Ley Bases y paquete fiscal: el Gobierno destrabó los dictámenes, pero no tiene asegurados los votos en el recinto
Los patagónicos exigen garantías al Ejecutivo de que Diputados no revertirá el diferencial de Ganancias para la región; el kirchnerismo sigue a cuatro votos de tumbar las iniciativas de Milei
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La victoria que el oficialismo se anotó la semana pasada en el Senado, cuando obtuvo los dictámenes de la Ley Bases y el paquete fiscal, está lejos de suponer que tenga el camino allanado en el recinto. Las demandas de los referentes patagónicos, así como la actitud refractaria de algunos dirigentes radicales, ponen en riesgo la cosecha de las 37 adhesiones necesarias para aprobar en general las iniciativas de Javier Milei.
Con una base de 31 senadores y al menos diez días de gracia, los libertarios podrán disponer de este tiempo para zurcir los consensos faltantes y ordenar la sesión prevista para la segunda semana de junio. Además de afianzar voluntades, el ojo también estará puesto en evitar una consecución de tropiezos durante la discusión en particular, tal como pasó en febrero en Diputados y cuyo desenlace derivó en la vuelta a fojas cero de la ley ómnibus original.
El kirchnerismo, con sus 33 miembros amotinados en el rechazo, está a solo cuatro manos de voltear en general la iniciativa y echar por tierra la posibilidad de que el Poder Ejecutivo insista este mismo año con su conjunto de medidas en el Congreso. Lo dice la Constitución Nacional: “Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año”. Este escenario sacudiría a la administración libertaria y desnudaría su debilidad política frente a los mercados, que ya reaccionaron ante la dificultad del Gobierno de exponer gobernabilidad.
En este ajustado escenario legislativo, los senadores patagónicos tienen un rol clave. Fueron decisivos para sortear el empantanamiento de los proyectos en comisiones y no dudarán en utilizar este mismo poder de veto en el recinto. A cambio de apoyo, exigen garantías a la Casa Rosada para defender los beneficios obtenidos para la región.
Fundamentalmente, piden que no se revierta la suba del 22% del mínimo no imponible de Ganancias para La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. También el incremento del 3% al 5% de las regalías mineras, que terminó por saldar la discusión en comisiones. Los legisladores del sur desconfían de la intención del Gobierno, al que acusan de ya estar buscando los votos en Diputados para revertir estas modificaciones. A los patagónicos los acompañan los 33 kirchneristas y los senadores de Unidad Federal, Edgardo Kueider (Entre Ríos) y Carlos “Camau” Espínola (Corrientes). En total, suman 43 adhesiones, cinco menos de las 48 necesarias para blindar los cambios con dos tercios, una mayoría casi imposible de alcanzar en la Cámara baja.
En esta pulseada, los más combativos son los dos santacruceños que juegan cerca del gobernador Claudio Vidal –José María Carambia y Natalia Gadano– y las dos chubutenses referenciadas con el líder provincial Ignacio Torres –Andrea Cristina y Edith Terenzi–. Carambia logró el incremento de las regalías mineras y no está dispuesto a cederlas. Torres, en tanto, frenó la firma del despacho del paquete fiscal hasta escuchar el compromiso del ministro del Interior, Guillermo Francos, de resguardar el diferencial del 22% en Ganancias.
Si bien Lucila Crexell (Neuquén) y Mónica Silva (Río Negro) fueron parte de esta cruzada, en esta nueva etapa matizaron sus reclamos. De hecho, ninguna de las dos tomó la palabra durante las reuniones de comisión en las que finalmente se consiguió dictaminar los proyectos de Milei. En silencio, estamparon su firma con disidencias. Ambas trabajan en tándem con los gobernadores de sus provincias, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, respectivamente, quienes delegaron sus reclamos en sus pares de Chubut y Santa Cruz.
“Sólo fue la negociación por el dictamen. Ahora entramos en otro proceso”, consideró Carambia en diálogo con LA NACION. Algo similar deslizaron en el radicalismo, donde existen posturas polares en relación con la mirada sobre la gestión de Milei.
De hecho, Martín Lousteau volvió a diferenciarse en la última semana del posicionamiento de sus colegas de bancada y optó por presentar un dictamen propio, diferente al del oficialismo. Al reiterar sus críticas a las iniciativas, dijo que los cambios aceptados por el Poder Ejecutivo eran “meramente cosméticos” y confirmó su oposición. Es probable que esta reticencia persista en la próxima sesión, al menos que el presidente del Comité Nacional de la UCR considere un costo mayor el votar a contramano de su propio partido.
El senador radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), quien suele camuflarse en la hibridez para exponer su insatisfacción, decidió no firmar ningún despacho. Cuando el Senado rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, el bonaerense se abstuvo. En este escenario, la prescindencia de un legislador considerado “oposición dialoguista” será un gol en contra para el oficialismo dado que robustecerá al espacio del “no”.
En la discusión en particular, en tanto, corren serio riesgo algunos artículos medulares, como la privatización de Aerolíneas y el Correo. “En labor parlamentaria vamos a definir si la discusión se da por capítulos o artículos. Nosotros vamos a estar trabajando con otros espacios para ver cómo bloquear determinados cambios”, dictaminó Carambia. Esta determinación marcará el pulso de la sesión, al que la vicepresidenta Victoria Villarruel deberá atender con el fin de controlar los hilos de una sesión que podría demorarse muchas horas.
Los cambios en el blanqueo y en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) tampoco terminaron de satisfacer a toda la oposición dialoguista, que apuesta a mejorar su redacción en el recinto. Lo mismo con la delegación de facultades y las prerrogativas concedidas al Presidente para avanzar en la desregulación del Estado.
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