Las universidades de todo el país convocan a una marcha en defensa de la educación y en contra del recorte presupuestario

Un día después de la presentación de diez integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en el Congreso, la entidad que reúne a las universidades de todo el país aprobó de forma unánime la convocatoria a una marcha en defensa de la educación pública. La decisión surgió durante el plenario de Rectoras y Rectores que se realizó este martes en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Si bien todavía no hay precisiones en cuanto a cuál será el epicentro, en un comunicado emitido tras el encuentro de las autoridades precisaron que la manifestación se hará el 23 de abril en la Ciudad de Buenos Aires.

“Convocamos a una gran demostración nacional en defensa de la educación y del sistema universitario público argentino. En conjunto con las representaciones docentes, nodocente y estudiantiles. Toda la comunidad universitaria, toda la sociedad, porque el futuro está en juego. Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación”, señalaron.

En el documento, destacaron que “la situación económica financiera que atraviesa el sistema universitario público es grave y que necesita urgente respuesta por partes de los poderes del Estado nacional” y recordaron que, en ese camino, hubo una serie de reuniones “con distintos representantes de Poder Ejecutivo” donde plantearon la compleja situación del sistema” y expresaron la preocupación por la falta de acuerdos paritarias en desmedro del poder adquisitivo de los trabajadores, por el deterioro del sistema científico, tecnológico y de innovación”, además de “la suspensión total de obras de infraestructura científica y universitaria en ejecución”.

En la misma línea, pusieron el foco en la falta de actualización de los gastos de funcionamiento, la no renovación del los sistemas nacionales de becas y la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Frente a este difícil escenario, destacaron que “la sociedad argentina tiene una alta valoración de sus universidades públicas a lo largo y a lo ancho del país”, tanto por su tarea de formación, como por su tarea en la construcción del conocimiento, por la transferencia al mundo de la producción y del trabajo, por las tareas de extensión y la solidaridad con los sectores más postergados”.

En estas circunstancias, el CIN reparó en la necesidad de que la sociedad en general y la comunidad universitaria en particular acompañen el reclamo y exigieron que “cualquier acuerdo que se promueva a nivel nacional priorice como central la cuestión educativa”. “Se trata de la defensa de la sociedad argentina en su conjunto, que sí quiere resolver sus problemas estructurales, debe priorizar la educación pública que nos iguala y hace libres, la formación universitaria de excelencia y la inversión en ciencia y tecnología y, consecuentemente, jerarquizar su asignación presupuestaria.

Defendemos el derecho de las y los jóvenes de acceder, según su deseo y vocación, a la educación pública superior de excelencia, no arancelada y con ingreso libre. Un sistema abierto que promueve la movilidad social y las transformaciones de nuestras comunidades, del que nuestras y nuestros graduados son su mejor expresión.

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