Las organizaciones oficialistas buscan evitar manejos irregulares de los planes sociales con un estatuto

La información oficial que asegura que hay alrededor de 5000 denuncias de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo ante el Ministerio de Desarrollo Social por supuestos manejos indebidos de las organizaciones abrió el debate al interior de los movimientos sociales aliados al oficialismo. Es que el reconocimiento, por parte del dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, de la existencia de un “aporte voluntario” del 2%, motivó que varios de los sectores que conforman la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) salgan a dar su posición.

“Desde la UTEP está absolutamente prohibido pedir cualquier tipo de aporte económico a los compañeros y compañeras que cobran un programa de trabajo”, sostuvo, tajante, el secretario gremial de esa entidad Gildo Onorato. Y contó que el Movimiento Evita, agrupación a la que pertenece, “fue querellante en algunas causas” y “condena absolutamente” ese tipo de prácticas. “En el Evita es motivo de expulsión y ya lo hemos hecho”, remató el dirigente.

El debate por el presunto manejo irregular de los planes sociales se da en la previa a la Marcha Federal, una protesta de 72 horas que comenzará mañana y se extenderá hasta el jueves en todos el país, pero cuyo epicentro será la Ciudad de Buenos Aires. Impulsan la protesta los movimientos sociales que no están alineados con el Gobierno.

Por su parte, la referente del Frente Popular Darío Santillán, Dina Sánchez, coincidió con Onorato en que “sacarle plata a los compañeros o compañeras es aprovecharse de su necesidad”. “Todos estamos en desacuerdo con esas prácticas, por eso creemos que si avanzamos en un estatuto del trabajador y trabajadora de la economía popular se va a poder ordenar mucho mejor todo”, indicó Sánchez, quien también se desempeña como secretaria adjunta de la UTEP.

Así y todo, admitió que, como el dinero del que se dispone muchas veces no alcanza, las organizaciones deben hacer “acuerdos colectivos” para mantener en pie las unidades productivas de los barrios. “Hace poco, una compañera me comentaba que, como no llegaban alimentos, estaban teniendo que hacer aportes para sostener la olla popular”, relató Sánchez ante LA NACION.

“Después también hay muchos de nuestros espacios que no son propios, sino alquilados. En la Boca, por ejemplo, tenemos un galpón donde funciona un polo textil. El dinero para bancar ese alquiler sale de la misma unidad productiva”, agregó la referente. Sucede que, de acuerdo a lo que relatan desde las agrupaciones, existen unidades productivas en las que, a medida que comienzan a generar sus propios ingresos, también empiezan a disponer de un fondo que les permite eventualmente reinvertir ese dinero en la adquisición de maquinarias e insumos.

En ese sentido, la dirigente mencionó además que suelen realizarse distintas actividades con el fin de juntar dinero para cubrir cuestiones concretas, que pueden ir desde la compra de algún electrodoméstico que necesite la cooperativa hasta, por ejemplo, la asistencia económica a un beneficiario que haya sufrido la muerte de un familiar. “¿Cómo podría esa persona, si no, bancar los gastos que conlleva un funeral o un sepelio?”, se preguntó.

Otro dato remarcado por la dirigente es que las organizaciones cuentan con estructuras nacionales. Y que, por ese motivo, “a veces es muy difícil llegar contener todo eso” debido a que “hay distritos o barrios que tienen sus propios acuerdos”. “Ojalá se pudiera hacer un trabajo más fino y saber bien qué pasa en cada lugar”, expresó Sánchez, para después subrayar que “no está bien sacarle plata a un compañero a partir del beneficio que cobra y exigirle que vaya a una marcha”.

“No es todo color de rosas. Como pasa en los espacios sindicales, habrá dirigentes que realmente trabajarán por alcanzar derechos y por sostener reivindicaciones de sus compañeros y compañeras, y habrá otros que lucrarán con eso o buscarán posicionarse para acomodarse ellos mismos”, sostuvo la referente territorial cercana a Juan Grabois.

En ese sentido, Sánchez insistió con la importancia de “ordenar y clarificar” lo que ocurre en el día a día de los trabajadores informales, para que cada una de las personas que forma parte de una unidad de gestión determinada “sepa todos sus derechos y todas sus obligaciones” y así evitar lo máximo posible cualquier tipo de abuso.

El domingo pasado, la UTEP realizó un acto masivo sobre la avenida 9 de Julio para conmemorar el Día del Trabajador. Mediante un comunicado, la entidad que nuclea al Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la Corrientes Clasista y Combativa (CCC), entre otras agrupaciones, apuntó que “es necesario reconocer institucional y económicamente a nuestro sector”. Y formalizó lo que hasta hace pocos meses era un reclamo en voz baja: la creación de un Ministerio de la Economía Popular “que unifique las políticas de trabajo y producción que realizamos en zonas urbanas y rurales”.

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