Las reformas estructurales deberán esperar a otro gobierno

A estas alturas ya no quedan dudas: las reformas estructurales que muchos soñaron, reclamaron o temieron que se hicieran durante el primer mandato de Mauricio Macri ya no se harán.

Aunque una mayoría de los dirigentes que representa a casi el 60% del electorado coincidía o dijo coincidir en los últimos tres años sobre la necesidad de abordar cambios sustanciales en materia impositiva, previsional, judicial, laboral, electoral y educativa, habrá pasado otro período presidencial sin que esas reformas se concreten.

Lo urgente otra vez le habrá ganado a lo importante. En su defensa, el Gobierno sostiene que no le faltaron ni vocación ni voluntad para llevarlas a cabo y responsabiliza a la oposición peronista de impedirlo, dadas la condición de minoría parlamentaria de Cambiemos y la adversa situación internacional que se presentó desde abril de 2018.

No hay revisión, en cambio, de los métodos utilizados para tratar de llevar adelante las transformaciones, si es que en verdad se quisieron hacer y si es que aún pretenden concretarlas en el caso de que Macri alcance su reelección.

Un dato que deberán tener presente los actuales oficialistas es que para un eventual próximo mandato no se augura un cambio en la correlación de fuerzas. Aún peor, la debilidad legislativa podría ser mayor, de concretarse los escenarios electorales que prevén casi todos los encuestadores que todavía tienen a Cambiemos con posibilidades de mantenerse en el poder.

El tibio intento de hace un año por abordar reformas de índole jubilatoria y fiscal costaron sangre y lágrimas para sacar dos leyes que debieron ser enmendadas, parcialmente pospuestas o complementadas por otras disposiciones a lo largo de 2018.

Como ejemplo, alcanza con mencionar lo ocurrido con el pacto fiscal: para lograr la aprobación del presupuesto nacional se concedió la suspensión de la rebaja del impuesto a los sellos que establecía ese acuerdo. Algo similar ocurrió, de hecho, durante 2018 con 11 provincias que, en lugar de rebajar, aumentaron el impuesto a los ingresos brutos.

Esos dos tributos están incluidos entre los más distorsivos por cualquier especialista, junto con muchos otros que hacen de la presión fiscal argentina una de las más altas de la región y que, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, aumentará casi dos puntos del PBI en 2019. Por si quedaban dudas sobre cómo se intentará lograr el déficit cero, impuesto por el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las reformas impositiva y laboral constituían el eje de la propuesta electoral macrista para que las empresas lograran ser competitivas y pudieran ganar mercados, el país atrajera inversiones y se concretara un crecimiento genuino sostenido y tantas veces postergado. Lo ocurrido en el plano fiscal tuvo su correlato en el plano del trabajo.

Después de dos intentos fallidos (uno integral y otro parcial), el Gobierno acaba de anunciar que hará otro intento el año próximo por alcanzar reformas laborales. Si el calendario electoral no ofrece un escenario propicio para casi ninguna reforma estructural impulsada por un gobierno con minoría en las dos cámaras del Congreso, mucho menos parece viable para modificar las leyes del trabajo.

La CGT ya anticipó el jueves pasado su rechazo inicial a una reforma que afecte "derechos adquiridos", aunque el contenido de lo que la Casa Rosada impulsará esta vez se desconoce. De cualquier manera, no se presume demasiado ambicioso, si se tiene en cuenta que la propuesta de hace más de un año fue tupacamarizada dos veces para tratar de hacerla viable y, aun así, no logró prosperar antes de que el peso colapsara, la inflación se disparara, los salarios se achicaran por la crisis financiero-económica de este año y volvieran a destruirse empleos en el sector privado.

Si la pertenencia partidaria de la mayoría de los sindicalistas (peronistas en sus más disímiles fracciones) siempre es una variable más que relevante para tener en cuenta a la hora de buscar acuerdos reformistas, en medio de una campaña presidencial es todo.

