Las constructoras no pueden salir de las sospechas

Corría agosto de 2018 y este cronista llamó a un abogado de un empresario detenido en la causa de los cuadernos. La consulta era simple: cuál era el lugar de detención de su cliente. “La División de Drogas peligrosas”, contestó el letrado especialista en derecho penal empresario. “¿Dónde queda?”, se le preguntó. “Ni idea. Nunca tuve un cliente preso”.

La anécdota sirve para ilustrar la originalidad de una causa que puso, por primera vez en la historia, a 134 empresarios de primera línea cara a cara con la Justicia. La Patria Contratista marchó a Comodoro Py.

Pero no solo fue inédito el proceso judicial, sino que varios quedaron descolocados. Uno de ellos, el Gobierno. Por primera vez, varias de las empresas más importantes del país, muchas de ellas con contratos de obra pública o concesión en marcha, reconocieron que hacían sus negocios con el Estado y que devolvían una parte a los funcionarios.

Al fin, grandes tiempistas, aquel elenco estable de aplaudidores en decenas de actos en la Casa Rosada de otra época calculó sus dichos. Administraron sus verdades y solo reconocieron "pagos para la campaña". Tan frágil es la memoria de varios de ellos que ni siquiera pudieron acordarse de si pagaban en dólares o en pesos.

El problema más grave para los empresarios no es reconocer el pago de la coima, sino encontrarse en un pantano de indefiniciones que los dejan fuera de los negocios futuros. Nadie los financia. Debió ser el Gobierno el que, al menos, intente construir un puente para salir de ese atolladero. Pero no hubo caso, nadie lideró el proceso, y unos y otros comparten el territorio de indefiniciones.

La ley de responsabilidad penal de las empresas modernizó el marco jurídico argentino para hechos posteriores a marzo de 2018. Pero esa norma no aplica al caso cuadernos ya que se investigan hechos anteriores. "Eso creó un limbo inesperado pero gigantesco para la economía, porque el escándalo afecta a más de 130 empresas. Las investigaciones contra los dueños y ejecutivos de esas compañías no solo manchan su reputación, sino que complican seriamente su financiamiento porque, como la Justicia tiene sus tiempos, es difícil calcular las contingencias económicas que enfrentarán cuando esos procesos concluyan", opina el abogado especialista en anticorrupción Guillermo Jorge y socio del estudio Bruchou, Fernández Marero & Lombardi.

El año pasado hubo reuniones para establecer un camino que les permita a las compañías volver a ser financiables. Ni siquiera era necesario ser original, bastaba con copiar bien lo que se hace en otros lugares. "Lo usual en el mundo es que las empresas reconozcan los errores, paguen una reparación y creen o mejoren sus sistemas de control para asegurar que los delitos no se repetirán en el futuro", explica el también profesor de la Universidad de Nueva York.

Pero la Argentina tiene sus particularidades. Solo una para graficar. Ese camino de reconocer las culpas, pagar las multas, despedir al management corrupto y mejorar la transparencia interna fue el que siguió Odebrecht, la empresa brasileña más importante. Pero ese camino necesita de un presupuesto: la compañía y sus directivos tienen que asumirse culpables.

Los empresarios de la construcción argentinos están lejos de esa posibilidad. Se definen como víctimas de un sistema y vociferan que no tenían otra posibilidad.

Mal no les va. Todas mantienen sus contratos con el Estado menos una: Odebrecht, a la que le rescindieron o la obligaron a vender sus proyectos más importantes. Los constructores locales eligieron otro camino: se colocaron en víctimas y ya planean arrepentirse de haberse arrepentido. Deberán, además, arreglarse para convencer a la Justicia de que muchas veces sus teléfonos estaban solos y abandonados en los lugares donde los funcionarios pasaban a buscar la coima.

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