Las pruebas que sostienen los procesamientos de Eduardo Belliboni y los demás dirigentes del Polo Obrero incluyen arrepentidos, escuchas y facturas falsas
El juez Casanello reconstruyó el circuito del dinero bajo sospecha que la asociación piquetera recibió del Estado; además, consideró acreditadas las amenazas basado en declaraciones, documentos y análisis de comunicaciones
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El juez federal Sebastián Casanello procesó a Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, y a otros dirigentes ligados a esa agrupación en un fallo en el que consideró que hay pruebas suficientes de que cometieron dos delitos: una administración fraudulenta de fondos recibidos del Estado y una serie de amenazas a los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo para que militaran en el Polo Obrero y para que aportaran un porcentaje de lo que cobraban del Estado.
En su fallo, Casanello expuso las pruebas que de las supuestas maniobras delictivas. Las centrales son:
Pruebas del desvío de fondos
- Facturas falsas
Del análisis de las facturas presentadas para justificar gastos de dinero que el Polo Obrero recibió del Estado surgen, según el juez, irregularidades que demuestran que las facturas estaban armadas para justificar gastos que nada tenían que ver con los objetivos del Plan Potenciar Trabajo.
- Rumbos: gastos dibujados y “caja partidaria”
El juez citó, por ejemplo, un expediente en que se rindieron, en total, 11 facturas -todas de Rumbos- y 10 son por exactamente el mismo monto, aunque algunas son por “kit de seguridad de ropa de trabajo” y otras por “impresiones 4 colores papel ilustración 72%”. Cada una es por $250.000. Son todas facturas emitidas el mismo día pese a que las tareas de ese expediente se extendieron, en teoría, durante un año.
Rumbos, además, facturó la misma cantidad de productos iguales en fechas cercanas por montos muy diferentes, sostiene el fallo. Los “kits de seguridad ropa de trabajo” los facturó, en un mismo día, a $250.000 y $500.000; y una semana después, a $300.000.
En el caso de estos kits, la resolución da cuenta de otra irregularidad: las facturas las emitió Rumbos en 2020 y recién en 2021 declaró entre sus actividades a la AFIP la confección de ropa de trabajo. Además, las fechas de las transferencias y de las facturas no coinciden (en algunos casos tienen diferencias de varios meses) y el Polo Obrero tenía facturas de Rumbos reservadas que no se presentaron nunca y decían “guardar por las dudas”.
- Coxtex, “un sello de goma”
Coxtex, que también emitió facturas presentadas por el Polo Obrero, “fue calificada por la AFIP como una usina de facturas apócrifas, sin capacidad económica, cuyo único propósito de funcionamiento sería, justamente, la emisión de comprobantes falsos para justificar operaciones inexistentes”, advierte el fallo.
- Miniso Trade y su factura número 1
La firma Miniso Trade le facturó al Polo Obrero productos electrónicos por precios superiores a los que les facturó, en una fecha cercana, por los mismos productos, otra empresa proveedora. En el caso de Miniso Trade se trató de su primera factura “después de cinco años de existencia”. Y cuando se allanó el domicilio declarado de la firma se verificó que hacía cinco años que no funcionaba más allí.
- Uso de cheques
El fallo destaca que para mover el dinero el Polo Obrero usaba cheques, lo que “dificulta la trazabilidad del dinero”.
- Fondos jamás rendidos
Casanello destacó que hubo más de $80.000.000 que no fueron rendidos ni devueltos, pese a que estaban vencidos los plazos de los convenios firmados. Según esos documentos, “los excedentes no ejecutados debían ser reintegrados al ministerio o, en su caso, podría solicitarse su reasignación”.
