Lenguaje claro: el derecho ciudadano es comprender

“Argentina, 1985″ es una muestra de lo que fue capaz nuestro país en los comienzos de la democracia. El film, ovacionado en el Festival de Venecia y en los cines locales, se centra en la actuación de los fiscales a cargo de una investigación sin precedentes en la historia mundial. Una tarea que terminó con la condena de la Junta Militar, algo por lo cual los argentinos nos sentimos orgullosos.

El nuevo paradigma al que debemos acercarnos contempla ideas como transparencia activa, gobierno abierto, acceso a la información pública, mecanismos de control, seguridad jurídica, confianza en las instituciones, y calidad democrática. Todos presupuestos que buscan favorecer la participación ciudadana en la defensa de sus derechos.

En la Ciudad de Buenos Aires desde hace años venimos trabajando con el fin de modernizar la Justicia, dejando de lado el histórico ritualismo formal escrito de la práctica cultural tribunalicia. Esto es posible gracias a nuestro sistema acusatorio y adversarial, en el que los y las fiscales investigan de manera dinámica y flexible, en un marco que prioriza la oralidad, la eficiencia y la rapidez en la solución de los conflictos. La pandemia demostró que las audiencias a través de videoconferencias simplificaron cuestiones que antes parecían imposibles, acortando las distancias y los tiempos de manera significativa.

Además, hemos avanzado en simplificar y clarificar varios de nuestros procesos de trabajo gracias a las herramientas que provee la justicia procedimental. En términos generales, esta teoría ha demostrado que la legitimidad de las instituciones aumenta en función de la calidad de los procedimientos. Esa mayor legitimidad garantiza, a su vez, que las personas se comprometan más y de mejor manera con el cumplimiento del derecho. En esta política se inscriben las acciones que buscan una mejor interacción entre las fiscalías con la ciudadanía. Algunos ejemplos son: la incorporación de procedimientos al Área de Flagrancia Contravencional, que atiende los casos vinculados con el cuidado ilegal de vehículos en la vía pública, la guía de actuación para el trámite de las infracciones por conducción bajo los efectos de alcohol y otros estupefacientes, el protocolo para la notificación de las medidas de protección en los casos de violencia de género y el proyecto piloto de “justicia procedimental en las suspensiones del proceso a prueba”.

En el Ministerio Público Fiscal llevamos adelante un Programa de Lenguaje Claro a nivel institucional que es inédito en la justicia argentina. Entre otras acciones, encaramos, a través de la Resolución FG 95/22, la capacitación obligatoria en lenguaje claro de todo el personal. Es un gran desafío, una labor personalizada e interdisciplinaria, llevada adelante por un equipo que cuenta con una profesional en lingüística y con el apoyo de especialistas del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Mediante talleres de sensibilización y de formación, se brindan recursos para transformar los documentos judiciales en textos comprensibles para la ciudadanía en general.

Trabajar por el efectivo acceso a la Justicia de la ciudadanía implica no solo facilitarle los medios para que pueda, por ejemplo, realizar una denuncia penal, sino también que entienda lo que ocurre luego de esa denuncia. Expresiones como “fojas” y “autos y vistos” son incomprensibles para la mayoría de las personas que no estudiaron derecho. Si queremos contribuir a cambiar la mirada de la sociedad hacia la Justicia, debemos mejorar lo que hacemos y la manera en que lo comunicamos. Solo así podremos reconstruir nuestro vínculo con la sociedad. Mi objetivo es lograr que las notificaciones, oficios, resoluciones y actuaciones del Ministerio Público Fiscal de la ciudad estén escritos en lenguaje claro.

Hoy, 13 de octubre, celebramos el Día Internacional del Lenguaje Claro. Hace doce años, el entonces presidente norteamericano, Barack Obama, firmó la “Plain Writing Act” (Ley de escritura simple) que obligó a los entes administrativos federales a incorporar esta metodología en la redacción de los textos del gobierno federal. En esa línea, y sabiendo que el derecho a la información pública está contemplado por nuestra Constitución Nacional y por los tratados internacionales de derechos humanos, debemos asumir el compromiso respetándolo y acompañándolo con una política pública activa. Un gobierno del pueblo, para el pueblo, necesita ser comprendido por toda la ciudadanía.

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El autor es fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP)

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