SAN SALVADOR DE JUJUY.- Patricia Jaldín empuja su pelo para atrás con ambas manos hasta dejarlo tirante, mira el techo y suspira recostada en el respaldo de la silla. Permanece unos instantes en silencio. Niega con la cabeza, alza las cejas y resopla. Nunca se había puesto a pensar cómo definiría a Milagro Sala. Nunca se lo habían preguntado.
Las palabras quieren brotar, pero ella no lo permite. Mueve los ojos como buscando un punto de atención. Hay un huracán de recuerdos que casi se puede percibir. Los mates, las risas, las charlas, la militancia. También las discusiones, los maltratos, las amenazas, la ruptura. Cierra los ojos. Parece haber encontrado una respuesta. Jaldín es la directora de la escuela Bartolina Sisa, en el barrio El Cantri, una suerte de capital de la enorme estructura política que construyó Sala entre 2003 y 2015, y que hoy lucha por subsistir.
Fue una de las tupaqueras más cercanas a Sala cuando la Tupac Amaru gozaba de un poder propio de un Estado en sí mismo. Fueron años de trabajo conjunto, de coordinar la construcción de viviendas en todo Jujuy, de proveer de asistencia social a miles de personas y de generar trabajo. Era una misión que en lo discursivo convocaba a una militancia frente a los más necesitados de una región eternamente postergada, pero que en los hechos evidenciaba una maquinaria clientelar.
Una maquinaria de militancia obligada y violenta que manejaba sus propias reglas y que era financiada y defendida por la Nación cuando gobernaba el kirchnerismo.
Cuando detuvieron a Sala, hace ya cuatro años, la Tupac quedó acéfala. Junto a otros colaboradores de la dirigente, Jaldín buscó mantener la unidad de la agrupación, que perdió fondos tras el cambio de gobierno en 2015 en la provincia y la Nación. A eso le siguió la pérdida de apoyo de los cooperativistas, que se acercaron al gobierno de Gerardo Morales y su plan de bancarización, que anuló el rol intermediador de la Tupac.
Mientras la organización implosionaba, en El Cantri, donde viven unas 12.000 personas, hubo robos y destrucción de mobiliario día y noche. Con temor de que desapareciera el equipamiento de las fábricas que Sala ordenó construir allí (una bloquera, una textil y una metalúrgica), Jaldín entró a la fuerza en uno de esos edificios para tomar el control. La detuvieron por violar una propiedad privada y la liberaron 20 días después. Desde aquel día, se propuso mantener viva la organización y le tocó la puerta a Morales, que colaboró con fondos para la escuela, el barrio y los cooperativistas. Ahora, Sala la considera una traidora. Y se lo hizo saber.
Como Jaldín, otros exmiembros de la Tupac viven en casas construidas por la organización y trabajan en lugares que antes estaban bajo el mando de Sala, como la sede central de la Tupac en esta ciudad, un edificio de cuatro pisos que fue tomado por el gobierno provincial y donde hoy funciona un centro de atención médica completa y recreativa para jubilados. La respuesta de todos es la misma y admiten que puede tomarse como una expresión de deseo: la Tupac ya no podrá renacer.
Sin embargo, la agrupación todavía no desapareció del todo, afirman los cooperativistas y el gobierno local. Queda un núcleo duro pequeño que responde a Sala, presa en su casa del barrio de Cuyaya. Las amenazas son cotidianas y el regreso del kirchnerismo al poder en la Nación envalentonó los ánimos entre los escombros.
"No se sabe hasta dónde llega el poder de la Flaca. Por más que digan que no lo tiene más porque está encerrada, lo tiene. Cada tanto vienen a decir que tengamos cuidado porque ella sabe que estamos acá. Yo sé que ella sabe que estoy acá", dice en diálogo con LA NACION una mujer de apellido Garnica, que prefirió mantener su nombre en reserva.
Su familia es conocida en la historia de la Tupac por la persecución que sufrieron sus miembros, militantes del radicalismo. Entre bromas que esconden advertencias, los cooperativistas ríen cuando hablan de que alguien no cumple órdenes. "Te van a hacer la Garnica", dicen.
