Ley Bases y paquete fiscal: crecen las objeciones a los proyectos que se encaminan a sufrir modificaciones

La certeza de que los proyectos de Ley Bases y de reforma fiscal sufrirán cambios tomó cuerpo en la segunda jornada de debate en comisiones del Senado luego de que el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, admitió que “no es feliz” la redacción de un artículo del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que impide a las provincias aumentar o crear impuestos a los emprendimientos que se formalicen por la aplicación del programa que impulsa el Poder Ejecutivo.

“La redacción no es feliz, en eso estoy de acuerdo”, terminó concediendo Rodríguez Chirillo tras fracasar en su intento por justificar la redacción del artículo 163 de la denominada Ley Bases ante una consulta planteada por la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital). La cláusula declara “nula de nulidad absoluta” y ordena la inmediata intervención de la justicia federal cualquier medida tomada por las provincias que se oponga el régimen. El objetivo esta disposición, tal como la explicitaron los funcionarios del Gobierno ate los senadores, busca cerrarle a los estados provinciales el camino a aumentar los impuestos vigentes o crear nuevos a quienes realicen inversiones en virtud del RIGI.

De esta manera, el secretario de Energía abrió la puerta a que los senadores avancen con una mejor redacción del articulo. En otras palabras, aceptó de manera tácita cambios en la Ley Bases lo que la obligará a volver en segunda revisión a la Cámara de Diputados.

El artículo 163 fue criticado por todos los bloques en el primer día de debate en el Senado. La kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) la tildó de inconstitucional porque avasalla las autonomías provinciales. Además de Tagliaferri, sumó sus quejas contra la cláusula el radical Martín Lousteau (Capital). El presidente del Comité Nacional de la UCR sumó ayer cuestionamientos al blanqueo de dinero que contempla el paquete fiscal y al capítulo de hidrocarburos de la Ley Base.

En la segunda jornada de debate, los integrantes de las comisiones de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales escucharon a los secretarios de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y de Trabajo, Julio Cordero. La reunión se extendió tanto que obligó a postergar para este jueves la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que estaba citado para exponer sobre el proyecto de reforma impositiva.

El debate

El arranque se dio con la presencia de la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, que pasó a saludar a los senadores y exhibió su buena sintonía con los referentes de los distintos espacios políticos del cuerpo. La vicepresidenta se enfrenta con un desafío mayúsculo: con un bloque de solo siete miembros, que suman 13 con sus aliados Pro, deberá lubricar su capacidad de persuasión para llegar al mágico número de 37, la llave para la sanción definitiva de los proyectos del Poder Ejecutivo. La sinergía con el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien motorizó la conversación con los gobernadores, será una de las claves de éxito.

Cordero fue el primer expositor. Durante su intervención, detalló que los objetivos fundamentales de las iniciativas de Javier Milei van en dos sentidos: en la generación de empleo y en garantizar la seguridad jurídica. Con estos objetivos, destacó que se busca sancionar “una normativa de consenso” que siente las bases para “una Argentina pujante”.

Mariano Recalde (Capital), de Unión por la Patria, fue quien llevó la voz cantante de las críticas a la reforma laboral. En su intervención en el plenario de comisiones, puso el foco en la eliminación de las multas para penar el trabajo no registrado así como en los cambios en el proceso indemnizatorio. “Si quieren seguridad jurídica, estas normas no cumplen ese cometido. Les aseguro que va a aumentar la litigiosidad, el descontento social y las protestas”, aseveró.

Su compañera de bancada, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), se sumó a la cruzada de Recalde contra los cambios en la legislación laboral. La columna vertebral de sus impugnaciones se dieron en relación con la derogación de la moratoria previsional impuesta por el expresidente Alberto Fernández y con el artículo 56 de la ley, que establece que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) se transferirá al ministerio de Economía. “Se le permite a [Luis] Toto Caputo -ministro de Economía- invertir fondos de los jubilados en activos riesgosos”, cuestionó.

Por su parte, Rodríguez Chirillo explicó en primer lugar los tres propósitos del Gobierno en materia energética, fundamentalmente en relación con el gas y la energía eléctrica. Indicó que en una primera etapa se buscará un “reacomodamiento tarifario” para luego transicionar de “un modelo que deja el autoabastecimiento interno y la soberanía energetica para pasar a ser un país exportador”. Por último, señaló que se apuntará a “cambiar el esquema de inversión pública por inversión privada”. Para ello, listó como herramientas fundamentales las reformas en la ley de hidrocarburos y la implementación del RIGI.

El legislador de Unidad Federal, Edgardo Kueider (Entre Ríos), uno de los senadores que el oficialismo pretende seducir para sumar voluntades, le reclamó al secretario de Energía por el pasivo que mantiene el Gobierno con las represas de Salto Grande y Yacyreta. “Son prácticamente cinco meses de deuda, se hace imposible operar”, apuntó.

Como respuesta, Chirillo volvió sobre los tres objetivos mencionados en su disertación inicial y destacó: “Una vez lograda la autosuficiencia de la tarifa, que es la que va a mantener la recaudación, el objetivo es normalizar los mercados, que no tenían señales de precios porque el Estado era el que determinaba y planificaba todo”.

Los sueldos de YPF

En medio del debate de la Ley Bases y el paquete fiscal, se coló una noticia que se conoció hace algunos días y que el jefe de bloque kirchnerista en Diputados, Germán Martínez, puso en el centro de la escena. Se trata de los honorarios que percibe el directorio de la petrolera estatal, YPF, compuesto por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, Francos y Rolandi, entre otros.

Tras los cuestionamientos del formoseño José Mayans, que reintrodujo el tema el debate, Rolandi contraatacó: “Divida por 22 a los 70 millones que dijo que cobramos los empleados de YPF”, indicó respecto de lo que percibe un empleado de la empresa estatal. “Cobramos lo mismo que un secretario de Estado: $3,2 millones”, detalló.

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