Lavado de dinero | Abogados cuestionan el plan del Gobierno de obligarlos a reportar las operaciones sospechosas de sus clientes
La principal crítica al proyecto es que violaría el secreto profesional; el Colegio Público de CABA ya le había hecho saber al Congreso su disconformidad con la iniciativa
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Gustavo Schaposnik
El proyecto del Gobierno de obligar a los abogados a reportar las operaciones sospechosas de lavado de dinero de sus clientes puso el alerta a algunos referentes del mundo de la abogacía.
El Gobierno decidió avanzar por esta vía con el objetivo de cumplir con los requisitos del Grupo Internacional de Administración Financiera (GAFI). Para la gestión de Javier Milei, la aprobación de la revisión del GAFI es esencial para tener una política exterior alineada a los Estados Unidos, en contra del terrorismo y el lavado de dinero.
“Viola el secreto profesional y es absolutamente innecesario. Las propias notas interpretativas del GAFI dicen que no debe incluirse a los abogados si las actividades subyacentes ya se encuentran obligadas a ser informadas. El Colegio Público se opone enfáticamente a que se incluya a los abogados”, dijo a LA NACION Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El proyecto de ley que se preveía tratar en el Congreso y que ahora se planea impulsar como decreto de necesidad y urgencia fue aprobado en 2023 por la Cámara de Diputados y frenado por el Senado. En aquel entonces, el Colegio Público de Abogados de la Ciudad envió una nota a la Cámara alta explicando los motivos del desacuerdo. Este año volvieron a enviarla al Congreso.
Bienvenido Rodríguez Basalo, presidente del Consejo Superior de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y presidente del Colegio de Abogados de Quilmes, dijo a LA NACION: “No es la primera vez que debemos expedirnos sobre el tema, que consideramos violatorio del derecho de defensa y el secreto profesional”.
Otros abogados consideraron que la medida que analiza tomar el Gobierno sería inconstitucional. Jorge Rizzo, miembro del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y referente de la asociación civil Gente de Derecho, dijo a LA NACION: “Es inconstitucional de cabo a rabo porque viola el secreto profesional, obligación primaria e ineludible de los abogados. De salir, nuestra asociación planteará su inconstitucionalidad”.
La advertencia sobre la posible violación del secreto profesional fue una crítica repetida por diferentes abogados. Julio César Sorrentino, vicepresidente del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de San Martín y presidente del Partido Demócrata Progresista de San Martín, fue uno de ellos: “Una norma de ese tipo entraría colisión con el secreto profesional del abogado, por lo que sería inconstitucional”.
El GAFI prevé una serie de evaluaciones que comenzarán en marzo, pero que continuarán en junio y en octubre. Para una buena calificación se requiere la implementación de medidas como incrementar las multas por infracción, la creación del registro de beneficiarios finales, la creación de un registro de proveedores o la inclusión del tipo penal a las actividades relacionadas al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva (estas dos últimas reformas no se pueden implementar por DNU).
Por Gustavo Schaposnik
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