Es cierto que son más de los que se conocen los sindicalistas que aceptan que el digesto laboral vigente no es muy compatible con la competitividad y la productividad. Algunos, como los mecánicos y los petroleros, lo aceptaron con modificaciones en sus convenios y estatutos. El problema es que los primeros no están en condiciones de hacerle propaganda. La actividad del sector automotor se desbarrancó con las crisis argentina y brasileña. Difícil hacer que otros compren un producto cuyos beneficios no les llegaron a los pioneros que se atrevieron y que, en todo caso, suenan para un futuro incierto. Para eso ya está la religión. Ni hablar cuando se trata de convencer a gente con necesidades tan terrenales como el poder (político o económico).

El fracaso de la reforma electoral es, quizá, más estrepitoso y uno de los menos esperados. Apenas sorteó unas modestas etapas y tuvo unos austeros avances, a excepción de la paridad de género. El año que viene se volverá a votar por presidente, senadores y diputados nacionales casi sin diferencias a como se lo hizo en 2015. Las listas sábana en boletas de papel seguirán vigentes a pesar de los muchos rechazos, críticas y alternativas acumulados en más de una década. Casi lo mismo que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.

A pesar de los escándalos, aún no se sabe siquiera si habrá cambios respecto del financiamiento de las campañas. El proyecto que estaba en el Senado no llegó al recinto, a pesar de tener dictamen de comisión, y nadie sabe si logrará ser tratado, a pesar de que tiene el apoyo peronista y de los dos sectores mayoritarios de Cambiemos (Pro y la UCR). Lilita Carrió, en su rol de garante moral del oficialismo, la boicoteó porque se opone a que se habilite el aporte de empresas. Si todo queda como está, quienes son gobierno tendrán ventajas competitivas, mucho más después de los cuadernos de la corrupción, que dejaron expuesto el trasiego de dinero negro.

Obviamente, mucho menos llegó a avanzar una reforma sobre la administración electoral, que incluye el rol de la Justicia Electoral y de la Dirección Nacional Electoral, que depende del Poder Ejecutivo. Son temas demasiado poco marketineros y con muchos intereses en juego.

Apenas se logró que el año próximo haya debate presidencial obligatorio y algo bastante más concreto y efectivo: la paridad de género en las listas para cargos legislativos.

La reforma judicial de la que tanto se habló desde que se lanzó el plan Justicia 2020 tuvo algunos avances, ciertos retrocesos y varias contramarchas. Aun así mantiene su vigencia. De todas maneras, los cuestionados jueces federales no han perdido un ápice de su poder y la Corte Suprema, que gozaba de cierta respetabilidad, ha entrado en un estado de deliberación y conflictos internos que lejos está de mejorar la percepción que tiene la ciudadanía de la Justicia. La gestión de Ricardo Lorenzetti agravó las percepciones cuando a principios de este año lanzó una tan promocionada como fallida autorreforma, cuya eficacia puede equipararse con la prometida autodepuración de las Fuerzas Armadas, a finales de la dictadura.

El resultado final del balance de las reformas estructurales muestra demasiado en la cuenta del debe para una fuerza política que eligió llamarse Cambiemos y que llegó al gobierno con la promesa y la ambición de remover muchos de los que consideraba obstáculos centrales para lograr un país en el que sus habitantes tuvieran una mejor calidad de vida, que desarrollara una economía capaz de crecer de forma sustentable en el tiempo e instituciones que garantizaran la eficiencia y la transparencia. Nadie podrá decir que no se ha hecho nada, pero ninguno podrá negar que queda mucho más por hacer y que, en algunos aspectos, se ha retrocedido.

Los contrafácticos no sirven para alcanzar verdades, pero sí resultan útiles para trazar hipótesis y buscar soluciones. La decisión de Macri de no perseguir acuerdos generales que excedieran las discusiones específicas y parciales tuvo los resultados que pueden medirse hasta acá. Son hechos.

Tal vez, el mayor logro de este proceso haya sido instalar en la agenda pública la idea de que el país necesita transformaciones que demoró durante décadas y que la aceleración que imponen los avances tecnológicos torna impostergables.

Sin embargo, las reformas estructurales seguirán esperando su oportunidad. O a un gobierno que aúne la pericia técnica con la decisión y la habilidad políticas para llevarlas adelante, que no es lo mismo, pero es igual.

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