Las primeras promesas de Macri implicarían unos $30.000 millones

Con la necesidad de revertir la derrota en las PASO de agosto, el presidente Mauricio Macri pasó del plan de ajuste fiscal a la heterodoxia desarrollista. Las promesas de la campaña del "Sí se pude" implican un impacto fiscal de $30.000 millones. Pero si se aplican, solo será en 2020, en un hipotético segundo mandato de Juntos por el Cambio.

La nueva receta del "cambio" es ahora más gasto o resignación de ingresos. Adiós al ajuste.

"Se estima en 30.000 millones, no es significativo y se aplicarían solo en 2020 y si gana Macri, no en 2019. Entraría en el próximo presupuesto", dijo a LA NACION una alta fuente oficial del Gobierno.

En las caravanas de la última semana prometió para un futuro mandato reducir el impuesto a las ganancias del 35% al 22% para las microempresas; modificar el régimen de monotributo y reducir a la mitad el impuesto, y bajar a cero las contribuciones patronales por cada empleado que contrate una pyme.

Además, prometió la simplificación de trámites; la Cuenta Única Tributaria e incentivos impositivos para empresas que inviertan más de 10 millones de dólares. Y todavía quedan tres semanas de campaña. El costo fiscal podría ampliarse. Pero si gana las elecciones del 27 de octubre un opositor esas promesas quedarían en un limbo.

El acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional (FMI) había obligado a Macri a un ajuste ortodoxo para 2019: déficit cero. El nuevo giro hacia la heterodoxia fiscal implica un "cambio dentro del cambio", en lo ideológico.

Los voceros del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, aseguran que 2019 terminará con equilibrio fiscal y se cumplirá la meta del FMI de déficit primario de 0,5%. La oposición ahora gira hacia la ortodoxia y enciende luces rojas: los economistas de Consenso Federal (Roberto Lavagna) pronostican un déficit primario de 0,7/8% del PBI y un rojo total en 3,9%; $157.000 millones y $877.000 millones, respectivamente. Los equipos del Frente de Todos (Alberto Fernández) estiman un déficit primario de 174.300 millones y un rojo total de 261.000 millones.

"Tienen mal los números", señalaron a LA NACION en el Gobierno. Por otra parte, las medidas de alivio que Macri anunció tras la derrota en las PASO del 11 de agosto último implicaron un costo fiscal adicional de $91.000 millones: 31.000 millones los absorberían las provincias. Este gasto sí impactaría en 2019.

Estas medidas ya se aplicaron: rebaja del impuesto a las ganancias a trabajadores; eliminación del IVA para alimentos; pago extra a quienes perciben la AUH; el bono de $5000 para estatales; refuerzo salarial para los privados; moratoria de la AFIP para las pymes; congelamiento de combustibles; suspensión del aumento por inflación de los créditos hipotecarios UVA; suba de las becas Progresar, y alivio de impuestos para las pymes.

Sobre estas decisiones la Corte Suprema resolvió la semana última que, si bien quedarían en pie, el costo de las provincias (31.000 millones) lo debe asumir la Nación. El ministro de Justicia, Germán Garavano, pidió que "la Corte clarifique los alcances del fallo para tomar las medidas respectivas".

El economista Juan Luis Bour, de FIEL, señaló que las promesas del "Sí se puede""no tienen costos en 2019 porque necesitan leyes. Las que sí tienen costo son las del DNU que la Corte objetó". Según confió a LA NACION un allegado a Lacunza, estás últimas medidas de rebaja de IVA y de Ganancias tendrían un costo fiscal de $59.986 millones para la Nación, un 0,3% del PBI. Pero en parte se licuarían por el aumento de la recaudación fiscal proyectada, una suba adicional por el impuesto inflacionario, que será de 54.841 millones, el 0,2% del PBI. La diferencia es de 5146 millones de pesos, un 0,02% del PBI. Se cubriría fácilmente.

"De la misma manera que en Nación se cubre parte del costo de las medidas por el aumento de la recaudación, también ocurre en las provincias, por la suba de la recaudación, a través de la coparticipación", dicen cerca de Lacunza.

El problema lo tendría la Nación si debe compensar a las provincias los 31.000 millones impugnados por la Corte. Si no lo hace antes del 10 de diciembre, ese agujero le quedaría al presidente que asumirá el próximo 10 de diciembre, sea Macri, Fernández o Lavagna. Y debería cancelarlo antes de que termine 2019.

El Gobierno entró en conflicto con los gobernadores por los recursos fiscales. Desde la oficina de Lacunza argumentan que las provincias van a percibir este año, al menos, $125.000 millones adicionales de origen nacional.

Por otro lado, aseguran que "con más ingresos por inflación y reperfilamiento de la deuda se cumplirá la meta del FMI de déficit primario de 0,5%, o mejor que eso". Y aventuran que el déficit primario se cubrirá con recursos propios y el financiero, con las reservas del FMI.

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