Cristina Kirchner y el audaz intento de plasmar el lawfare en el texto de la ley

Más una categoría de análisis político que una definición extendida en la doctrina jurídica, el lawfare es entendido como la continuación de la guerra por otros medios, los judiciales. Cristina Kirchner lo definió con la síntesis de un tuit: "El objetivo del lawfare es la destrucción de opositores políticos mediante la utilización ilegal de procedimientos judiciales y administrativos, por parte de funcionarios públicos y de sectores del Poder Judicial, en perfecta coordinación con los medios de comunicación hegemónicos".

Es decir, es la utilización política del aparato judicial para la persecución del adversario, amplificada por los medios de comunicación.

Esta definición, para la vicepresidenta Cristina Kirchner, explica sus desdichas judiciales. Y se la gritó en la cara a los jueces que la juzgan por la obra pública.

No hay normas que registren este término, pero su definición podría quedarse plasmada en la ley de reforma de la Justicia Federal, si se aprueba la cláusula que introdujo el senador nacional Oscar Parrilli en el artículo 72 del dictamen. Allí se señala que el juez debe comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influenciar en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, de otros funcionarios de los poderes Judicial, Ejecutivo o Legislativo, de amigos o de grupos de presión. Deberá pedir al Consejo de la Magistratura medidas de resguardo, que no se explican cuáles son. Y si no hace esto de inmediato será juzgado por mal desempeño.

Como están redactas las cosas, el artículo defendido por Parrilli parece la descripción del lawfare que denuncia el kirchnerismo: la colusión de los poderes fácticos para determinar el rumbo de una causa contra el enemigo. Y si la presión no es denunciada en el momento, no vale. Casi como lo que hizo la jueza Ana María Figueroa cuando declaró ahora que Juan Bautista Mahiques la había presionado años atrás. Se abrió una causa por esas afirmaciones, pero allí la jueza dijo que entendía que esa actitud hubiera sido un delito.

En el kirchnerismo explicaron que ahora se busca proteger al juez y a su familia. Y pusieron el curioso ejemplo del exjuez Eduardo Freiler, cuando Jorge Lanata llamó a escrachar a sus hijos. "Es para que avisen sobre estas presiones y les pongan custodia a los hijos", explicaron. Y advirtieron que no hay sanción a los periodistas. Eugenio Zaffaroni dijo que es para prevenir al Consejo de la Magistratura que no tome medidas contra el juez.

Sin embargo, en la prensa y en el ámbito del derecho el artículo fue interpretado como un bozal para los periodistas de opinión, que deberían cuidarse de criticar un fallo judicial, porque el juez puede entender que es una presión en su contra y pedir resguardo contra el periodista al Consejo de la Magistratura. ¿En qué consistirá ese resguardo? ¿En promover una denuncia contra el periodista para acallarlo?

Críticas

Los jueces son funcionarios expuestos a la crítica y va de suyo que es parte del cargo no tomar decisiones sobre la base del humor público o la crítica mediática, sino de acuerdo con la ley.

Si se entiende que el lawfare es una manera de los gobernantes de influir sobre los jueces está mal y ya está castigada por la ley. El periodismo es un asunto aparte. El periodismo no es un poder político, es una actividad que sirve de control de los funcionarios.

Mal juez es el que se deja influenciar por la opinión pública –o el carpetazo político– para alejarse de la ley. Y esto ya está castigado.

El texto de la norma es sobreabundante. Porque no hace falta una ley para decirle al juez que no debe recibir presiones. Pareciera, en cambio, una modificación que busca dejar escrito en una ley la existencia de presiones mediáticas, equiparadas a las de los actores políticos, para desconocer las críticas de la prensa.

El Código Penal castiga al juez cuando decide apartándose de la ley. Se llama prevaricato. Por eso los juristas se preguntan para qué incluir esta cláusula si ya existe el castigo para esa conducta. Se contestan que para cualquier finalidad política que se haya propuesto el Gobierno. Así, ante comentarios periodísticos de cierta intensidad, el juez estaría habilitado a pedir resguardo al Consejo. Esto hablaría mal del juez, porque un magistrado no puede ser influenciable. Cualquier crítica podría ser considerada una presión, objeto de denuncia y una amenaza contra los periodistas.

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