Las razones por las que peligra la tregua entre la CGT y el Gobierno
LA NACIONNicolás Balinotti
La crisis económica y el ajuste que se anticipa por el impacto de la pandemia por el coronavirus renovaron las tensiones entre la CGT y el Gobierno. Por primera vez desde que Alberto Fernández desembarcó en la Casa Rosada, la central obrera, que no se trata de un actor de reparto en la arquitectura de poder que imaginó el Presidente, dio un primer paso hacia un enfrentamiento y advirtió que hasta podría activar un paro general.
La raíz del malestar del sindicalismo peronista es la indiferencia del Gobierno con algunas de sus demandas y el deterioro del sistema de obras sociales, que está en rojo, con un déficit mensual de $1500 millones, según precisó ayer José Luis Lingeri, el hombre de la CGT a cargo de los temas vinculados a la salud. Se abre ahora en ese rubro una nueva pulseada con el Estado por cómo se repartirán los costos para la vacuna contra el coronavirus.
Recortes a la ayuda social: la CGT se enteró a través de la prensa de que el Gobierno había excluido del presupuesto 2021 los gatos correspondientes al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y al programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). También reclamó que el cambio de formula de actualización jubilatoria no perjudique a los beneficiarios del sistema previsional. Y puso la guardia en alto porque teme que a partir de enero finalice el pago de la doble indemnización por los despidos sin causas. El malestar por las fallas en la comunicación se acentuó porque sigue sin institucionalizarse la mesa de diálogo tripartita, con representantes del Estado, empresarios y gremialistas. De hecho, y a contramano del kirchnerismo duro, la CGT explora acuerdos con la Asociación Empresaria Argentina (AEA) en lo relativo a la creación de empleo, la capacitación y la presión impositiva.
Paritarias e inflación: la mayoría de los gremios, y sobre todo los que mandan en la CGT, asimilaron el golpe de la pandemia y acordaron paritarias lejos de las expectativas inflacionarias. "Todos quedamos por debajo de la inflación", reconoció hoy Andrés Rodríguez, el jefe de los estatales de UPCN y número tres de la central obrera. También se renovó el reclamo por los alcances del impuesto a las ganancias. "Es un impuesto que distorsiona a tal punto que nos lleva salarios enteros", planteó el docente Sergio Romero.
Las reformas del FMI: "El país no soporta más ajuste. Más ajuste del que estamos viviendo por el impacto del coronavirus es imposible", planteó Héctor Daer, uno de los dos jefes de la CGT, el 28 de mayo, cuando en un Zoom intercambió opiniones con el jefe de la misión para la Argentina, el venezolano Luis Cubeddu, y con Sergio Chodos, el director local ante el organismo de crédito. Seis meses después, el FMI y el ministro de Economía, Martín Guzmán, negocian un ajuste, que contemplaría recortes en la ayuda social y en las jubilaciones, y que no se descarta una reforma laboral por sectores, con retoques en los convenios colectivos.
Para la CGT, el FMI remite en el país a las peores pesadillas y es casi una mala palabra. El inusual canal de diálogo que se había abierto durante el macrismo y que se retomó con Fernández no despejó la desconfianza con la que los gremialistas observan al organismo de crédito.
"Con la responsabilidad social que nos cabe, acordamos con los empresarios medidas extraordinarias para sostener el ingreso de los trabajadores, negociamos la renovación de los Convenios Colectivos de Trabajo en las condiciones más críticas y garantizamos la paz social en los momentos más difíciles", reconoció ayer la CGT en un comunicado que reflejó la tensión que guía hoy el vinculo con la gestión de Fernández.
Obras sociales: la caja sindical de la salud comenzó a quedar vacía. Ya no hay $30.000 millones que les pertenecen a los gremios, como fantaseó hace unos meses Luis Barrionuevo. Ese monto, atesorado en una cuenta en el Banco Nación, no superaría hoy los $5000 millones, según fuentes cegetistas. Se trata del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), una caja que se alimenta del aporte obligatorio que se les retiene a los trabajadores de sus respectivos salarios. Es la fuente de sustento de 290 prestadoras médicas sindicales que están hoy al borde de la crisis por el impacto del coronavirus. De acuerdo a la presentación que hizo ayer Lingeri ante sus colegas del consejo directivo, el déficit del sistema de las obras sociales alcanzó a los $7000 millones durante los ocho meses de pandemia y esa caída fue cubierta por recursos propios. La CGT le exigirá al ministro de Salud, Ginés González García, que sea el Estado el que asuma todos los costos de las diferentes versiones de la vacuna contra el Covid-19 que suministrarán las prestadoras sindicales.
La agenda oficial: desde la CGT cuestionan los temas que se impulsan desde el oficialismo en medio de la crisis. "La gente se está cagando de hambre, no tiene laburo, y empujan la reforma judicial y el aborto. No se entiende. La incertidumbre que tenemos es total", alertó anoche un jerárquico de un gremio industrial ante LA NACION. Hace unas semanas, otro dirigente de peso, como lo es José Luis Lingeri, había sentenciado: "Está claro que hay dos agendas: la de Cristina y la de Alberto, que no sabemos cuál es".
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