Las denuncias salpican cada vez a más jueces, pero las investigaciones avanzan lentamente
Hoy se realizará una marcha frente al Consejo de la Magistratura para pedir que se sancione a los magistrados acusados; cuenta con la adhesión de más de una veintena de entidades
Comodoro Py , una de las instituciones con menos credibilidad entre la opinión pública, puso bajo su propia lupa a varios de sus protagonistas. Al menos seis jueces y exjueces son investigados por sus propios colegas en la actualidad por delitos de corrupción y otros ya fueron sobreseídos.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires convocó para hoy a una marcha para que el Consejo de la Magistratura avance con el juicio político contra el juez Luis Rodríguez , acusado de haber recibido un soborno por unos 10 millones de dólares y con el resto de los magistrados acusados. La convocatoria, apoyada por entidades del Foro de Convergencia Empresarial, está prevista para las 18.30 en Libertad 731, sede del Consejo.
Pese a que algunas de las causas llevan varios años en trámite, los jueces sospechados por corrupción todavía no fueron ni siquiera llamados a declarar como acusados por sus colegas. Muchos de esos expedientes ya cuentan incluso con abundantes pruebas.
Algunos casos escandalosos, como el que involucró al camarista Eduardo Freiler , se resolvió en el Consejo de la Magistratura, un ámbito más político que judicial, que puede desplazar a los jueces, pero no condenarlos por un delito.
Otros casos tuvieron soluciones más simples, como ocurrió con Norberto Oyarbide , que directamente renunció a su cargo. O Eduardo Farah, que pidió su traslado a la Cámara Federal.
Pero todos esos casos -y algunos otros- permanecen activos como expediente penales en Comodoro Py sin mayores avances, según reconstruyo LA NACION. Las mayorías de las investigaciones fueron delegadas por los jueces en manos de los fiscales como una forma de echar luz sobre el patrimonio de sus colegas, pero de manera más indirecta.
El caso más curioso involucra a Rodríguez, el juez acusado en las últimas semanas por haber recibido un supuesto soborno de Daniel Muñoz . Rodríguez fue, por un lado, denunciado penalmente por el pedido de coimas, un expediente que ahora tramita su colega Sebastián Casanello. La causa fue delegada al fiscal Gerardo Pollicita, que ya pidió varias medidas de prueba para verificar si efectivamente los dichos de los arrepentidos.
Pero, por otro lado, Rodríguez también es el encargado de juzgar una acusación similar contra los excamaristas Eduardo Farah y Ballestero, denunciados por el supuesto pago de un soborno para beneficiar al empresario Cristóbal López, un fallo que terminó por desplazarlos a ambos.
Ninguno de estos dos casos se resolvió en Comodoro Py. Ballestero se jubiló y Farah pidió su traslado al fuero Penal Económico. ¿La causa penal? Los excamaristas fueron imputados por la fiscal Alejandra Mángano hace meses, el juez Rodríguez tomó medidas de prueba iniciales, pero no avanzó con las indagatorias.
El expediente que está más cerca de una acusación formal es el que involucra a Oyarbide. El juez Sergio Torres ordenará en las próximas semanas que el exjuez explique su crecimiento patrimonial y el de su pareja, informaron fuentes judiciales. Una medida que se podría interpretar como el paso previo a una indagatoria.
Otro de los jueces investigados es Ariel Lijo. Después de varias excusaciones de colegas, finalmente Julián Ercolini quedó a cargo del expediente, que delegó en el fiscal Franco Picardi. El fiscal evalúa por estas horas llevar adelante algunas de las medidas de prueba para darle el primer impulso a la causa.
La diputada Elisa Carrió había denunciado al juez Lijo, a su hermano operador Alfredo Lijo y al exministro Julio De Vido como integrantes de una asociación ilícita para blindar a funcionarios kirchneristas en los tribunales.
La acusación contra Lijo llegó también al Consejo, pero el oficialismo pidió la desestimación del expediente por la supuesta sociedad entre los hermanos Lijo para explotar el haras La Generación. Todavía hay un expediente en curso que analiza el patrimonio del juez, que está en manos del senador Miguel Ángel Pichetto.
Dos jueces acusados de corrupción fueron sobreseídos por sus pares en los últimos años. El juez Rodolfo Canicoba Corral fue sobreseído por su colega Claudio Bonadio por el supuesto soborno que habría recibido para beneficiar al sindicalista Omar Suárez.
El fiscal Jorge Di Lello había pedido ampliar las medidas de prueba para analizar el crecimiento patrimonial de Canicoba Corral, pero Bonadio cerró la investigación, que ya quedó firme.
Pero el patrimonio del juez federal quedó bajo la lupa del Consejo. El abogado Juan Pablo Más Vélez está a cargo del expediente que intentará determinar si su nivel de vida se condice con su sueldo como magistrado.
Otro sobreseído en Comodoro Py fue el excamarista Eduardo Freiler. Cuando todavía se desempeñaba en el cargo, en marzo de 2016, su colega Marcelo Martínez de Giorgi cerró la causa porque entendió que podía justificar con sus ingresos. El juez Sebastián Ramos pidió que la causa por el enriquecimiento de Freiler sea reabierta, una decisión que ahora deben tomar sus reemplazantes en la Cámara.
Los magistrados que están en la mira
Luis Rodríguez (juez federal)
- Tiene seis denuncias en el Consejo de la Magistratura; fue denunciado por coimas
Rodolfo Canicoba Corral (juez federal)
- Fue sobreseído en una causa vinculada a un pago de sobornos de un sindicalista
Ariel Lijo (juez federal)
- Es investigado por su crecimiento patrimonial; su hermano es operador judicial
Eduardo Freiler (excamarista)
- Fue desplazado por el Consejo de la Magistratura por enriquecimiento ilícito
Norberto Oyarbide (exjuez federal)
- Pactó su salida y ahora quedó en la mira por los bienes de los Kirchner
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