Las extralimitaciones de la partidocracia

Una de las características esenciales de la república es la división de las funciones del poder; otra, la institucionalidad; una tercera, el control independiente. Sobre este trípode se asienta la república. Cuando alguna de ellas falla, el Estado de Derecho queda irremediablemente afectado, independientemente de la legitimidad de origen del gobierno de turno.

En la Argentina la partidocracia se ha impuesto sobre la democracia. Definida por Pedro J. Frías como “proceso de acumulación de poder, no justificada ni por la mediación política ni por el ejercicio del gobierno”, la partidocracia nos ha convertido en un sistema “de” partidos políticos, en lugar de la democracia “con” partidos políticos que debemos ser por mandato constitucional. Pero la partidocracia no es un fin en sí misma, sino la puerta de entrada para la autocracia. La acumulación de poder en el partido político tiene por fin la eternización en el poder, para lo cual es necesario debilitar los controles y destruir la institucionalidad. El camino es, entonces: democracia incipiente y por lo tanto débil, luego partidocracia, luego autocracia. Nuestro continente tiene varios ejemplos que ofrecer hoy: Cuba, Nicaragua, Venezuela. Países que, en los hechos, presentan un esquema de partido único y de hegemonía agobiante, por más que se maquillen de “democracias populares”.

Los intentos por colocar a la Argentina en esa vía son tan evidentes que pareciera que no vale la pena enunciarlos. Sin embargo, el mayor peligro, y que sirve de abono para la implementación de las autocracias, es la naturalización del engendro, el acostumbramiento a lo anormal, la aceptación pasiva de lo disfuncional. Por ello, ningún esfuerzo por denunciar esta aberrante intención será fútil.

En los últimos días asistimos a un inédito y grosero ataque a las instituciones de la república, que no nos sorprende pero nos preocupa sobremanera. Por un lado, un inédito embate contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, organizado por sectores afines al oficialismo y avalado por las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional. Es alarmante escuchar al presidente Fernández decir que “la Corte Suprema de Justicia tiene un problema de funcionamiento muy serio”. Por un lado, porque focaliza lo que él llama un “mal funcionamiento” de la Justicia en la Corte, olvidando que el Consejo de la Magistratura tiene a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial (CN, art. 114). Por otro lado, porque no hace mucho tiempo tuvo palabras de elogio para los integrantes de esta Corte. Finalmente, no se entiende bien desde qué atalaya de ejemplaridad efectúa dicho comentario, teniendo en cuenta cómo funciona hoy el Poder Ejecutivo. Detrás de semejante atropello a la división de funciones y a la institucionalidad solo puede detectarse desesperación por alcanzar impunidades.

Pero también existen excesos por parte del Poder Legislativo, cuya Comisión Bicameral de Inteligencia viene acosando al procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, con acciones que no respetan ni sus competencias, ni los procedimientos que deben seguirse teniendo en cuenta que, en este caso, ejerce actividad materialmente administrativa. Acaba de explicar muy bien Eugenio Luis Palazzo, en un impecable artículo publicado el viernes en LA NACION, que las Comisiones Investigadoras del Poder Legislativo no están para investigar delitos.

La extralimitación de la señalada Comisión es evidente, como también lo es la ligereza y falta de rigor legal con que pretenden “investigar”. Esto es grave, pero más grave aún es que quien está siendo cuestionado es uno de los funcionarios más lúcidos y honestos que presenta hoy la función pública en Argentina. Julio Marcelo Conte Grand es, además de un hombre incorruptible, un jurista de nota y un brillante académico. Por ello, centenares de profesores nacionales y extranjeros y no pocas instituciones han alzado su voz denunciando este despropósito.

En mi caso, escribo estas líneas para defender la institucionalidad, la división de las funciones del poder y la independencia del control, pero también para expresar mi adhesión a una persona que solo merece reconocimiento y gratitud por parte de la sociedad, del tipo que necesitamos hoy, como el oxígeno, en nuestro país.

Hay una especie de “vocación” de algunos por introducir la idea de que todos somos iguales (o iguales de corruptos). Y no es así. El último escalón al que puede descender una sociedad es no poder distinguir el bien del mal, la virtud de la corrupción, la vocación de servicio del aprovechamiento del poder para fines inconfesables. Cuando esto ocurre, el futuro está servido en bandeja para la autocracia, que necesita de la ceguera propia de la ignorancia para entronizarse.

#1F. En la Corte creen que la marcha kirchnerista los terminará favoreciendo: el escenario que imaginan para 2022

En Córdoba. Rodríguez Larreta le cerró la puerta a la alianza con un peronista para 2023

"Gestapo". La ofensiva kirchnerista contra Conte Grand naufraga en la Legislatura y se concentra en el Congreso

Conforme a los criterios de

Tipo de trabajo:

análisis

Conocé más

Había declarado en su contra. Alberto Fernández denunció a la madre de Fabiola Yañez por falso testimonio

La pelea por los DNU. Los presidentes peronistas que dictaron más decretos que Milei en el arranque de sus gestiones

Fraude con los seguros. Reprograman la indagatoria de Alberto Fernández para el 27 de noviembre