Ley Bases | El papel de los tres indecisos que definen el resultado, las gestiones del Gobierno y el fantasma de un empate
La sesión está convocada para el miércoles, a las 10; el oficialismo cuenta con 35 voluntades a favor y 34 en contra; el radical Maximiliano Abad y los santacruceños Carambia y Gadano no muestran sus cartas
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Arrancó el tiempo de descuento para el oficialismo en el Congreso. A seis meses de haber asumido, el Senado deberá definir esta semana si le otorgará o no a Javier Milei la Ley Bases y el paquete fiscal. Para ello, los libertarios deberán reunir un mínimo de 37 legisladores, necesarios para iniciar el debate y aprobar las iniciativas. No obstante, por ahora solo tienen aseguradas 35 voluntades, mientras que del lado del rechazo conviven 34. El radical Maximiliano Abad y los dos santacruceños, José Carambia y Natalia Gadano, son los tres senadores que navegan entre ambas orillas, y que serán decisivos para sellar la suerte de las propuestas del Poder Ejecutivo.
Sin el piso de 37 avales, el Gobierno se arriesga a llegar al recinto con la posibilidad cierta de que los proyectos fundacionales de Milei no puedan convertirse en ley en lo que resta del año. Así lo determina la Constitución Nacional respecto de cualquier iniciativa desechada totalmente por una de las cámaras. Este escenario sacudiría a la administración libertaria y desnudaría su debilidad política frente a los mercados, que ya reaccionaron ante la dificultad del Gobierno de exponer gobernabilidad. En cambio, si el Senado le da luz verde a las propuestas del Ejecutivo, se garantizará su sanción a pesar de que tengan que ser devueltas a Diputados para su revisión. La Cámara baja deberá insistir con la redacción original o ratificar los cambios, pero en cualquier caso una versión de la Ley Bases se materializará.
Los 34 apoyos que el Gobierno tiene afianzados en el Senado son aportados por un sector mayoritario de la UCR, Pro, provinciales y peronistas dialoguistas. En la vereda de enfrente se encuentran los 33 integrantes de Unión por la Patria (UP) y el radical Martín Lousteau, quien defenderá un dictamen propio. A pesar de que, como ya ocurrió con el rechazo al DNU 70/23, votará a contramano del resto de su bloque, en el entorno del presidente del Comité Nacional negaron que haya una negociación con el kirchnerismo para voltear la ley.
Los tres senadores que todavía se resguardan en la zona de la indefinición pueden inclinar indistintamente la votación. Abad fue el único radical que no acompañó ningún dictamen y abrió una incógnita respecto de su posición en el recinto. La misma actitud tomó frente al DNU 70/2023, cuando optó por la prescindencia. En este escenario, su abstención podría ser letal para el oficialismo dado que robustecerá al espacio del “no”.
“Vamos a ver qué pasa en los próximos días”, se limitaron a decir cerca del senador bonaerense. Los negociadores de la Casa Rosada, comandados por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, buscaron seducirlo. Lo mismo el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche. No obstante, Abad cultiva un muy buen vínculo con Victoria Villarruel, con quien habla regularmente y hasta compartió un recorrido por su ciudad natal, Mar del Plata. La vicepresidenta es una de las figuras de La Libertad Avanza (LLA) que podría convencer al radical, aunque su rol en las negociaciones por la Ley Bases todavía sufre los embates de las internas oficiales.
Los dos santacruceños se mueven con pies de plomo. A pesar de que Carambia acompañó con disidencias el dictamen del oficialismo, lo hizo después de obtener el incremento del 3% al 5% de las regalías mineras. “Se abre una nueva etapa”, deslizó a LA NACION el senador sobre la llegada de los proyectos del Ejecutivo al recinto. Es decir, a pesar de su apoyo en comisiones, su voto a favor no está garantizado en la sesión. La misma lectura se puede hacer de Gadano, con quien trabaja en sintonía.
Si bien ambos llegaron a la Cámara alta con el andamiaje político del gobernador de su provincia, Claudio Vidal, se mueven con independencia. Por eso, las gestiones políticas de Francos, que lograron excluir a la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) de la privatización total en la Ley Bases, encontraron un límite. Tanto Carambia como Gadano provienen de ciudades petroleras y votarán en contra de cualquier perjuicio al sector. De hecho, es probable que rechacen la reimposición de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, incluso con el diferencial del 22% para los patagónicos. Según contó LA NACION, en el oficialismo dan por perdido este artículo, aunque buscarán insistir en Diputados.
