Las tensiones políticas dilatan la reforma en el Consejo de la Magistratura
El oficialismo espera órdenes de Cristina Kirchner, pero cuestiona el proyecto del Gobierno; pelea entre los abogados por la fecha de las elecciones para designar nuevos consejeros
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El 15 de abril vence el plazo para que el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de nombrar y remover jueces, recupere el equilibrio entre sus integrantes y les quite peso a los políticos sobre jueces y abogados, a la hora de votar las designaciones o los juicios políticos de los magistrados. Así lo había dictaminado el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la ley redactada de letra y puño por Cristina Kirchner y sancionada en 2006.
Ese plazo es fulminante según lo estableció el máximo tribunal, el que advirtió en su pronunciamiento que si no se hace nada para esa fecha el Consejo se vuelve “inoperativo”.
La Corte indicó dos caminos: o el Congreso aprueba una nueva ley que le devuelva el equilibrio al Consejo de la Magistratura entre los estamentos políticos y técnicos o, en esa fecha, se regresará a la integración que fijaba la ley de 1999: 19 miembros, con mayor representación de jueces y académicos, y presidido por el titular de la Corte.
Por el momento, ninguna de las dos vías pareciera fácil de transitar, lo que agranda el fantasma del cierre del Consejo de la Magistratura, que dejaría de funcionar hasta que el mandato de la Corte se cumpla.
En el Congreso, el panorama se presenta oscuro por la difícil situación política por la que atraviesa el Frente de Todos, cruzado de disputas internas que no hacen más que demorar hasta las definiciones más pueriles en materia legislativa.
La onda expansiva del golpe de puño que Máximo Kirchner pegó sobre la mesa oficialista, al renunciar a la jefatura del bloque de diputados, se extendió más allá del debate por el arreglo de la deuda con el FMI.
El gesto no hizo más que soliviantar a los sectores ultrakirchneristas que, desde el minuto uno, rechazaron el proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Senado el año pasado, apenas unos días antes de que la Corte emitiera su fallo.
“Ella no lo quiere”, repiten en algunos despachos oficialistas. Se refieren así a Cristina Kirchner, quien hasta el momento no ha dado instrucciones sobre qué camino seguir con el proyecto del Poder Ejecutivo.
Necesidad de consensos
Otro problema para el oficialismo es la certeza de que ahora cualquier iniciativa deberá contar con el suficiente consenso político para convertirse en ley.
Si bien Cristina Kirchner parece haber construido una nueva mayoría en el Senado, a pesar de haber perdido seis bancas en el recambio de diciembre, la debilidad numérica en que quedó el Frente de Todos, y especialmente sus aliados, en Diputados hace imposible soñar con avanzar con una propuesta sin un mínimo acuerdo con Juntos por el Cambio. Y, se sabe, la vicepresidenta no quiere saber nada con la escudería que integra Mauricio Macri.
En la oposición tampoco se muestran demasiados compelidos a tratar el tema durante las sesiones extraordinarias de febrero. “Tenemos hasta abril para sancionarlo, hay tiempo”, opinó un senador radical.
Por lo pronto, la mesa nacional de Juntos por el Cambio logró fijar una posición y la coalición opositora impulsará un proyecto único, que será presentado en los próximos días para discutirlo cuando se abra el debate en la Cámara alta.
Abogados en lucha
El panorama no es más alentador en los otros estamentos que deben adecuarse al fallo de la Corte.
La pelea entre los abogados es de tal magnitud que el trámite corre el riesgo de quedar trabado y judicializado.
Los consejeros oficialistas no quieren saber nada con reformar el Consejo y que el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, quede al frente del organismo. La oposición mira este proceso con apatía, teniendo en cuenta que en noviembre vencen los mandatos de los actuales consejeros y hay que elegirlos a todos de nuevo. No quieren hacer mucho desgaste por unos pocos meses.
Hoy el Consejo tiene 13 miembros. Para llegar a 19 deberán sumarse dos nuevas abogadas, una nueva jueza, otro representante del sector académico, un diputado y un senador más. Tanto en el caso de los jueces, como en el de los abogados, los postulantes deberán ser mujeres para tender a la paridad de género.
Los jueces votarán la primera semana de abril. Aún no están oficializadas las listas, pero podría haber unidad.
Para elegir a los abogados, en tanto, habrá dos elecciones simultáneas: una en la ciudad de Buenos Aires, organizada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; y otra en el interior, a cargo de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). Deben armar el padrón, ponerse de acuerdo con la fecha, y que en las provincias se habilite la votación.
Jorge Rizzo, que orienta la vida interna del colegio, preanuncia dificultades y propone que la elección se haga el 26 de abril (luego del plazo del 15 que fijó la Corte), junto con la elección de autoridades de la institución. En el Consejo le contestaron que se adelantara la fecha.
La FACA fijó la cita para el 5 de abril. Pero el Colegio de Abogados de la Ciudad se opuso. El titular de la entidad, Eduardo Awad, presentó al Consejo un pedido de nulidad por considerarla inconsulta y reclamó posponer los comicios para el 26 de abril.
El entredicho entre la FACA y el Colegio Púbico es digno de una comedia de enredos. La Federación había convocado a una reunión presencial para el 27 de enero para unificar posiciones. El Colegio pidió cambiarla por una virtual el 31 de enero. La FACA dijo que en esa fecha no llegaban a cumplir los 60 días. El 27 no se hizo el encuentro y el 31 nadie se sumó al zoom del Colegio. La Federación publicó un edicto y estableció la fecha del 5 de abril.
El Consejo de la Magistratura se reúne esta semana y podría hablar sobre esta impugnación. Es probable que rechacen el reclamo del Colegio de la Ciudad, que está dispuesto a judicializar el caso ante la jueza federal con competencia electoral porteña, María Servini. Una vez más, se convertirá en árbitro de un problema político.
Similar tironeo protagonizan los académicos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que deben elegir un representante de los rectores.
A estas desavenencias se suman las políticas sobre los dos nuevos representantes que deben elegir, cada uno, el Senado y la Cámara de Diputados.
La ley de 1999 establece que corresponde elegir dos legisladores del bloque con mayor representación legislativa, uno por la primera minoría y otro por la segunda minoría.
Con ese esquema, en Diputados serían dos del Frente de Todos y uno de Juntos por el Cambio. El debate es sobre quién representará a la segunda minoría. Si los retazos del exlavagnismo o los libertarios. Hay interpretaciones para todos los gustos. En el oficialismo ya advirtieron que obturarán cualquier intento de que los liberales ingresen al cuerpo.
En la oposición, en tanto, anticipan dificultades en el Senado. Esperan conocer cuál será la maniobra con la que Cristina Kirchner intentará quedarse con ese escaño extra en el Consejo de la Magistratura.
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