- Constancias de pagos a imputados
En un allanamiento en la sede social del Polo Obrero se encontró una planilla en la que figuran montos a pagar a varios de los imputados de esta causa -entre ellos, Jeremías Cantero, número dos de Belliboni- y en la última de las filas del cuadro dice “A pagar por Rumbos”, que en teoría era una proveedora del Polo Obrero. También se encontró, según el fallo de Casanello, una planilla que incluye gastos a pagar de “Chiquito” (el sobrenombre de Belliboni), tales como “viáticos”, “nafta” o “farmacia”, pero en ese caso no está determinado con qué fondos se abonarían (el fallo no da cuenta de una relación con el dinero del Potenciar Trabajo).
Pruebas de las amenazas
- Tres llamadas anónimas
Fueron el origen de la investigación. La causa se inició el 20 de diciembre de 2023 con una denuncia del Ministerio de Seguridad basada en llamadas anónimas de supuestos beneficiarios de planes sociales recibidas en la línea telefónica 134. Se identificó a los que eran de la ciudad de Buenos Aires y la fiscalía dio con siete de los denunciantes. Cinco de ellos declararon. Dijeron que los obligaban a ir a las movilizaciones si querían conservar sus planes y que les cobraban un porcentaje de sus ingresos para solventar los gastos de la organización. Tres de las cinco denuncias fueron contra el Polo Obrero, una contra Barrios de Pie y otra contra el FOL.
- Mensajes de WhatsApp
Los investigadores analizaron cientos de mensajes entre miembros del Polo Obrero y encontraron, por ejemplo, las siguientes comunicaciones: “Hola compañer@s paso a recordarles que mañana estaré cobrando las cápitas de potenciar de 8:30 a 14:30″. “Mañana estaré recibiendo sus aportes de POTENCIAL TRABAJO a partir de las 10:00 am”. “A los q nos dieron de baja ya no pagamos más o cómo es???”. Casanello advirtió que “a la par de demandar la asistencia a movilizaciones”, el 13 de agosto del año pasado, en uno de los grupos de WhatsApp, dos delegadas del comedor La Carbonilla exigieron a los integrantes del chat “Polo Obrero Carbonilla” votar a la candidata del Partido Obrero. “Compañer@s, envíen su foto votando”, reza el mensaje transcripto en el fallo.
- Tres arrepentidos
La fiscalía cerró acuerdos con tres “imputados colaboradores” que eran del Polo Obrero, colaboraban en distintos comedores comunitarios y llegaron a tener el rol de “delegados”. Ellos coincidieron en que se cobraban cápitas -era una de sus tareas, dijeron- y en que se controlaba la asistencia a las marchas como requisito para acceder al plan y conservarlo. En cuanto a las contraprestaciones de los planes, uno de ellos dijo, relata el fallo, que “nadie trabaja[ba] por $38.000 y era como una ayuda” por lo que “simplemente se les pedía [a los beneficiarios] que fueran a firmar las planillas”. Otro de los arrepentidos dijo que “lo que es Potenciar, esencial, nunca hicieron ninguna contraprestación”.
- Documentación secuestrada en los allanamientos
Entre los documentos encontrados en los allanamientos a comedores se encontraron planillas de control de presentismo y de pago de las cápitas. En el domicilio del comedor Mariano Ferreyra, por ejemplo, “se hallaron listados de asistencia a movilizaciones y una planilla titulada ´Bajas Potenciar Trabajo por no movilización”, relata Casanello.
- Escuchas telefónicas
El juzgado ordenó escuchas telefónicas que dieron cuenta de diálogos como el siguiente, entre una beneficiaria de un plan y una delegada. “La primera señaló -relata el fallo-: ‘Estoy en desacuerdo con el tema de las movilizaciones. Que nos obliguen a tener que ir. También estamos los que además de cobrar un plan, también trabajamos y además tenemos hijos que van al colegio (…)”; a lo que recibió como respuesta: “Compañera todos trabajamos y tenemos hijos no solo usted y la contraprestación es participar en las actividades que se anuncien por el grupo y cuanta flexibilidad más es demasiada no se que usted opina en otras ug [Unidades de Gestión, el Polo Obrero era una] es todos los días de 8 a 14″.
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