Ley Bases. A pesar de las concesiones que hizo el Gobierno en el capítulo laboral, la CGT mantiene su resistencia

La CGT se transformó en una de las protagonistas de la semana con el segundo paro nacional que le hizo a la administración de Javier Milei en cinco meses. Si la primera huelga, la del 24 de enero pasado, fue una suerte de represalia por la inclusión de la reforma laboral en el DNU 70/2023, ahora no quedó del todo claro por qué generaba tanta resistencia la versión light que terminó concediendo el gobierno nacional para avanzar con la nueva Ley Bases, que ya tiene media sanción de Diputados.

Entre una y otra versión hubo importantes concesiones de la administración libertaria. De la “reforma” a la “modernización” laboral quedaron en el camino puntos centrales con los que el Gobierno buscó de entrada una merma del poder de fuego sindical, con quienes mantiene diferencias que por un lado busca exponer y por otro sabe que debe mantener el diálogo abierto a futuro. En Balcarce 50 consideran que los sindicalistas “están del lado equivocado”, pero también que tienen que sentarse a dialogar sobre distintos puntos y por eso apuestan a que esa conversación se mantenga. Como incluso hicieron en los últimos días y pese a la medida que buscó paralizar el país el último miércoles.

El alcance de una y otra propuesta de cambios en el mundo laboral es muy distinto, e incluso en los pasillos de Casa Rosada admitían que no era la reforma que ellos querían, sino “la que se podía”. Desde fines de marzo en Gobierno mostraron las primeras señales de disposición a tener la luz verde de la cúpula de la central de trabajadores sobre el tema. El encuentro entre las partes finalmente se concretó el miércoles 10 de abril en la sede del Ministerio del Interior, en la planta baja de Balcarce 50 y en la que la administración nacional puso como interlocutores a tres de sus hombres más fuertes: el titular de esa cartera y principal nexo con los sindicatos por su pasado peronista, Guillermo Francos; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el estratega Santiago Caputo.

Por esas horas en el Gobierno admitían que el gesto de la convocatoria a los popes del sindicalismo, entre los que estaban Héctor Daer, Hugo Moyano, Gerardo Martínez, y José Luis Lingeri, tenía que ver con “construir una relación” con miras a futuro y a sabiendas de que no sería sin conflictos o tensiones, y a la vez un “reconocimiento” en lo que en las filas libertarias admitían como un error respecto de cómo se habían manejado en diciembre pasado, cuando sin aviso previo sorprendieron a los sindicalistas con el duro capítulo del DNU, que luego quedó amparado con la justicia.

Pese a todo eso e incluso de la presencia de Santiago Caputo, que fue celebrada por los sindicalistas tanto porque lo tomaban como un aval completo de Milei a las conversaciones así como por el buen trato que pudieron trabar con él, al día siguiente los gremialistas confirmaron el paro del 9 de mayo.

En el medio se terminaba de delinear la versión cada vez más light de la reforma laboral que impulsaron los diputados radicales incluir en la Ley Bases y que el oficialismo se mostró dispuesto a alivianarla cada vez más para lograr su aprobación.

En lo que se terminó incluyendo en la Ley Bases, que se llamó “modernización laboral” y no “reforma laboral”, como figuraba en el DNU, quedaron los puntos de mayor rechazo gremial y adentro las reformas de baja conflictividad.

Entres los que obtuvieron media sanción está el Fondo de Cese Leaboral. Este mecanismo sirve como alternativa a las indemnizaciones y deberá ser constituido mediante convenio colectivo de trabajo; es decir, con un acuerdo entre las cámaras empresarias y el sindicato más representativo del sector. El monto del aporte mensual, que no podrá superar el 8% del salario, corre únicamente por cuenta del empleador y constituirá un fondo de cese laboral.

También se incluyo lo referente al período de prueba. Si bien se mantiene la vigencia de seis meses para la generalidad, este período de prueba se puede ampliar, aunque se contempló un plazo mayor para las Pymes. Podrá ser de hasta ocho meses en las compañías de entre 6 y 100 trabajadores; y de hasta un año en las empresas de hasta 5 empleados. Otro de los puntos incluidos fue el de la promoción del empleo registrado, con eximición de sanciones a empleadores que no tenía a trabajadores registrados.

Se estipuló también un “agravamiento indemnizatorio” en los despidos que, tras una sentencia judicial, se pruebe que estos fueron motivados por un acto discriminatorio. Y la simplificación registral, que establece un régimen simplificado de registración laboral con un aporte único para las empresas de hasta 20 empleados. Además, se prevé un sistema de condonación de multas por trabajador no registrado.

Otro ítem fue el de “Trabajador independiente”, que establece que se podrá contratar hasta otros 5trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo y podrá acogerse a un régimen especial unificado, que estará basado en una relación autónoma, sin que exista vínculo de dependencia entre ellos ni con las personas contratantes de los servicios u obras”. Desde la CGT rechazan este punto porque consideran que promueve la informalidad laboral.

En cuanto a lo que quedó afuera y fueron los puntos de mayor resistencia de la CGT quedaron tres puntos centrales que apuntaban al corazón de la fuerza de los gremios: lo relativo a la cuota sindical opcional, fue desde el comienzo fue el cambio más rechazado por el sindicalismo, dado que limitaba el descuento compulsivo a todos los trabajadores, estuvieran afiliados o no, de la denominada “cuota sindical”. Y que es la suma pactada en los convenios colectivos de trabajo que da el flujo financiero a las organizaciones gremiales y sin los cuales los sindicatos se quedarían sin caja.

También se mantiene la “ultraactividad” al sacarse del proyecto el punto que eliminaba el principio laboral que establece que un convenio colectivo de trabajo mantiene su vigencia hasta tanto no sea reemplazado por otro. De haberse aprobado implicaba que, si no hay acuerdo de partes entre gremios y empleadores, se abren las negociaciones por rama de actividad, lo que baja drásticamente la injerencia de los sindicatos e iba en línea con un pedido de larga data por parte del empresariado. Era, junto con el anterior, el otro de los puntos más resistidos por el sindicalismo que con ambos veía en jaque su poder de fuego de forma total.

También, a diferencia de lo que estaba incluido en el DNU, se sacó del proyecto el artículo que consideraba como “justa causa” de despido a la participación en bloqueos sindicales o tomas de establecimiento. A diferencia de esa versión inicial se estableció que el punto sea incorporado al Código Penal, con el que se apuntará que quien realice ese tipo de acciones pueda ser reprimido con seis meses a tres años de prisión.

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