Las “cajas negras” del empleo público que escapan del radar del Indec y sirven para nombrar personal y designar funcionarios políticos

Pese a que el Gobierno pretende dar muestras de austeridad al congelar la dotación de empleados del Estado, en distintos ministerios se permite el funcionamiento de ciertas “cajas negras” donde la opacidad es la regla. Entre ellas las llamadas “unidades ejecutoras especiales” y los “entes cooperadores”, utilizados no solo para designar funcionarios políticos a discreción, sino también para nombrar personal por debajo del radar del control.

Las “unidades ejecutoras especiales temporarias” fueron diseñadas durante el gobierno de Mauricio Macri para gestionar planes, programas y proyectos de carácter transitorio y excepcional con inicio, concreción y final, siempre que las áreas ya existentes no pudieran abordarlos con sus propios recursos por su envergadura o especificidad. Sin embargo, la gestión actual encontró en estos instrumentos excepcionales el resquicio legal para poblar distintos ministerios con estas estructuras políticas, muchas de las cuales cumplen funciones que se superponen con otras áreas de la administración.

En la actualidad funcionan 22 unidades ejecutoras especiales; la mayoría se concentra en la Jefatura de Gabinete y en los ministerios de Economía, Desarrollo Social, Obras Públicas y Transporte. Se desconoce cuántos empleados se desempeñan allí; la Secretaría de Gestión y Empleo Público se limita a informar al Indec sobre la evolución mensual de las distintas dotaciones, sin especificidades.

Al comando de estas unidades ejecutoras se emplazaron funcionarios políticos designados con jerarquía de secretario y subsecretario de estado con sueldos que superan $1,2 millones mensuales. Algunas tienen nombres ampulosos como tareas difusas. Es el caso de la “Unidad de Articulación Estratégica de Áreas Económicas y Productivas”, cuya misión es “colaborar en la coordinación integral de los circuitos destinados a dar respuesta a las cuestiones priorizadas por el ministro, articulando su accionar con las áreas económicas y productivas de la jurisdicción”, reza la respectiva resolución.

La oposición de Juntos por el Cambio puso el grito en el cielo ante esta proliferación de unidades ejecutoras que dejará en herencia el gobierno de Alberto Fernández. Muchas de ellas se conformaron sin un propósito que justifique su carácter transitorio y excepcional. Para peor, fueron creadas con dos años de vigencia, por lo que su funcionamiento excederá la actual gestión. “Lo más probable es que las eliminemos de cuajo si ganamos las próximas elecciones presidenciales”, anticiparon desde la Fundación Pensar, el think tank de Pro que colabora en la elaboración de las propuestas públicas a ejecutar en un eventual gobierno de Juntos por el Cambio.

“Distintos ministerios utilizan la figura de las ‘unidades ejecutoras especiales temporarias’ para burlar la norma que ellos mismos dictaron. Es inaceptable que se siga aumentando el gasto público cuando tenemos tres dígitos de inflación anual, déficit y una presión impositiva insostenible para los sectores productivos”, acusó la diputada de Pro Germana Figueroa Casas, especialista en finanzas públicas y autora de un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la cuestión.

Hay unidades ejecutoras especiales que ostentan nombres grandilocuentes, aunque sus funciones bien podrían ser asimiladas por estamentos ya existentes en sus respectivos ministerios. Es el caso de la “Unidad Ejecutora Especial Temporaria Federal de Fortalecimiento Deportivo”, creada en el Ministerio de Turismo y Deporte para “el desarrollo, promoción y fomento del deporte social con una perspectiva social y federal”. O de la “Unidad de Fortalecimiento en la Infraestructura de Cuidados” en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, a cuyo comando la ministra Victoria Tolosa Paz colocó, hasta enero de 2025, a la exsenadora e histórica dirigente del PJ pampeano María de los Angeles Higonet.

Hay unidades ejecutoras con presupuestos millonarios. Es el caso de la “Unidad de Implementación de la obra pública ejecutada por cooperativas de trabajo de la economía popular”, creada en el Ministerio de Trabajo que comanda Gabriel Katopodis; tendrá vigencia hasta febrero de 2025 y es el vehículo por el cual las organizaciones sociales oficialistas asignan y controlan las obras públicas que el Gobierno entregó a las cooperativas de la economía popular con un tope hasta $300 millones. Al frente de esta unidad fue designado un profesor, Matías Coco, con un puesto equivalente al de un subsecretario.

En el Ministerio de Desarrollo Social también se puso a prueba la creatividad a la hora de crear unidades ejecutoras. Durante la gestión de Juan Zabaleta se instrumentó la “Unidad Ejecutora Norte Grande para la Equidad Social”, con funciones hasta abril de 2024; designó como titular al tucumano Gabriel Yedlin, hombre del exjefe de Gabinete Juan Manzur, quien luego renunció; Tolosa Paz nombró a otro tucumano, Francisco Navarro, quien se desempeñaba como funcionario provincial hasta que fue echado por el gobernador Osvaldo Jaldo. Tolosa Paz lo rescató para un puesto nacional.

Entes cooperadores

El sistema de entes cooperadores es una forma de asociación público privada que permite que la administración pública pueda tercerizar la realización de distintos servicios públicos mediante convenios de cooperación técnica y financiera con entidades públicas o privadas. La mayoría de estos entes cooperadores funcionan en la órbita del Ministerio de Justicia, entre los que se destacan los 1556 registros de propiedad automotor que regula la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor en todo el país.

Por esos entes deben pasar todos los trámites necesarios vinculados al patentamiento o transferencia de autos, motos y maquinarias agrícolas. Se trata de un negocio millonario que regentean amigos y familiares del poder desde hace décadas; según un informe periodístico del programa PPT, de la señal TN, al primer semestre del año pasado repartieron ganancias por $34.500 millones, de los cuales una mínima parte va al Estado; el resto va destinado a la contratación de personal para tareas normales y habituales del ministerio, y cuyo número y salarios sólo éste conoce, o al otorgamiento de incentivos a los agentes permanentes.

Hoy funciona una treintena de entes cooperadores en distintas jurisdicciones de la administración pública; algunos, unos pocos, informan sobre su dotación de empleados a la Secretaría de Gestión y Empleo Público para que sea publicada por el Indec. No es el caso del Ministerio de Justicia, a cargo del ministro Martín Soria quien, dicho sea de paso, tuvo hasta fin del año pasado a su concuñada, Emilce Angélica Aiello, como interventora designada al frente de un registro automotor en la localidad neuquina de Centenario. Todo queda en familia.

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