Las paritarias ya se negocian por encima del 80% y vuelven las cláusulas gatillo
Hubo dos acuerdos del sector privado que cerraron entre 82 y 85% anual, lejos de la pauta de referencia de 60%; Utedyc logró un ajuste automático, algo que no sucedía desde 2017
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LA NACIONNicolás Balinotti
La dinámica inflacionaria arrasó con cualquier previsión y las paritarias ya se negocian por encima del 80 por ciento, lejos de la pauta de referencia de 60% con la que el Gobierno intentó anclar las expectativas hace apenas tres meses y casi el triple del índice de inflación anual [33%] que proyectó Martín Guzmán en el presupuesto 2022 que no pasó el filtro del Congreso.
La Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (Upsra) y la cámara empresaria CAESI acordaron un aumento de 85,71% en cinco tramos a pagarse entre mayo de este año y abril de 2023. El trato contempla sumas no remunerativas y un aumento en los valores de viáticos y presentismo que conforman el salario conformado. El básico llegará en enero de 2023 a $83.900. Es hasta el momento el acuerdo nominalmente más alto. La Upsra reúne a vigiladores privados, espías, patovicas y policías exonerados y es liderado por Ángel Alberto García, un histórico dirigente ligado a Luis Barrionuevo que afrontó una causa judicial por presunto desvío de fondos.
El otro sindicato que rompió el molde es la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc), que en su segunda revisión elevó el trato a 82,21%. Pero lo más novedoso se dio en la negoción puntual con el sector mutualista, que accedió a firmar una cláusula gatillo por inflación. Se estableció un ajuste automático sobre los salarios básicos de enero de 2023 si la inflación supera el 82,21%. Si la diferencia es mayor a 10% el incremento se dará en los salarios de febrero.
El caso de Utedyc es hasta el momento el único con cláusula gatillo, un atajo al que había recurrido el exministro de Trabajo macrista Jorge Triaca en 2017 para facilitar el cierre de las paritarias. Desde entonces que no se daban, precisó Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. “No es lo mismo que los acuerdos salariales giren en torno al 40% o al 80%, por más que no pierdan contra la inflación. El problema actual es que el salario empieza a perder su función como indicador del valor de la fuerza de trabajo. Un trabajador empieza a perder referencia de cuánto va a cobrar el mes que viene, ya que hay muchos aumentos a lo largo del año, y peor aún pierde referencia de lo que va a poder comprar con el sueldo el mes que viene. Esto genera una incertidumbre y una angustia que es muy distinta si la nominalidad gira en torno al 80% que si lo hace al 40% o al 20%”, planteó Campos, un abogado experto en estadísticas laborales.
Otro de los gremios que alteró el tablero fue la Asociación del Personal Legislativo (APL), en cuya negociación oficiaron Cristina Kirchner y Sergio Massa como empleadores. La vicepresidenta y el extitular de Diputados, ahora a cargo de la gestión económica, habilitaron un aumento de 69% en dos tramos y rompieron así la pauta de 60% que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, acordó con los grandes gremios de servicios. Ya en 2021 Cristina y Massa le habían alterado la pauta salarial a Moroni y a Guzmán, que por entonces se aprestaba a anudar el pacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por entonces, la mayoría de las negociaciones estaban guiadas entre 28 y 30% hasta que APL abrochó un 40%. Fue antes de las elecciones legislativas que perdió el Frente de Todos.
En el atomizado escenario salarial, una gran mayoría de gremios acordó aumentos en torno al 60% anual, con al menos una revisión. El fenómeno que se está dando es que el Gobierno dio luz verde para adelantar la discusión: las paritarias que se preveían revisar en octubre se están debatiendo por estos días. Fue lo que sucedió con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que amplió su trato de 45 a 65% hace dos semanas cuando esa negociación inicialmente estaba programada para septiembre. La UOM busca ahora imitar el trato con las siderúrgicas.
También pasa con el Sindicato de Empleados de Comercio, el más grande del país y que representa a 1,2 millón de afiliados. Armando Cavalieri, su eterno jefe, ya inició contactos con dos de las cámaras empresarias del sector para reabrir el acuerdo salarial sellado en abril, que estableció una suba del 59,5% en siete tramos. Los mercantiles aún deben recibir una suba del 10% en septiembre, 11% en noviembre y 10,5% en enero del año que viene. Cavalieri pretende adelantar algunos de esos pagos.
Otra paritaria destacada, y no solo por el respaldo que le dio Cristina Kirchner, es la de los bancarios, el gremio que conduce Sergio Palazzo. Además, de la suba anual de 60%, el pacto prevé dos revisiones, una en octubre y otra en diciembre; un bono de $170.000 por el Día del Bancario, y se conserva el plus por participación en las ganancias del sistema financiero.
El Sindicato de Camioneros, que lidera Hugo Moyano, negoció esta vez por semestre. A fines de abril cerró una suba de 31% en dos cuotas: un 15% en mayo y un 16% en septiembre. En octubre se reabrirá el diálogo para discutir el otro semestre. Pablo Moyano, número dos del gremio y uno de los integrantes del triunvirato de mando de la CGT, podría plantear un adelantamiento de la discusión siempre y cuando el Gobierno no defina mañana un aumento por decreto en modalidad de “bono antiinflacionario”.
¿Un bono por decreto?
El bono por decreto que evalúa el Gobierno divide aguas en la CGT. La mayoría de los gremios quiere que los aumentos salariales se diriman en paritarias, como sucede habitualmente, y se resisten a la idea de otorgar una suma fija. Lo rechazan porque lo perciben como un paliativo homeopático, que sirve en lo inmediato pero que no impacta en la base salarial. Así piensa Héctor Daer, referente de “los Gordos” (grandes gremios de servicios) y otro de los miembros del triunvirato de mando.
Massa deberá hacer mañana de mediador entre la CGT y la Unión Industrial en la primera convocatoria tripartita de su gestión. Sin dar precisiones, el presidente Alberto Fernández algo adelantó ayer sobre las intenciones oficiales: impulsar un acuerdo de precios y salarios por 60 días. Un miembro del equipo económico de Massa se inclina por la posibilidad de otorgar un bono por decreto que oscile entre los 20.000 y 30.000 pesos. No sería universal, pero alcanzaría a los salarios de hasta $150.000. Está todavía en evaluación. Mientras tanto, el calendario de paritarias se alteró con el adelantamiento de revisiones, nuevas pautas de referencia y cláusulas gatillo, una alternativa que un sector del empresariado prefiere evitar.
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