Lava Jato en la Argentina: la fiscalía pidió elevar a juicio oral la investigación por las coimas en AySA
LA NACIONHugo Alconada Mon
El fiscal federal Federico Delgado pidió hoy elevar a juicio oral la investigación penal por el presunto pago de sobornos multimillonarios en el proyecto para construir una planta potabilizadora de agua para AYSA en Paraná de las Palmas, con el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, como el principal acusado.
Delgado consideró probado que De Vido y otros veinticinco acusados habrían participado en una operatoria ilícita destinada a adjudicarle ese proyecto al consorcio liderado por la constructora brasileña Odebrecht a cambio de coimas que circularon a través de sociedades offshore y paraísos fiscales, con el lobista Jorge "Corcho" Rodríguez como uno de los supuestos intermediarios.
La requisitoria del fiscal se suma así a los pedidos de elevación a juicio oral queya presentaron la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), que mantuvieron su decisión de avanzar con la pesquisa a pesar del cambio de autoridades políticas.
Tanto la fiscalía como la OA y la UIF plantearon sus argumentos luego de que el juez federal Sebastián Casanello dio por concluida la investigación con 19 procesados. Entre ellos, De Vido; su entonces número dos, Roberto Baratta, y el ex secretario de Obras Públicas, José López, como así también el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner; los empresarios Aldo Roggio y Tito Biagini, y el ex titular de AySA, Carlos Ben.
La investigación sobre AySA se convirtió así en el primer expediente vinculado al capítulo argentino del Lava Jato que, de no mediar contratiempos, llegaría a la instancia de juicio oral por una acusación formal por presuntas coimas, dado que el juez federal Daniel Rafecasya elevó a la instancia oral otra pesquisa –centrada en los gasoductos que construyó Odebrecht-, pero no por coimas.
Hasta ahora, transcurridos tres años desde que quedaron a disposición de otros países, los tribunales federales de Comodoro Py aún no lograron acceder a las evidencias que los fiscales del "Lava Jato" acumulan en Curitiba sobre los delitos que cometieron Odebrecht y sus consorcistas en la Argentina.
Según reconstruyó LA NACION, ese material incluye las confesiones de varios "delatores premiados" brasileños y documentación en la que se detalla quiénes intermediaron en los sobornos –y señalaron por sus nombres a Wagner y al "Corcho" Rodríguez–, y quiénes habrían recibido las coimas, entre los que identificaron a Baratta y al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, entre otros.
El material del "Lava Jato" disponible sobre la Argentina, también incluye precisiones sobre la forma en que se pagaron esos sobornos a través de cuentas bancarias en Uruguay, Panamá y el Principado de Andorra, entre otras escalas, además de la entrega de dinero en efectivo en la ciudad de Buenos Aires.
Hasta el momento, Odebrecht reconoció ante la Justicia brasileña y en Estados Unidos que pagó sobornos en Brasil y una docena de países cuyas autoridades solicitaron acceso al material acumulado en Curitiba. Hasta el momento, solo la Argentina, Venezuela y Angola permanecen sin acceder a las evidencias.
El caso
Aún sin ese material, el juez Casanello encaminó la pesquisa, que confirmó la Cámara Federal. Según resumió el fiscal Delgado, "los funcionarios, con la imprescindible colaboración de los empresarios, traicionaron los intereses públicos confiados y perjudicaron al Estado. Para hacerlo usaron la ley como instrumento. Eludieron cada control. Pero hicieron que parezca que no. Toleraron la cartelización de las empresas, pero fraguaron la competencia".
Por eso, Delgado acusó a De Vido, López, Baratta, Carlos Ben y Raúl Biancuzzo por el presunto cobro del soborno "pagado por los empresarios por la contraprestación de la adjudicación irregular de la obra pública y la concesión de ventajas indebidas", mientras que acusó como intermediarios a Wagner y al "Corcho" López, con la asistencia de tres colaboradores, dos uruguayos –Martín Molinolo y Carlos Dentone- y de un argentino, Osvaldo Gandini.
El fiscal también acusó al propio Wagner, y a Roggio y a Biagini de pagar "su parte proporcional de la contraprestación ilegal", junto con once supuestos partícipes: Eduardo Blomberg, Conrado Martín, Pedro Casiraghi, Lucas Cesa, Diego Pugliesso, Roberto Fabián Rodríguez, Gustavo Dalla Tea, Miguel Cabanne, Raúl Batallán, Sergio Chividini y Jaime Juraszek Junior.
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