Complicaciones por el viaje de Milei
A este complejo escenario se le suma la posibilidad de que Villarruel deba dejar a cargo de la sesión al libertario Bartolomé Abdala, presidente provisional del cuerpo. Será para ocupar la presidencia cuando Milei se ausente del país para participar de la cumbre del G7 en Italia. Viajará el miércoles por la noche, el mismo día en que está prevista la discusión de la Ley Bases en el recinto. Si bien la convocatoria oficial está hecha a las 10, se esperan más de 10 horas de debate y es probable que se solapen.
A su vez, Abdala será el miembro informante de la sesión por la Ley Bases. Es decir, una suerte de vocero de la sesión, que comunica cómo y qué se vota, y acepta o rechaza los cambios propuestos. De suplantar a Villarruel en la presidencia del recinto, deberá él mismo ser reemplazado por el jujeño Ezequiel Atauche. En un proyecto con más de 200 artículos, es condición imprescindible que quien esté a cargo de esta tarea sepa manejar muy bien el pulso del recinto para retener el control de lo que se somete a votación y evitar que ingresen las balas de la oposición.
Se espera que el kirchnerismo insista con deliberar cada coma de las iniciativas. La semana pasada, Unión por la Patria pidió una sesión especial para el mismo día en que se discutirá la Ley Bases con el fin de someter a debate un pedido de interpelación a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, atravesada por denuncias penales, renuncias y conflictos políticos. Se especula con que los bloques liderados por Juliana Di Tullio y José Mayans intenten esta semana volver a forzar esta solicitud en el hemiciclo.
Por lo pronto, en la reunión de Labor Parlamentaria de ayer el kirchnerismo logró imponer su criterio y los proyectos de Ley Bases y la reforma fiscal se tratarán por separado. Es decir que primero se agotará la discusión y se votará una iniciativa, la Ley Bases, antes de pasar a discutir el paquete fiscal. Más allá de que este esquema estirará el tiempo que demandará la sesión, el oficialismo podría correr el riesgo de perder el quorum una vez terminado el primer debate. Una cuestión muy factible si se tiene en cuenta que la discusión de la Ley Bases podría demandar cerca de siete horas antes de su votación
¿Un empate?
Si la votación no arroja un ganador, el desempate quedará en manos de Villarruel. En el caso de que estuviera reemplazando a Milei en el sillón presidencial, la última palabra quedará en manos de Abdala, quien emitirá su voto como senador y, además, el definitorio. Podrá ser a viva voz o a través del tablero electrónico. En cualquier caso, este desenlace tendrá un resultado favorable para el Gobierno, pero abriría una controversia de fondo, ya que la Constitución Nacional no prevé la doble votación de un senador (”Cada senador tendrá un voto”, dice el artículo 54), como sí lo hace el reglamento del Senado (en su artículo 33).
Lo que está en juego
Además de aprobar su primera ley y dar una señal de robustez al mundo, el gobierno de Javier Milei busca con la Ley Bases y el paquete fiscal instalar una segunda ronda de reformas estructurales, si se cuentan las ya incluidas en el DNU 70/23. Se trata de un compendio menor al inicialmente propuesto en la ley ómnibus, que contenía 664 artículos: el proyecto aprobado en Diputados contiene 232, que incluyen la declaración de emergencias administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, la privatización de nueve empresas: Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Radio y Televisión Argentina e Intercargo, de manera total, y AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Ferrocarriles (SOFSE) y Corredores Viales, de manera parcial. También contiene el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), con beneficios fiscales, aduaneros y cambiaros para inversiones superiores a US$200 millones.
Por su parte, el paquete fiscal reinstala la cuarta categoría de Ganancias para aquellos salarios superiores al $1,8 millones de pesos para los trabajadores solteros y 2,2 millones para los trabajadores casados con dos hijos; un blanqueo de capitales sin penalidades para montos inferiores a US$100.000 y con alícuotas crecientes para el resto; una fuerte baja en Bienes Personales; una moratoria laboral, aduanera y tributaria, y un aumento en las escalas del monotributo.
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