Las demandas del kirchnerismo, los gremios y los movimientos sociales equivale al gasto que hizo el Gobierno durante la pandemia

Son 3,2 millones de millones; o 4,3 puntos del PBI. Eso es el monto de lo que el Estado debería gastar durante un año si el gobierno nacional accede a los pedidos que le hicieron sus socios del Frente de Todos. Se trata de una suma similar a la que desembolsó la administración de Alberto Fernández en el IFE y el programa ATP –para las empresas– durante el primer año de la pandemia.

La cuenta incluye la moratoria jubilatoria que lanzó la vicepresidenta Cristina Kirchner en el Senado, el pedido de extender la asignación familiar a todos los trabajadores formales que solicitó el camionero Pablo Moyano y la implementación del salario universal que impulsan movimientos sociales.

“Así como está es inviable”, se sinceró uno de los funcionarios más cercanos al Presidente.

Hasta ahora el Presidente y su ministro de Economía, Martín Guzmán, solo accedieron a entregar un bono para jubilados y trabajadores informales tras el salto inflacionario de los últimos meses. El resto de las medidas, como la actualización del impuesto a las ganancias o el adelantamiento de las cuotas del salario mínimo vital y móvil, ya estaban definidas en la hoja de ruta que el Gobierno pactó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según pudo saber LA NACION, el proyecto de moratoria jubilatoria encendió las alarmas del organismo multilateral del crédito. Incluso, los negociadores del staff del Fondo habían puesto un artículo en el que se prohibía expresamente esta posibilidad, pero Guzmán los “convenció” de que no sería necesario.

El mes pasado se registró un déficit primerio de $79.185 millones; en el primer cuatrimestre suma $271.920 millones. En abril, por ejemplo, las transferencias corrientes alcanzaron los $447.590,0 millones. Ahí están los aumentos al programa Potenciar Trabajo, el incremento del salario mínimo, el crecimiento de políticas alimentarias y el incremento extraordinario otorgado a jubilados.

En medio de la interna feroz, todos suben la presión y cada terminal de poder empuja su propia agenda. Guzmán, que en medio de la batalla con el kirchnerismo duro sumó más poder en los últimos días, buscó restarle dramatismo al debate interno. “Lo importante es aplicar las políticas para resolver los problemas de la Argentina”, dijo el titular del Palacio de Hacienda en una entrevista esta semana.

Como ya quedó claro en las últimas semanas, la expresidenta y La Cámpora definieron una estrategia para arrinconar al Presidente. Además de las críticas y el desgaste al que lo someten semanalmente, lanzaron una serie de medidas para forzar al jefe del Estado a tomar medidas que pueden comprometer las metas fiscales que firmó con el FMI. La táctica es diferenciarse.

En ese sentido se enmarcan la moratoria jubilatoria y el proyecto de resolución que presentó Máximo Kirchner para adelantar el salario mínimo, medida que la Casa Rosada tomó 72 horas después de que el líder de La Cámpora hiciera pública su intención. En cambio, sin previa consulta con el Ministerio de Economía, el interbloque del Frente de Todos en el Senado, territorio de Cristina Kirchner, presentó un proyecto de ley que establece un plan de pago de deuda previsional dirigido a aquellos trabajadores que no alcanzan a cumplir con los años de aportes necesarios.

Si bien los senadores José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y Juliana Di Tullio, soldados de la vicepresidenta, anticiparon que el costo fiscal sería “casi nulo”, lo cierto es que según números que se evalúan en despachos oficiales lo ubican en 481.000 millones de pesos. Cerca de la expresidenta se preguntan por el proyecto que prometió Guzmán para gravar “la renta inesperada”, que serviría para financiar la iniciativa que impulsan desde la Cámara alta.

“El kirchnerismo cascotea a Alberto Fernández, que se refugia en los que lo sostiene, y cada uno de los sectores pide más. La única ancla es el acuerdo con el FMI. No terminan de entender que si se hunde el barco nos hundimos todos. El riesgo es alto”, dijo Marina Dal Poggetto, economista y directora Ejecutiva de Eco Go Consultores.

EN ESTUDIO

A diferencia de lo que ocurre con la moratoria, el salario o renta universal es parte de las conversaciones. “Tenemos una política de protección social muy activa. Estamos analizando el proyecto del Salario Universal”, dijo Guzmán esta semana en declaraciones a C5N.

La medida, que promueven los movimientos sociales, entre ellos el Evita y Juan Grabois, ya cuenta con un proyecto de ley que ingresó en Diputados Itai Hagman. La iniciativa –se trata de un ingreso equivalente a la Canasta Alimentaria que hoy es de $13.763– está dirigida para los trabajadores informales, empleados de casas particulares, monotributistas A, B y sociales.

Una de las opciones en evaluación, según pudo saber LA NACION es focalizarlo en los jóvenes, universo de gente que tiene mayores problemas para insertarse en el trabajo formal. Guzmán y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, ya hablaron del tema con Alberto Fernández.

El último reclamo provino del mundo sindical. Pablo Moyano, que el viernes participó del acto que organizó la Uocra en respaldo del Presidente, solicitó a la Casa Rosada un decreto que otorgue planes sociales a todos los trabajadores registrados.

“Queremos que se universalice el pago de asignaciones familiares, que ayudaría al trabajador a aumentar parte de su salario”, sostuvo el líder camionero. “Hoy hay seis millones de trabajadores registrados y solo dos millones cobran asignaciones familiares”, agregó Moyano, uno de los popes de la CGT.

Por ahora, solo hubo silencio de parte de Fernández y Guzmán.

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