Según cuenta la mujer, que hoy tiene un puesto en la exsede central de la Tupac -rebautizado Centro Provincial de Adultos Mayores (Cepam)-, años atrás Sala ordenó desalojar a sus primos de una de las viviendas de la Tupac por no apoyar al peronismo. Era una práctica recurrente en la organización. Las viviendas sociales no estaban adjudicadas ni había comprobantes legales de entrega. Si no se cumplía con las reglas de la Tupac, se corría riesgo de perder la casa porque se la entregaban a otra familia. Recién tras la caída de la agrupación, el Estado tomó el control de las viviendas y comenzó a adjudicarlas. A fines de 2019, Garnica comenzó a pagar cuotas de $700 en un plan a 50 años.
El regreso del kirchnerismo al poder despertó preocupación entre algunos cooperativistas que vivieron de primera mano el proceder de la Tupac. "Tenemos temor por nosotros. Ya nos dijeron que lo primero que quiere hacer ella si la liberan es recuperar esto", agrega Garnica.
En el edificio, ubicado en Alvear al 1100, todavía está la oficina de Sala. En lo que se asemeja a un departamento de dos ambientes todavía está la mesa de madera donde mantenía reuniones y los sillones claros cerca de las ventanas que bordean un living amplio. También están su escritorio y su ropero en la habitación adyacente, la cocina y el baño con hidromasaje. Allí trabaja hoy el interventor del lugar, designado por el gobierno de Morales.
Pese a las especulaciones sobre la liberación y el posible regreso de "la Milagro" a su otrora cuna de poder, la situación procesal de la dirigente es complicada. Sala cumple una condena de 13 años en la causa Pibes Villeros por el desvío de fondos públicos destinados originariamente a construir viviendas. La sentencia, de enero de 2019, fue ratificada por la Cámara de Casación Penal en octubre. Solo la Corte Suprema podría revocarla.
Sala también está condenada en causas de menor envergadura, por amenazas y daño agravado, y tiene aún procesos abiertos. En 2018 la absolvieron en una causa por tentativa de homicidio.
Pese a una situación presidiaria que parece definida, Sala afirma desde el momento de su detención que es una presa política y reforzó el argumento tras la victoria de Alberto Fernández en las elecciones presidenciales. La semana pasada, la dirigente hizo pública una crítica velada al Presidente.
"Yo esperaba que el 24 de diciembre no hubiera más presos políticos en la Argentina, pero no, nada cambió", dijo a El Destape Radio. Y agregó: "Ni los genocidas tienen tanta seguridad como yo. Estoy rodeada de policías, les quitan los documentos a quienes vienen a visitarme".
LA NACION fue hasta la casa de Sala, donde dos oficiales de civil custodian la puerta. Previo control de documentos, se le pidió una entrevista, pero la dirigente se disculpó y aseguró "tener prohibido" hablar con la prensa.
El colapso de la Tupac dejó a cientos de cooperativistas sin ningún ingreso y, pese al compromiso del gobierno provincial de garantizar que todos conserven alguna fuente laboral, los cooperativistas aseguran que antes, con la Tupac -hoy intervenida-, cobraban más. "Estamos trabajando sin trabajar. Solo cobramos un plan que no alcanza", dice a este diario Gisela "Bombón" Saján, encargada de mantener la enorme pileta, emblema de la organización, en medio de El Cantri. Hoy, solo funciona una parte porque no hay fondos para mantenerla.
Bajo la sombra de uno de los pocos árboles del barrio para escapar de un calor apabullante, Saján explica que tanto ella como otros cooperativistas buscan mantener la obra de la Tupac en los distintos barrios y que toman esa actividad como un trabajo, y el plan que cobran el Estado provincial, como un salario. "Pero no alcanza -dice-. Ya trabajamos 14 años para la Tupac y cuatro años con este gobierno. Ahora queremos dignidad, que nos blanqueen. Si no es la provincia, que sea la Nación".
Los cooperativistas consultados afirman que su intención es mantenerse ligados a las obras que se hicieron con banderas de la Tupac. Pese a la violencia y el manejo espurio de los fondos, tienen un sentido de pertenencia, de cariño.
