Lázaro Báez fue favorecido en un caso donde se lavaron millones usando a indigentes, alcohólicos y analfabetos
En la causa en la que Lázaro Báez fue excarcelado, el empresario espera ahora ser juzgado por haber blanqueado unos 200 millones de pesos mediante "cuevas financieras" que se valieron de cuidacoches, indigentes, enfermos, analfabetos y alcohólicos para crear sociedades que simulaban la prestación de servicios.
Es la causa que se conoce como M&P, por el nombre de la empresa de Báez que intermedió entre las "empresas de papel" dirigidas por los indigentes y las "cuevas" para ingresar los fondos, según describió el juez federal Sebastián Casanello al procesar a los "cueveros" que facilitaron la maniobra.
Según la Justicia, la maniobra de blanqueo se realizaba en seis pasos:
- El grupo contaba con dinero negro, generado en la corrupción y la evasión.
- Canalizaba ese dinero en efectivo en "cuevas financieras".
- Utilizaba a la empresa M&P, del grupo Báez, y la colocaba en medio, entre las cuevas y Austral Construcciones SA mediante la firma de tres convenios de gestión de cobranzas. Es decir que la empresa M&P supuestamente había contratado para que hiciera los cobros de Austral.
- Transfería dinero desde las cuentas de estas supuestas "cuevas financieras" a las cuentas de M&P del Grupo Báez en el Banco Nación.
- Se simulaba una operación comercial para justificar el movimiento de los fondos.
- La familia Báez se hacía con el dinero blanqueado transferido a la cuenta de su empresa.
Los testaferros usados
El caso más evidente es el de Lorenzo Antonio González de Xhoris, que se gana la vida cuidando coches y vivía junto a sus padres, pero constituyó una sociedad que transfirió más de 5.500.000 pesos. Todos los prestanombres usados son testigos en la causa, no imputados.
Enrique Esteban Pedroza vive en San Francisco Solano, en Quilmes, con su hija, su yerno y su nieto en una casa prefabricada de madera y techo de chapa con dos habitaciones y cocina comedor, sobre una calle de tierra en zona inundable. El baño está fuera de la casa. Pedroza hizo hasta tercer grado y se reconoce como analfabeto. No sabe leer ni escribir. Reconoce los números, pero no puede hacer operaciones matemáticas. Trabajó como podador, en carga y descarga, ayudante de albañil y colabora en un merendero de una cooperativa, donde cobra 8500 pesos. Su perfil no le permite transferir 8.000.000 de pesos.
Julio Raymundo González tiene problemas para recordar fechas o acontecimientos. Con 62 años y la primaria completa, se dedicaba a hacer veredas, pero sufrió un ACV, por lo que está de licencia. Vive con su madre, de 83 años, con su hermano, de 55 años –que también sufrió un ACV y tiene problemas motrices– y con su hermana. Comenzó a trabajar a los 14 años de canillita, trabajó en una feria y luego en la construcción. Cobra la mitad del sueldo por la licencia y su madre, 13.000 pesos de jubilación. Su perfil no cuadra con el blanqueo de casi 3.500.000 de pesos.
Carlos Vicente Acosta es indigente, sin educación y alcohólico.Convive con su madre en Villa Ballester, en una casa sobre terrenos fiscales construida por su padre y su hermano, a 15 cuadras del centro. Es jardinero o pintor. Trabajó desde los 11 años en una carnicería, en un supermercado, como tornero, en una fábrica textil, en la construcción, pero su problema con el alcohol le hizo dejar todos los empleos. Llegó borracho a la escribanía donde le hicieron firmar un acta a cambio de unos pocos pesos. Su perfil no coincide con una persona que pudo lavar casi 15.000.000 de pesos.
Mirta Florentina Duarte no terminó la primaria y junto a su hija recoge cosas de la calle y las vende en una feria. Cuando vivía en Claypole una persona se le acercó, le prometió un plan social, le pidió que firmara unos papeles y le dio 200 pesos. Al poco tiempo volvió y le entregó la misma suma sin motivo. Duarte tampoco es una persona con los conocimientos para lavar más de 5.863.000 de pesos.
José Luis Osvaldo Carbonell, albañil enfermo de hepatitis C pero sin poder tratarse, contó que trabajaba en Villa Ballester y se le acercó una persona que le prometió un plan social y a cambio le hizo firmar unos papeles. Se reunieron en una estación de servicio y firmó. Le dieron durante 4 meses 300 pesos cada mes. Tampoco posee un perfil compatible con un lavador que blanqueó 3.450.000 pesos.
El juez los sobreseyó a todos, pues se abusaron de su ignorancia y aceptaron no solo por haber sido engañados, sino por la necesidad que los apremiaba.
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