Las razones detrás de la decisión de Fabiola Yañez de no entregar su celular
Busca realizar la extracción ante un escribano y así no perder el control sobre el aparato; el contacto de Joe Biden y las especulaciones sobre su resistencia a entregarlo
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La negativa de Fabiola Yañez a entregar su teléfono celular a la Justicia española trabó la marcha de la causa cuando el llamado a indagatoria de Alberto Fernández comenzaba a tomar forma. Para volver a poner sobre rieles la acusación contra el expresidente, los abogados de la ex primera dama evalúan por estas horas distintas opciones. Pese a relativizar el peso del celular para probar las presuntas agresiones, cobra fuerza casi definitiva la posibilidad de realizar una extracción forense del aparato ante un escribano particular y aportar ese material, previamente seleccionado, a la causa.
“Tiene cosas que no quiere que se vean”, explican fuentes allegadas a la querella. En esa línea corrió la carta de ultramar que Yañez le envió al fiscal Ramiro González desde Madrid, el miércoles por la tarde, en la que le exigía “garantías expresas” de que solo se revisarían sus conversaciones con Alberto.
En el contenido del aparatado, la ex primera dama considera que además de su intimidad hay otras cuestiones en juego, algunas de ellas relativas a cuestiones de “seguridad”. Entre sus contactos, por caso, se encuentra el teléfono del presidente estadounidense Joe Biden, detallan quienes hablaron con ella en el último tiempo.
“No lo va a entregar”, repetían, convencidos, en el entorno del expresidente horas antes de que Yañez se negara por segunda vez a desprenderse del aparato y trizara la colaboración de la fiscalía española.
Giros
No es la primera vez que Yañez le imprime un giro sorpresivo a la trama que se teje desde que decidió volver sobre sus pasos y denunciar el 6 de agosto a su expareja, dos días después de que se hicieran públicos los presuntos hechos de violencia.
El lunes 19 de septiembre entregó un escrito en Comodoro Py con el que puso a resguardo a Fernández del presunto hostigamiento telefónico denunciado por ella unos días antes. “No he recibido mensajes desde el celular del Sr. Alberto Fernández a partir del día 6/08/24 luego de las 17.09 horas (10:09 PM de España)”, informó a la Justicia.
Con ese perdigón, Yañez ahuyentó las versiones que sobrevolaban el expediente e indicaban que Fernández había incumplido con la perimetral impuesta por el juez federal Julián Ercolini el mismo 6 de agosto. Pero, fundamentalmente, con ese escrito, Yañez frenó la apertura del teléfono del expresidente, secuestrado durante el allanamiento ordenado el fiscal Carlos Rívolo, quien instruye la causa de los seguros desde la cual se desprendió esta otra.
Sin embargo, fuentes allegadas a la ex primera dama señalan que entre la información entregada por Yañez a la Justicia y la que se registra en los mensajes de WhatsApp entre las partes existen inconsistencias.
Esta versión de los hechos dejó el camino liberado para que florecieran las especulaciones en torno a la posibilidad de que entre las partes estuvieran ensayando una suerte de control de daños.
La misma fuente señala que el expresidente, antes de tomar conocimiento que sobre él pesaba una denuncia por violencia de género, le habría ofrecido a Yañez emitir un comunicado conjunto con el que hacer frente al vendaval de notas periodistas y aplacar el ruido. “Lo tengo que pensar”, le habría dicho Yañez. Pasadas las 19 horas locales, enterado ya de la denuncia en su contra, Fernandez firmó un comunicado en soledad que publicó en sus redes sociales.
Pensar, hoy, en algún tipo de acuerdo entre las partes es totalmente “descabellado”, aseguran quienes tratan con la querella, cuya dirección está en manos del abogado Mauricio D’alessandro y su pareja Mariana Gallego, experta en asuntos de familia. No existen puentes, ni cartas. “Lo quiere preso”, sentencian.
No obstante, allegados a la defensa de Fernández, comandada por la letrada Silvina Carreira, aseguran que existe un canal directo entre las partes que se abrió en el marco de la causa civil que corre en paralelo -y bajo un total hermetismo- a la denuncia por violencia de género.
Parte de la puja allí es por dinero: Yañez le reclama a Fernández un porcentaje de la jubilación de privilegio para la cuota alimentaria de Francisco, el hijo de ambos. En ese marco, y pese a la perimetral que rige en la otra causa, la Justicia civil habría habilitado un teléfono especial para que Fernández pueda hablar con su hijo de dos años.
Los teléfonos perdidos
Tal como consignó este medio, Yañez sostuvo ante la Justicia que perdió el teléfono que utilizó el tiempo en que su pareja estuvo al frente del Ejecutivo, durante una mudanza en Madrid, donde reside. Por su parte, Fernández afirmó en diálogo con el medio El País de España que los chats con Fabiola habían “desaparecido”. “No tengo manera de corroborar cómo es toda esa conversación”, sostuvo.
La madre de la denunciante, Miriam Verdugo Yañez, indicó en su declaración testimonial haber hablado en más de una oportunidad con Fernández. No obstante, cuando el fiscal González le preguntó si podía aportar esas conversaciones al expediente, dijo que no podía hacerlo porque su teléfono “se había caído en un balde de agua”.
Ahora, tras la resistencia ofrecida por Yañez, el fiscal González puso la lupa en los intercambios telefónicos que mantuvo con el exmandatario. Ya cuenta con el registro completo de los llamados que ambos realizaron por aquel tiempo, material que fue aportado por las compañías telefónicas de ambos. Solo espera que un organismo especializado del Ministerio Público descarte todo aquello que es ajeno a la causa. El juez Ercolini ya aprobó el movimiento.
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