un compacto bloque de 33 kirchneristas atrincherados en el rechazo, al oficialismo no le queda otra opción que sentarse a negociar con la oposición dialoguista que muestra indicios de querer acompañar, pero que aún no expresó su voluntad a viva voz. En la medida en que se acerca el día de la sesión, prevista para el miércoles o jueves de la semana próxima, el costo de torcer la voluntad de estos dirigentes aumenta, así como el peso de sus demandas.
El compendio de indecisos varía. Algunos de los que todavía no se habían pronunciado ni a favor ni en contra de las iniciativas de Javier Milei lo terminaron de hacer la semana pasada, al firmar –incluso con disidencias– los dictámenes del oficialismo. Otros, como el radical Martín Lousteau, ratificaron su actitud opositora. En tanto, hubo quienes se sumaron a la indefinición, como su correligionario Maximiliano Abad, quien optó por la prescindencia y abrió una incógnita de cara a su votación en el recinto. En este escenario, la abstención de un legislador considerado “oposición dialoguista” fue tomado como un gol en contra para el Gobierno, en tanto robustecerá el espacio del “no”, que cuenta con 34 manos si se cuenta al kirchnerismo más el presidente del Comité Nacional del radicalismo.
El oficialismo cuenta hoy con una base de 31 adhesiones, si se suma a los libertarios, la bancada de Pro, una mayoritaria porción de la UCR y otros bloques provinciales. En el medio, fluctúan siete senadores que serán determinantes para sellar la suerte de los proyectos y a los que los libertarios buscan seducir.
Se trata de un heterogéneo compendio integrado por Abad; los compañeros del bloque Unidad Federal, Carlos Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos); los santacruceños, José María Carambia y Natalia Gadano; y las chubutenses Edith Terenzi y Andrea Cristina.
Si bien solían componer este grupo la neuquina Lucila Crexell y la rionegrina Mónica Silva, el oficialismo las cuenta a favor de los proyectos. En particular, no obstante, plantearán diferencias. Se especula con que el viraje en su voto responde a concesiones del oficialismo ante demandas puntuales.
En su editorial de ayer, el periodista Carlos Pagni señaló que la posible designación de Crexell como embajadora ante la Unesco en París pudo haber influido en un cambio de actitud de la neuquina, quien expuso un vínculo con el Gobierno similar al de un electrocardiograma. El gobernador de su provincia, Rolando Figueroa, cuyo liderazgo político Crexell reconoce pero por momentos pareciera desatender, trabaja en sintonía con su par rionegrino Alberto Weretilneck. Juntos pidieron al Poder Ejecutivo la provincialización de rutas nacionales que comparten y que alimentan una de las zonas más productivas de la región: Vaca Muerta. Se trata de pedidos de mejoras de infraestructura en las rutas 22, 151, 231 y 242, de las que en la administración libertaria ya tomaron nota.
De hecho, Mónica Silva hizo mención a esta respuesta del Ejecutivo en uno de sus tuits en X. “Tengo una muy buena noticia. Se reactivará la obra Rotonda sobre Ruta Nacional 22 frente a Choele Choel. @albertoweretilneck gestionó esta obra que avanzó en un 60%. Ahora avanzará el 40% restante. Me lo comunicó el administrador general de Vialidad Nacional este mediodía”, escribió la senadora el 24 de mayo, en pleno empantanamiento de la discusión de la Ley Bases y el paquete fiscal. Weretilneck, además, apuesta a albergar el proyecto de exportación de GNL anunciado por YPF y Petronas en 2022. El otro lugar en donde esta millonaria inversión podría desembarcar es en Bahía Blanca, bajo el dominio de Axel Kicillof.
Los hilos que podrían mover al entrerriano Kueider son dos. Por un lado, el legislador ya marcó que su interés provincial pasa por la represa de Salto Grande, instalada en la ciudad entrerriana de Concordia. “Expresé al ministro de Energía mi preocupación por las deudas pendientes con Salto Grande y Yacyretá. Estás dificultan el normal funcionamiento de la generadora en Entre Ríos, especialmente ante las inundaciones”, destacó en su cuenta de X. Por otro lado, y según fuentes del oficialismo, una causa judicial que salpica a la administración del exgobernador Gustavo Bordet, de la que él fue secretario de Gobierno, podría ingresar en la ecuación. La investigación judicial apunta a negocios de la empresa Securitas, a partir de indicios que podrían probar una red de corrupción con referentes del gobierno entrerriano entre 2016 y 2019.
El correntino Espínola tampoco mostró sus cartas aún. Si bien su tradición política está ligada al peronismo, se alejó del kirchnerismo en la última etapa del gobierno de Alberto Fernández, con Cristina Kirchner como presidenta del Senado. El electorado de su provincia, donde peleó tres veces –sin éxito– por la gobernación, tiene una larga tradición antiperonista. A esta complejidad se le suma que Milei cosecha altos márgenes de aprobación en su región. Por eso, se especula con que Espínola pueda llegar a un acuerdo electoral hacia 2025, cuando Corrientes volverá a ir a las urnas para elegir gobernador. El radical Gustavo Valdés no puede reelegir y deberá construir un sucesor. En tanto, La Libertad Avanza (LLA) todavía no tiene una estructura consolidada y su referente local, el diputado Lisandro Almirón, todavía está lejos de arañar una victoria provincial.
Los santacruceños Carambia y Gadano, en tanto, lograron incorporar el aumento del 3% al 5% las regalías mineras y se anotaron también el diferencial del 22% para la región en el impuesto a las Ganancias. Lo mismo con las chubutenses, quienes tienen detrás al gobernador de su provincia, Ignacio Torres, que insistía con pedir garantías al Ejecutivo para evitar que los beneficios obtenidos en el Senado sean revertidos en Diputados.
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