Laura Alonso: "Para investigar al Presidente están la Justicia y el Congreso"

Laura Alonso termina de chatear con el presidente Mauricio Macri para anunciarle un triunfo: "Cuando se trata de plata, se informa de inmediato", explica. Acaba de ganar un caso en la Cámara Federal y el Estado no le deberá pagar a la constructora brasileña Odebrechtlos $1500 millones que reclama por la caída de los contratos de obra que se aseguró mediante coimas.

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA) sostiene que para investigar al Presidente están el Congreso y el Poder Judicial y se indigna cuando se compara a los funcionarios de Cambiemos con empresas offshore con la corrupción kirchnerista. También dice que no le preocupa que el avance del caso Odebrecht deje expuesto al primo de Macri Angelo Calcaterra, exdueño de Iecsa, y reclama "investigar hasta el final" a los aportantes truchos de la campaña de María Eugenia Vidal en Buenos Aires. Pero no cree que sea lo mismo que ocurrió durante el kirchnerismo.

-¿Cuál es el margen de independencia de la OA si depende del Poder Ejecutivo y usted está a tiro de decreto del Presidente?

-En la ley que enviará el Presidente al Congreso en el segundo semestre está previsto que se la dote de autonomía funcional y de un mecanismo de selección y remoción para su titular con intervención del Parlamento. Se prevé la creación de autoridades de aplicación de la ley de ética pública en el Congreso, la Corte, la Procuración.

-De todos modos, la autonomía de la OA sigue siendo limitada.

-Es un órgano de control interno del Poder Ejecutivo que cuando detecta un caso de corrupción, lo denuncia. Para controlar al Presidente están el Congreso y el Poder Judicial.

-¿En el kirchnerismo era la corrupción y en Cambiemos son el conflicto de intereses, el blanqueo y la patria offshore?

-Son peras y manzanas, es incomparable. El conflicto de intereses es una situación vinculada a la ley de ética pública que no conlleva un delito. Un conflicto de intereses bien administrado no genera una negociación incompatible.

-Es una línea muy delgada y siempre queda la sospecha.

-Si el conflicto está administrado y separados los asuntos, y el funcionario hace lo que se le instruye que haga, no tiene por qué sufrir ninguna consecuencia penal. Si el conflicto de intereses no está resuelto o es ocultado por el funcionario, es cuando se resuelve en tribunales.

-¿Eso se aplica al blanqueo?

-En el marco del sinceramiento fiscal muchos ciudadanos comenzaron a pagar impuestos sobe esos activos, como debe ser. Si esos activos en el exterior fueron adquiridos de manera lícita, declararlos es correcto en la AFIP y en la OA. Si esos activos en el exterior son de origen ilegal, las consecuencias son penales.

-¿Hubo una inconducta anterior del funcionario al no declararlos?

-[Hace una larga pausa]. Eso lo tiene que definir la Justicia, no corresponde que lo digamos desde la OA.

-¿Que rol cumplió la OA en el caso de Luis Caputo, denunciado por no declarar fondos offshore?

-La OA lo analizó en dos ocasiones: por su pertenencia a una consultora y por su rol como presidente del Banco Central. Produjimos una información y ya fue sobreseído por el juez de la causa. Tienen que autolimitarse en inversiones específicas: no puede comprar letras que emita el Banco Central.

-¿Se va a avanzar en el acuerdo con Brasil por el caso Odebrecht? ¿Teme que alcance al primo del Presidente?

-No hay un acuerdo cerrado con Brasil, pero va a haber información y habrá indagatorias y procesamientos en este segundo semestre. No hay preocupación. Odebrecht es la segunda entre las causas de corrupción más grandes del mundo, después de Siemens. Aspiramos a que la Justicia esta vez haga las cosas bien y no como en el caso Siemens.

-¿Sigue en deuda la Justicia?

-Sí, el problema es sistémico.

-¿Están demorados los juicios?

-Algunos de los juicios pueden estar atrasados y algunas causas deberían ser elevadas a juicio en los próximos meses. Hay algunos jueces que deciden dividir la causa en dos, elevar una parte y dejar la otra en instrucción, con el riesgo de que prescriba. Por ejemplo, en la causa Ciccone quedó en instrucción el caso de Fonfipro, en que fueron indagados el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, Ricardo Echegaray y Jorge Brito y hace 10 meses que estamos esperando una resolución.

-¿Habrá juicios contra funcionarios de Cambiemos mientras Macri esté en el gobierno?

-Si hay razones suficientes debería haberlos, sería la manera de los jueces de demostrar su independencia, que la tienen. Pero las evidencias rimbombantes que señala la oposición en las denuncias de los medios no tienen la misma solidez a la hora de probarlas en tribunales.

-¿Qué piensa sobre los aportantes truchos de la campaña bonanse de Cambiemos?

-Hay que investigar hasta el final, me gustaría un análisis integral de todas las campañas. La Justicia tiene que hacer lo que corresponde.

-¿Es lo mismo que pasó durante el kirchnerismo?

-No puedo concluir que la situación es la misma por trascendidos. Si no hay una sanción judicial penal y económica para los partidos -y no la ha habido desde 2003, cuando entró en vigor esta ley-, es probable que muchos sientan que pueden seguir haciendo cualquier cosa.

-Se habla de empresarios que aportaron y no lo blanquean.

-Creo en la transparencia total. La reforma de la ley de Cristina Kirchner prohíbe el aporte de empresarios, pero andá a preguntarle a Daniel Scioli cómo financió su campaña.

-¿Con Cambiemos ocurre lo mismo?

-Hay que promover la transparencia, pero siempre hay fuentes prohibidas de financiamiento.

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