"Yo creo que los Fernández -por Alberto y Cristina Kirchner- tienen que venir y ver la obra, ver todo lo que se hizo. Me encantaría que vengan y hablen con la gente", dice Garnica, con cierta resignación.
Está previsto que el Presidente visite Jujuy a fin de mes. Será la primera visita del mandatario a una provincia opositora, aunque mantiene buena relación con el gobernador.
Históricamente dependiente de los fondos de la Nación, Jujuy entabló un buen diálogo con la Casa Rosada desde el 10 de diciembre y el fluido vínculo inicial entre Morales y Fernández quedó plasmado durante el debate de la ley de solidaridad social y reactivación productiva, cuando el gobernador se reunió con el Presidente -y otros jefes provinciales- y prometió que sus legisladores darían quorum. "La oposición va a contribuir a que el Gobierno tenga herramientas, que muchas de ellas compartimos", dijo Morales. Fernández le agradeció por Twitter. El gesto fue bien recibido en la provincia.
Pese al crecimiento del turismo y el desarrollo de la explotación del litio, la provincia -donde más del 60% de la población activa trabaja en el Estado- todavía no logra autosustentarse y requerirá la ayuda del Gobierno por los próximos años, por lo que Morales -cuyo gobierno es una alianza que incluye peronistas- estableció como prioridad mantener un buen diálogo con Buenos Aires.
En ese sentido, y con el futuro de Sala como uno de los temas de posible debate futuro, se bajó línea a los funcionarios provinciales para que no hagan declaraciones que pongan en jaque el acercamiento, una actitud retribuida desde la Nación.
La incógnita es, dicen cerca del gobernador, si durante la visita del Presidente -que recorrería las mineras de litio, el parque solar Caucharí y el centro de estudios científicos- habrá algún acercamiento a la líder de la Tupac. Sería, para las autoridades provinciales, un gesto poco amigable. Por otro lado, de no reunirse con Sala, Fernández le daría la espalda al kirchnerismo duro.
Sala no es la única que espera un guiño del Gobierno. El colapso de la Tupac no solo dejó a cooperativistas sin trabajo, sino también a dirigentes políticos sin un futuro claro. La designación de la abogada de Sala Elizabeth Gómez Alcorta como ministra hizo crecer la esperanza de algún otro nombramiento de dirigentes cercanos a la agrupación. También fue bien recibida, el año pasado, la designación de Juan Manuel Esquivel -tupaquero y exlegislador provincial- como suplente en la lista de diputados nacionales del Frente de Todos. Hoy, aún están por designarse las autoridades provinciales de la Anses y la AFIP, puestos con acceso a fondos.
En su despacho de la escuela del barrio de la Tupac, Jaldín habla con decepción de aquellas caras conocidas de la Tupac. "Nos dejaron solos. Nadie nos respaldó. Los concejales, los diputados, todos se fueron", dice, y los llama "traidores", la misma palabra que le dejaron escrita a ella en un pizarrón tras uno de los robos que sufrió la escuela. "Ellos tenían las herramientas, el discurso y la chapa para seguir", agrega.
Según Jaldín -que todavía tiene un proceso penal abierto tras haber sido condenada por el robo a las cámaras de El Trece junto a la tupaquera Shakira-, si Sala recupera la libertad deberá "esperar lo peor", aunque todavía mantiene cierto optimismo. "Creo que está equivocada. No ve lo que pasa afuera. Hay una condena social muy fuerte a lo que hacía la Tupac y a ella, y me duele. La Tupac no puede resurgir", lamenta.
La directora de la escuela habla en primera persona cuando se refiere a la agrupación, aunque después admite que no sabe si hoy volvería a definirse como tupaquera. En la pelea interna entre el incentivo que le genera la misión original de la agrupación y el rechazo que siente por "todo lo que pasó después", Jaldín vuelve a pensar en su definición de Sala. Hace silencio y muestra una pequeña sonrisa: "No la quiero definir. No sé si es por nostalgia o por miedo. Me quedo con todo lo bueno que hicimos. Lo malo me va a mantener alerta".
Fotos: Javier Corbalán
Edición Fotográfica: Enrique Villegas
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