Lava Jato: se cumplen tres años sin que lleguen las evidencias de Brasil sobre las coimas de Odebrecht
LA NACIONHugo Alconada Mon
Tres años después, todas las evidencias sobre quiénes son los argentinos que cobraron coimas de Odebrecht siguen en Brasil. La Justicia argentina aún no accedió a las confesiones de los exejecutivos que saben cómo y cuánto pagó el gigante brasileño para quedarse con cada uno de los tres proyectos de obra pública que manejó en la Argentina por miles de millones de dólares.
El material incluye las "delaciones premiadas", documentación interna de Odebrecht y registros electrónicos con fechas, montos, apodos, cuentas bancarias y sociedades offshore que se utilizaron para pagar esos sobornos. Pero todo ese material continúa en un limbo jurídico, entre Buenos Aires, Brasilia y Curitiba.
La demora en acceder a ese material se explica en incompatibilidades legales entre ambos países, desidia burocrática, desinterés de algunos funcionarios judiciales argentinos y pruritos de otros, desconfianza brasileña, y la labor de algunas defensas y lobistas a ambos lados de la frontera, según reconstruyó LA NACION durante semanas.
El fiscal argentino que más lejos llegó en su intento por acceder al material es Franco Picardi, a cargo de investigar las coimas que pagó el consorcio que integró Odebrecht, Ghella, Comsa e Iecsa –entonces controlada por Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri- por el proyecto para soterrar el tren Sarmiento con un presupuesto de US$1500 millones.
Picardi logró que las autoridades brasileñas le manden un primer bloque de información, pero de menor relevancia. Aún no accedió al material más sensible, centrado en las confesiones de Luiz Antonio Mameri, exvicepresidente de Obebrecht para América Latina, y otros ejecutivos del holding brasileño, por lo que deberá reiterar su pedido.
Mameri y otros arrepentidos brasileños expusieron ante los investigadores del Lava Jato cómo pagaron sobornos al entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y a otros funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, que lideraba Julio De Vido, según surge del material que obtuvo y publicó LA NACION durante los últimos años.
El acceso formal a las evidencias sobre los otros dos proyectos de Odebrecht en la Argentina, en tanto, resulta una incógnita. Esos proyectos apuntaron a la extensión de las redes troncales de gasoductos y a la construcción de una planta potabilizadora de agua para AySA en Paraná de las Palmas.
Por su parte, Picardi avanzó con los apoyos del procurador general interino, Eduardo Casal, y de la Cámara Federal porteña, que intervino a raíz de las objeciones que plantearon las defensas de De Vido y de quien fuera la mano derecha de Calcaterra en Iecsa, Javier Sánchez Caballero.
Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia estimaron en junio de 2019 que correspondía "homologar lo actuado" por Picardi. Concluyeron que actúa según sus atribuciones y la legislación argentina al impulsar un acuerdo con las autoridades brasileñas.
Ese acuerdo con Brasil, sostuvo la Cámara, impone que solo podrá "emplear informaciones y pruebas obtenidas únicamente en la presente investigación", sobre el tren Sarmiento, "así como también de no utilizar esas informaciones y pruebas contra el (los) colaborador(es) del Ministerio Público Federal brasileño". Es decir, los "delatores premiados" de Odebrecht. Entre ellos, Mameri, Fernando Migliaccio, Marcio Faria da Silva, Luis da Rocha Soares, Hilberto Mascarenhas, Alves da Silva Filho y Olivio Rodrigues Junior.
¿Qué podría ocurrir si las evidencias, al fin, llegaran de Brasil? Los exfuncionarios kirchneristas, como así también Calcaterra, su otrora mano derecha Javier Sánchez Caballero y el intermediario Jorge "Corcho" Rodríguez, podrían afrontar serios problemas penales, según consta en copias de esas "delaciones" y otros materiales que obtuvo LA NACION.
Más proyectos, más "delatores"
Mientras tanto, en la investigación por las coimas que desembolsó Odebrecht en el proyecto para extender las redes troncales de gasoductos, otro brasileño podría contar todo lo que sabe al juez federal Daniel Rafecas y al fiscal Federico Delgado. Se llama Marcio Faria y ya fue condenado a 30 años de prisión en su país, más una multa por US$6 millones. Pero se convirtió en delator y contó en Brasil lo que sabe. Él también señaló al "Corcho" Rodríguez como intermediario, junto al entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner.
Ambos, el "Corcho" Rodríguez y Wagner, también fueron identificados por Mameri a la hora de pagar sobornos por otros US$14 millones en el tercer proyecto de obra pública que ganó Odebrecht en el país: la construcción de una planta potabilizadora de agua para AySA en Paraná de las Palmas, pesquisa a cargo del fiscal Delgado y del juez Sebastián Casanello.
Las evidencias que duermen en Brasil incluyen, entre otros materiales, listados completos con los apodos o "codinomes" de intermediarios y receptores. Entre ellos, uno identificado como "Rolha", que en portugués significa "Corcho". Y otros dos, "inseto" y "cuca", acaso en alusión a la palabra "cucaracha". ¿Cómo se dice en portugués? Barata.
En total, la División Sobornos de Odebrecht registró al menos 64 receptores o intermediarios vinculados a transacciones ilegales con la Argentina, según surge del análisis de 13.000 documentos del área de Operaciones Estructuradas a los que accedió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra LA NACION. La llave para precisar quiénes son sigue en Brasil.
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