Las decisiones pendientes que tiene la Corte y que inquietan al kirchnerismo

Detrás del endurecimiento retórico del Gobierno contra la Corte Suprema de Justicia se distingue una serie de decisiones pendientes que tiene el alto tribunal y cuyo desenlace podría inquietar al kirchnerismo.

Una de las causas en su agenda que pueden alarmar al Gobierno a futuro es por la discusión de los fondos coparticipables que la Nación le quitó a la ciudad de Buenos Aires. El expediente comenzó en septiembre del año pasado, cuando Horacio Rodríguez Larreta presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado nacional, que acompañó de un reclamo económico para recuperar el dinero quitado. La administración porteña advirtió que el recorte de fondos implica una quita de 65.000 millones de pesos anuales. Antes de esta pulseada puntual por los recursos, la Corte intervino en mayo de 2021 ante las diferencias de la política para acordar un protocolo sanitario en pandemia que permita la escolaridad presencial. Por entonces, le dio la razón a la gestión porteña, que presentó un recurso de amparo para mantener las aulas abiertas en su distrito a pesar de las medidas restrictivas que regían a nivel nacional a partir de un decreto presidencial.

En algunas vocalías de la Corte comenzaron a fin de año a circular algunos de los recursos que la vicepresidenta Cristina Kirchner planteó en la Corte en algunas de las causas que enfrenta. Una de ellas es la de Vialidad Nacional, en la que se investigan presuntas irregularidades en el reparto de la obra pública en beneficio del empresario santacruceño Lázaro Báez. Como ya sucedió en los casos del exministro Julio de Vido, por ejemplo, que recurrió ante la Corte cada negativa que obtenía en primera instancia, en la Cámara Federal y en Casación, es probable que en estos casos rechacen esos recursos sin más trámite, considerando que no se está frente a una sentencia definitiva o equiparable. Nada sustancial ni que se pronuncie sobre el fondo del planteo de la vicepresidenta, pero lo suficientemente claro como mensaje.

Por otro lado, en el temario de causas políticas de la Corte ya tuvo corto recorrido el recurso que concedió parcialmente la Cámara Nacional de Apelaciones a Fernando Gray, vicepresidente del PJ bonaerense, cuestionando la elección de Máximo Kirchner al frente del partido El caso está en la Procuración General de la Nación para que dictamine y dé su opinión antes de una resolución de la Corte.

La disputa se originó cuando el líder de La Cámpora y presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos manifestó su aspiración de liderar el partido. Para este propósito consiguió que renuncie toda la cúpula para convocar a elecciones y el único que se opuso fue Gray, intendente de Esteban Echeverría. En tribunales no son muy optimistas ante el reclamo de Gray. Ante la indefinición, Máximo asumió en diciembre la conducción partidaria sin problemas.

Otro caso de alto impacto político es el que tiene como protagonista a Milagro Sala, causa que está también en la Procuración General de la Nación para dictaminar. Desde el kirchnerismo presionan con un desenlace sobre la dirigente social jujeña. El diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos) señaló hoy que Milagro Sala “lleva seis años de prisión injustificables y la Corte no se aboca a eso”. Y agregó: “Se aboca a tratar los temas corporativos de ellos, pero durante 2012 dormía en la Corte el juicio de lesa humanidad a Blaquier”, dijo en FM La Patriada.

En el arco político analizan que hubo a fin de año una radicalización de la Corte frente al Gobierno, con fallos como el que declaró inválido el Consejo de la Magistratura o el que ejecutó la sentencia que ordena al Estado nacional a pagarle a la provincia de Santa Fe $86.000 millones por la quita de la coparticipación federal, en dos causas que, aunque fueron resueltas en 2015, el pago nunca se efectivizó. Ayer, tal vez en una reacción a estas medidas, el presidente Alberto Fernández criticó el funcionamiento del máximo tribunal y avaló de alguna manera la marcha callejera en contra de los jueces que promueve el kirchnerismo duro para el 1° de febrero.

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