Las disputas en la oposición impiden que avance la organización del nuevo Consejo de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura, el organismo que elije y remueve magistrados, en su nueva versión ampliada con 20 integrantes, sigue sin poder avanzar ni ponerse de acuerdo por cuestiones mínimas de organización: por ejemplo decidir quién preside cada una de las cuatro comisiones internas del organismo. La pelea, sin embargo, no es tanto entre oficialismo y oposición, sino que se alimenta de las diferencias internas entre los opositores de Juntos por el Cambio y los jueces más alejados del Gobierno.

En la reunión del último jueves, cuando los consejeros fracasaron para llegar a un acuerdo, el presidente de la Corte y del Consejo, Horacio Rosatti, les pidió un esfuerzo para llegar a un consenso, que no llegó. Les pidió diálogo, pero desde entonces no hubo contacto entre los consejeros para acercar posiciones, aunque esperan reunirse esta semana para llegar al jueves con el problema zanjado. Diego Molea, representante de los académicos, hizo el mea culpa: “Ha habido cierta incapacidad entre nosotros para ponernos de acuerdo. Lo lamento”. Y Jimena de la Torre, consejera por los abogados, advirtió: “La sociedad, la Argentina, nos está mirando”.

El nuevo Consejo de la Magistratura de 20 miembros está integrado por una Comisión de Selección de jueces, que discute y organiza los concursos; una de Acusación, que promueve los juicios políticos; otra de Disciplina, que analiza las sanciones; y otra de Administración, para el manejo de fondos del Poder Judicial. A ellas se sumó una quinta comisión, de Reglamentación.

La lógica ordena que en una situación de equilibrio las comisiones tienen que reflejar esa situación, con una igualdad de número de integrantes de cada lado e igualdad en la distribución de los presidentes de las comisiones. Sin embargo, según dijeron a LA NACION una decena de consejeros oficialistas y opositores, existen fuertes fricciones para definir quiénes integrarán y presidirán esas comisiones.

Por caso, aspiran a integrar la comisión de Selección los dos jueces de la lista Bordó, la más crítica del Gobierno: Ricardo Recondo y Agustina Díaz Cordero. A ellos se sumaría el juez Alberto Lugones, de la lista Celeste, la más cercana al oficialismo. Si esta situación se cristalizara, quedaría afuera el juez Manuel Culotta, que venía negociando con el oficialismo incorporar en los concursos en marcha a candidatos de su lista, Compromiso Federal, que busca sobrevolar la “grieta”.

Esto este es uno de los temas que se debe terminar de negociar y no es menor. Los jueces de la lista Bordó argumentan que fueron los que tuvieron mayor cantidad de votos en las elecciones de la Asociación de Magistrados y, por ello, tienen que tener una mayor representación.

En el caso de los abogados y legisladores vinculados a Juntos por el Cambio, la disputa es por las presidencias de la Comisiones de Acusación y de Disciplina. El diputado consejero del Pro Pablo Tonelli, aspira a presidir Acusación. Después de todo, es el que tiene en sus manos los dos expedientes más sensibles hoy en el Consejo: los de los jueces Walter Bento, de Mendoza, acusado de enriquecimiento ilícito y coimas; y Federico Villena, investigado por la devolución de medio millón de dólares en una causa a una hija de Hugo Moyano. Al mismo tiempo, quien aspira a presidir esa comisión es Roxana reyes, la diputada radical recién ingresada.

En paralelo, la senadora radical Silvia Giacoppo, de Jujuy, pretende presidir la comisión de Disciplina, pero el oficialismo aspira a ese lugar. Para mantener el equilibrio, no parecería razonable que un diputado del Pro o la radical Reyes presidan una comisión y una senadora radical encabece la otra.

Las posiciones de todos modos no son irreductibles, sino que son posturas que no tuvieron oportunidad de limarse lo suficiente por falta de diálogo, al no verse las caras -algunos de ellos- semana a semana en sus despachos.

La Comisión de Reglamentación podría ser presidida por Graciela Camaño, y la de Administración, por Diego Marías, abogado ligado a Juntos por el Cambio. Pero la vicepresidencia estaba cargo de otro abogado ligado a la oposición, Carlos Matterson, que aspira a seguir allí.

Este jueves habrá una reunión de labor y los consejeros confían en ponerse de acuerdo. Los oficialistas se mueven con disciplina partidaria: están de acuerdo en cómo se repartirían los cargos y prima el verticalismo con la venia del kirchnerismo. En la oposición admiten que les vendría bien esa misma dinámica. Saben que si se prolonga las desavenencias dan una pésima imagen.

Los asuntos pendientes

Una vez superado este escollo, resta poner en marcha la rueda para que el Consejo empiece a funcionar. Quedaron de hecho quedaron 15 concursos paralizados y están los procesos de los jueces Bento y Villena en la agenda. Los concursos de Comodoro Py no están dentro de la esfera de lo posible, porque no hay acuerdo.

La mayoría de estos consejeros buscará su reelección en octubre y el modo de conseguir los votos es destrabando las vacantes para que puedan ascender secretarios y jueces de cada lista o ingresar al Poder Judicial abogados de cada agrupación. Para dar hay que recibir.

Gerónimo Ustarroz, el representante del Poder Ejecutivo, continuará a fin de año, cuando vence el mandato del resto de los consejeros. Habrá elecciones en octubre y la campaña ya arrancó. Pueden reelegir los seis consejeros que ingresaron ahora y los que completan mandato. El resto deben irse. De hecho, algún consejero analizó la posibilidad de reelegir pasándose de estamento: por ejemplo, dejando su rol de académico para postularse en el rol de abogado. Todo es cuestión de interpretación.

Para algunos consejeros la intención es que todo quede como está, porque la parálisis del Consejo congela la situación en Comodoro Py 200, sin alterar el actual equilibrio. Otros buscan mostrar una gestión activa. “No hay dialogo productivo con el oficialismo y ¿no hay un orden interno nuestro, ni marco para discutir”, se quejó un consejero opositor. Huérfanos de liderazgo, le recaman al presidente Rosatti que intervenga, que se ensucie en el barro de la negociación, un rol que el juez de la Corte no está asumiendo, sino que se mantiene como el árbitro, reclamando que dialoguen en busca de consenso.

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